A dos días de las elecciones que definen los 16 representantes de las víctimas del conflicto armado en la Cámara, los candidatos Menderson Mosquera Quinto y Diana Marcela Hurtado Mosquera fueron víctimas de un atentado del que, por fortuna, salieron ilesos.
El 11 de marzo ambos candidatos estaban cerrando su campaña en la vereda Las 300, en Carepa, en donde agradecieron por el acompañamiento que habían recibido. Cuando iban de regreso a Apartadó, cuenta Menderson, “nos impactaron de manera inesperada, repentina, con arma de fuego, ocasionando un impacto en el visor delantero del vehículo y otro en las ventanas del vehículo.”
“En medio de esa tensión y susto, yo grito y le digo al conductor, que es funcionario de la UNP (Unidad Nacional de Protección), el cual fue asignado a la candidata Diana Hurtado, que acelere y nos saque de allá. Yo me agacho con la compañera y en medio de esa velocidad el chico de la UNP saca su arma y lanza disparos por fuera del vehículo”, cuenta el candidato. Luego de eso se refugiaron en el Aeropuerto Antonio Roldán Betancur, de Carepa.
Menderson, coordinador de la Mesa departamental de Víctimas de Antioquia, asegura que el 28 de febreros él recibió una amenaza en el municipio de Necoclí, cerca a un sector conocido como el Totumo. “Llega un sujeto en una moto, dice mi nombre completo y dice que a los líderes reclamantes de tierras los van a matar a todos. Era una persona que estaba cubierta con un buzo y una capucha, un pasamontaña. Eso fue una amenaza directa”, relata. Cree que debió denunciarlo a tiempo y que en ese momento lo desestimó, sobre todo por la situación de seguridad a la que hoy se enfrentan como candidatos a las Curules de la Paz.
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De acuerdo con Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “es claro que no hay garantías reales para la participación de las víctimas ni de los electores en las zonas rurales.”. Considera que, además de que no han recibido los recursos para las campañas, no tienen garantías de seguridad, “prueba de ello es que en Antioquia ya son cerca de 10 candidatos amenazados. Desde el Instituto Popular de Capacitación exigimos a la Fiscalía que haga su trabajo y avance en las investigaciones pertinentes frente a estos hechos, no es posible que se siga resolviendo únicamente con chalecos y carros, sin garantizar la permanencia de los líderes y lideresas en los territorios”.
Sin condiciones de seguridad
“Hay cosas que uno puede denunciar y otras que, así uno quiera, no las debe o no puede, porque nos pone en riesgo en el territorio. Es exponer la vida. Eso no es desconocido para nadie”, dice Menderson. Dice que no denunció su amenaza por miedo, además porque “una cosa es estar en Urabá y otra en Medellín”, en donde las condiciones de seguridad y presencia de actores armados es distinta a la de la ciudad.
Diana Hurtado dice que el 7 de marzo le asignaron el esquema de seguridad, que consiste en un escolta, un botón de pánico y un chaleco. Dice que lo solicitó porque cuando se postuló a las Curules de Paz fue señalada de ser candidata de las Farc, solo por haber participado de los diálogos de paz, cuando fue en representación de las víctimas de la masacre de La Chinita.
Agrega Menderson que “los lugares que frecuentamos para las votaciones, ni siquiera tienen señal, no podemos verificar, ni denunciar nada, no hay garantías en la ruralidad, ¿qué va a denunciar uno algo para que lo dejen allá? ¿Cómo va uno con un escolta y un chaleco?”, se pregunta. Pues en este escenario, como lo confirmó la Misión de Observación Electoral (MOE), Antioquia es uno de los departamentos con mayor riesgo en las elecciones del domingo: tiene 14 municipios en riesgo extremo, 12 en riesgo algo y 3 en riesgo medio.
A la par, los candidatos no han recibido el anticipo que prometió desde el año pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE), el que les permitiría a los candidatos financiar sus campañas. Mientras algunos utilizan sus ahorros o hacen proselitismo con el apoyo de las comunidades, hay otros casos en los que las campañas tienen suficiente dinero para pagar publicidad, hacer eventos públicos y entregar regalos.
“No ha sido una campaña en igualdad de condiciones, no hemos tenido garantías, nos ha tocado difícil a las víctimas, que no tenemos apoyo de los partidos políticos tradicionales. Parece que estas curules hubieran sido diseñadas para que los partidos tradicionales se queden con estas”, dice Diana, mientras que Menderson asegura que “en Urabá están metiendo mucho dinero, mucha publicidad. Son campañas que entregan miles de cachuchas y camisetas, tienen vallas publicitarias de 8 y 10 millones de pesos. Es demasiado complejo y nos pone en desigualdad, quieren limitar esta campaña, esta candidatura. Ciertos sectores que brindan financiación se quieren quedar con la circunscripción”.
Una de esas campañas es la del movimiento Yo soy Urabá, en la cual Everto Arroyo Pérez y Karen López no tienen los problemas de la mayoría de candidatos. Ellos hacen eventos públicos, tienen comunicadores a cargo y hasta patrocinan concursos con montos de siete y cinco millones de pesos.
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Luego del atentado Menderson Mosquera dice que es una fortuna estar vivo. Mientras que Diana, luego de difíciles diálogos con su pareja y sus hijos no sabe qué va a suceder con ella, pues el próximo lunes, un día después de las elecciones, la UNP le quitará su esquema de seguridad.
