Durante más de quince años en la Ley de Justicia y Paz al exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como ‘Don Berna, antiguo comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las AUC, se le ha criticado la ausencia de verdad durante sus versiones libres. Reiteradamente los defensores de las víctimas le han solicitado que se refiera a los autores intelectuales de los crímenes y a los miembros de la fuerza pública implicados en casos conocidos como el asesinato del humorista Jaime Garzón Forero, de los esposos Elsa Alvarado y Mario Calderón, del asesinato de José Eduardo Umaña Mendoza o del secuestro de cuatro investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) el 28 de enero de 1999, posterior a un atentado a la sede con artefactos explosivos.
A pesar de los llamados de atención de los defensores de las víctimas sobre la ausencia de verdad, la Fiscalía solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que excluyan a Diego Murillo de la Ley no por su ausencia de verdad, sino por su ausencia en tres versiones libres desde agosto del año pasado.
En audiencia del 16 de mayo de 2022 la Fiscalía solicitó la exclusión del exparamilitar por su “renuencia e incumplimiento de compromisos de la Ley de Justicia y Paz”, por faltar a las versiones libres sin razones justificables, según expuso el fiscal Albeiro Chavarro Ávila.
Durante la audiencia, Luz Nely Osorno, presidenta del IPC, aseguró que les generaba preocupación la posible exclusión, dado que “hay mucha desconfianza con la Fiscalía, sobre todo porque hemos insistido en que se investigue qué pasó, quienes dieron la orden, quiéneshan estado detrás de los hechos ocurridoscontra el movimiento Derechos Humanos. No puede ser que nos sigan diciendo que los responsables son los que hoy están muertos, quisiera preguntarle a la Fiscalía cómo han avanzado y en caso de que se expulse cómo nos van a garantizar a las víctimas que sí va a avanzar el proceso de investigación y poder conocer la verdad, más en este momento tan importante para garantizar la no repetición.”
“Lo primero es manifestar la sorpresa de que sea la Fiscalía la que convoque a esta diligencia para solicitar la exclusión”, dijo Óscar Alberto Correa, abogado que representa a familiares de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín y al IPC. Esto, porque el fiscal que hoy solicita la exclusión es el mismo que en su momento recusó a dos exmagistrados de la Sala de Justicia y Paz, toda vez que suponía que iban a excluir a Diego Fernando Murillo de manera oficiosa de Justicia y Paz.
Agregó Correa que Don Berna no ha aportado verdad plena y veraz y que es una situación que advirtieron en varias ocasiones, pues el exparamilitar está “dosificando la verdad” en sus versiones. Sin embargo, también cuestionó no solo que las víctimas crean que un caso como este va a avanzar más en la justicia ordinaria, sino que tampoco se sabe en qué van las investigaciones contra algunos miembros de la fuerza pública sobre los que refirió desde una cárcel en Estados Unidos, como la actuación conjunta con los generales del Ejército Mario Montoya y Leonardo Gallego, “uno se pregunta en este momento qué ha pasado con las compulsas de copias en declaración jurada ante una corte de los Estados Unidos, qué ha hecho la Fiscalía. Nos sorprenderíamos de ver el poco avance que ha tenido”, dijo en la audiencia.
Posturas encontradas
Germán Romero Sánchez, apoderado del hijo de José Eduardo Umaña Mendoza, asesinado el 18 de abril de 1998, aseguró que apoyaba “de manera total la decisión de excluirlo por la renuencia de participar. Deja claro que la condición de no hacerlo es de carácter voluntario”. Para él, Don Berna no solo se ausentó de las audiencias, sino que su aporte a la verdad ha sido “nulo”.
El abogado se refirió a una audiencia de 2020 en la cual se señaló que Don Berna era responsable, hasta ese momento, de 295 homicidios, “a la pregunta sobre los 295 homicidios destinó 20 segundos en los que dijo ’acepto esos hechos por línea de mando, pido perdón a las víctimas y a todas las personas que han sido afectadas’”. Para Romero Sánchez, el exparamilitar hizo una simplificación de su responsabilidad, pero nunca hizo aportes sobre los responsables y la manera como se planearon y desarrollaron esos crímenes. “Prácticamente llevamos 18 años y medio para que sus aportes a la justicia no se hayan materializado”, concluyó.
“Para las víctimas que represento es importante saber la verdad real de dónde salió la orden, cómo se tramitó y cuáles agentes del estado intervinieron en la actuación del crimen [del profesor Hernán Henao]. Hasta ahora no ha reconocido plena verdad. Se ha limitado a dosificar la verdad, ir hasta el punto en el que no tiene nada que perder y asume responsabilidad por mando”, señaló el abogado Alberto León Gómez.
Sin embargo, la abogada Diana Marcela Muriel, representante de las familias de Jaime Garzón, Elsa Alvarado y Mario Calderón, pidió que debía verificarse y constatarse con Don Berna las razones por las cuales no asistió a las últimas audiencias. “Se debe hacer un último esfuerzo en garantía de este proceso. Hay un camino recorrido en materia de justicia que se debe valorar, que posibilitaría mejorar el tema de lo logístico y de los cronogramas. Consideramos que es necesario un ejercicio de constatación para saber por qué no se ha presentado el postulado.”
“El postulado sigue firme con la Ley de Justicia y Paz”, aseguró al final de la audiencia la abogada Lina Sierra, apoderada de Don Berna. Señaló que en varias ocasiones él no fue conectado a la videoconferencia y que en la actual cárcel donde se encuentra solo le permiten participar de las audiencias los días lunes, por lo que solicitaron que fuera trasladado a otra cárcel “donde tenga garantías para estar en las diligencias”. Esto se debe a que fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Indiana, en donde estuvo recluido en un espacio por seis meses, sin recibir la luz del día y sin comunicarse con nadie, razón por la cual no pudo estar en las audiencias de Justicia y Paz.
Será el 11 de agosto cuando la magistrada María Isabel Arango determine si el exparamilitar permanece o es excluido de la Ley de Justicia y Paz.
