El 31 de enero de 2017 los exguerrilleros de las Farc llegaron al ETCR de Carrizal en Remedios, Antioquia. Era “un pueblo en medio de la selva” en el que vivían alrededor de 490 personas. En muy poco tiempo, la población del centro poblado pasó a cerca de 1.500 habitantes, entre ellos 58 ex combatientes de la antigua guerrilla.
Hace unos meses un excombatiente contó que el tiempo desde que se firmó el Acuerdo de Paz era “una vida completa”, que en esos años las familias crecieron, “nos casamos, trabajamos, tenemos vecina, novia, esposa, empezamos a ser campesinos, a trabajar en distintas partes.” Sin embargo, advirtió que “los proyectos productivos han fracasado porque el Gobierno no ha desembolsado y lo que funciona es por capital propio.”
En los últimos meses en Carrizal retomaron una discusión sobre la propuesta de trasladarse hacia otra zona del país. La razón, que la sabía el Gobierno y el partido Comunes desde que al ETCR llegaron los excombatientes, es que en esa zona no se pueden desarrollar proyectos productivos porque esas tierras están cobijadas por la Ley segunda. Es decir, es una reserva forestal del Estado y Parques Nacionales está adelantando desde hace más de una década el proceso de declaración de la Serranía de San Lucas como un área protegida.
“Allá donde está el ETCR no es apto para desarrollar ningún proyecto productivo, está en Ley Segunda. Hay dificultades para el acceso a la tierra y no se pueden desarrollar actividades de la reincorporación, entonces la idea es que por parte de las entidades que corresponda haya un traslado de esas actividades productivas”, dice un excombatiente que, como los demás habitantes de Carrizal consultados en este artículo, pidieron la reserva de sus nombres.
Los proyectos que funcionan son “iniciativas productivas de cada uno de nosotros para salir adelante, de sostenimiento de la reincorporación”, agrega.
La posibilidad del traslado no deja de generar tensiones. Hay otras personas que consideran que trasladarlos es la salida más sencilla, desconociendo que ya hicieron una vida en Carrizal, que allí formaron sus familias y crecen sus hijos. Dice alguien que “la salida más fácil para el Gobierno es que empaquen sus cosas, sus gallinas, sus corotos y que se vayan.”
E insiste: “está muy complejo esto porque la ARN dijo que no podían invertir acá porque es Ley segunda, pero tampoco ofrecen ninguna salida para eso. No sé qué incidencia tenga el partido Comunes, por qué no ha presionado para que esto se dé acá, ya están diciendo que van a trasladar el ETCR para Barrancabermeja, que van a comprar una finca para que vayan a otra zona de reincorporación”.
El pasado 7 de febrero hubo una asamblea de excombatientes en Carrizal a la que solo asistieron 23 personas. Once votaron a favor del traslado, once se opusieron y una persona decidió no hacerlo.
Alguien que estuvo allí manifestó que “la mayoría no se iba a ir, que ya miraban el tema de vivienda a ver cómo les iba a responder el gobierno. Ellos se negaron porque requieren un tema colectivo de vivienda y de proyectos productivos. Ellos se proyectan un tema de colectividad porque también esperan sus proyectos productivos en el territorio.”
Lea también: En Carrizal están amenazados por guerrillas y paramilitares
Un problema anunciado
“Se hicieron reuniones en 2019 donde se proponía la sustracción de un polígono en Carrizal, de 3.394 hectáreas. Se planteaba 1.800 hectáreas para los proyectos productivos, y que las restantes quedaran en conservación, restauración y preservación”, señala un excombatiente. Pero se dieron cuenta de que ese trámite con Parques Nacionales tomaba muchos años y que, seguramente, no sería posible, pues esta institución espera declarar como área protegida 16.000 kilómetros cuadrados de la Serranía de San Lucas, entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. Esa misma petición han hecho campesinos y comunidades que habitan la serranía y la respuesta ha sido negativa.
Alguien más dice que “desde el partido [Comunes] inició un proceso de identificación de tierras. En Cisneros se identificó una tierra muy buena, el colectivo lo visitó y cuando se estaba haciendo el proceso de compra, se creó un comité antitierras para los firmantes de paz en Cisneros. Eso generó una controversia y tocó echar para atrás la necesidad.”
Dice Andrés Felipe Stapper Segrera, Director General de la Agencia de Reintegración Nacional (ARN) que “este espacio territorial fue concertado en la primera fase cuando se prometieron las zonas veredales transitorias de normalización y nosotros en un diálogo activo, que hemos mantenido con los liderazgos desde 2019, se concertó el traslado del predio que permitiera el acceso a la tierra, su uso y la construcción de vivienda para toda la población que se había acreditado en ese espacio territorial.”
De acuerdo con la ARN, en Carrizal viven 58 personas (14 menos que el año pasado), de los cuales 43 son hombres y 15 son mujeres. De ellos, “hay 8 personas vinculadas a formación académica, 16 a formación para el trabajo y 76 al programa Arando la Educación (46 excombatientes y 30 de la comunidad).” Sin embargo, solo existe un proyecto productivo aprobado de ganadería sostenible, al que le han desembolsado 755 millones para su implementación. El problema es que se está desarrollando en Yondó porque no puede llevarse a cabo en el ETCR.
Agrega Stapper que no es posible implementar los proyectos productivos ni construir las viviendas en donde hoy está el ETCR. Asegura que identificaron unos predios en Barrancabermeja, Yondó y Puerto Berrío y a “cada uno se le adelanta los procesos jurídicos para una compra directa”. Señala que el gobierno destinó 16 mil millones de pesos con los que se ha comprado 11 predios equivalentes a cerca de 700 hectáreas para la consolidación de espacios territoriales como los de Anorí, Dabeiba e Ituango (63 familias se trasladaron de allí hasta Dabeiba y 14 permanecieron en ese municipio).
En ese escenario, la construcción de vivienda para los excombatientes que hoy viven en Carrizal solo es posible si se desplazan. El gobierno, señala la ARN, ha hecho una inversión de 47 mil millones de pesos para la construcción de 387 viviendas en tres ETCR, uno de ellos en Dabeiba.
Mientras tanto, dice una habitante de Carrizal, y “a pesar de esa inestabilidad, de esa falta de poder proyectarse, la gente ha avanzado en cosas, hay iniciativas productivas en ganadería y piscicultura, auto gestionadas por el mismo colectivo. La gente, a pesar de la dificultad, ha apostado por otras iniciativas porque la apuesta y el sentimiento es quedarse en el territorio: porque tienen arraigo, porque en medio de la informalidad tienen empleo, mujeres trabajan de chatarrerras en las minas, los hombres también trabajan las minas, de alguna manera tienen arraigo y trabajo.”
