‘Esta es la curul de las víctimas, la curul de la paz’.
En esta frase coinciden Margarita Palacios, Jhon Jairo González y Menderson Mosquera, tres candidatos a las Circunscripciones Especiales para la Paz o Curules de Paz de los municipios antioqueños de El Bagre, Briceño y Apartadó, respectivamente.
“Las curules de la paz deben convertirse en una medida restauradora que busque la reparación integral a las víctimas del Conflicto Armado en este país”, menciona Mosquera. “Las víctimas hemos luchado desde hace mucho tiempo por tener una participación real y efectiva en los espacios donde se pueda hacer una incidencia por los territorios”, dice Palacios. “Nosotros consideramos que es importante visibilizar y hacer cumplir los puntos del Acuerdo de Paz en todo el territorio nacional”, agrega González.
Con estas curules las víctimas del conflicto armado tendrán representación en el Congreso de la República durante los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Serán 16 curules que se elegirán entre los 167 municipios del país pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet.
Antioquia hace parte de cuatro circunscripciones en donde serán elegidos sus representantes: la circunscripción #3 están los municipios Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza; en la circunscripción #6 están Vigía del Fuerte, Murindó y otros municipios de Chocó; en la circunscripción #13 está el municipio de Yondó; y en la circunscripción #16 están Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo.
Fueron varios los requisitos que los candidatos y candidatas debían cumplir, entre ellos, haber vivido o nacido en alguno de estos territorios, acreditar su calidad de víctima y estar avalado por una organización de víctimas, campesina, de mujeres o social, un consejo comunitario, un resguardo indígena o un grupo significativo de ciudadanos.
En total, fueron 34 organizaciones de Antioquia quienes presentaron su duplas de hombre y mujer para ser elegidos el próximo 13 de marzo.
Los retos para la inscripción
A pesar de que este se veía como un espacio de “verdadera fiesta democrática”, algunos candidatos señalan que fueron varios los requisitos que impidieron que líderes, víctimas y compañeros pudieran inscribirse.
“Nos exigieron que el certificado de víctimas debía ser expedido desde Bogotá, cuando este documento siempre lo hemos tramitado a través de la página web o de la Unidad de Víctimas de cada municipio. Además, la Defensoría del Pueblo centralizó la expedición de certificado de existencia de las organizaciones cuando esta institución nunca había indicado esta disposición, siempre lo hacíamos a través de las Personerías”, comenta Menderson Mosquera, candidato del corregimiento San José de Apartadó, en la región de Urabá.
Una situación similar señala Jhon Jairo González, candidato del municipio de Briceño, quien además agrega que luego de estas trabas para la inscripción, hay un olvido completo por parte del Gobierno Nacional para darles garantías de participación democrática.
“No nos han dado recursos, no nos han dado apoyo, no nos han dado nada. Y lo que es peor, no hay ni siquiera un seguimiento profundo a estos candidatos que se lanzaron. Uno de los requisitos, por ejemplo, era que usted tenía que ser un líder social reconocido con trabajo e incidencia en su territorio y eso ni siquiera lo verificaron. ¿De dónde salieron candidatos que ni siquiera viven en el territorio? Muchos en mi región y en el Bajo Cauca hasta son patrocinados por empresas y maquinarias políticas”, comenta González.
Y es que a un mes y una semana de las elecciones legislativas, los candidatos y candidatas a las Curules de la Paz no han recibido el anticipo o desembolso necesario que, según el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, se entregaría un mes después de inscribir la lista y así iniciar su campaña en las regiones. Quienes aspiran a una curul en el Congreso han tenido que recurrir al apoyo de las comunidades, a las donaciones de sus familias y a su propio bolsillo para visitar las regiones más apartadas de estos territorios.
“Nosotros hemos tenido que estar trabajando y haciendo la política con las voluntades de las comunidades, ellas mismas nos han apoyado y nos dicen ‘venga hoy a mi comunidad que yo le ayudo con la alimentación’ o ‘venga a mi territorio que yo voy y la busco en mi moto para que pueda ingresar’, porque realmente no hay garantías para hacer una buena pedagogía electoral”, señala Margarita Palacios, candidata de la región del Bajo Cauca.
Así mismo, en la resolución No. 5877 de 2021 emitida por el Consejo Nacional Electoral, se fijaron los montos de gasto de las campañas electorales para las Circunscripciones Especiales para la Paz. Estos montos fueron divididos en tres categorías según el censo electoral de cada región, así: 1.340 millones de pesos para los municipios que tengan entre 401.000 y 600.000 ciudadanos habilitados para votar; 1.320 millones de pesos para municipios entre los 201.000 y 400.000 ciudadanos; y 753.000 millones de pesos para municipios con un censo electoral menor a 200.000.
En total, hay casi 3.400 millones de pesos que aún no han llegado para hacer pedagogía y apoyo a las campañas de los candidatos.
Y a estos elementos, David Flórez, asesor de incidencia y presión política de la Corporación Viva la Ciudadanía, agrega que los fenómenos de violencia que aún pervive en las regiones y las garantías de seguridad para quienes son candidatos, son dos elementos a los que el Gobierno Nacional debe ponerles la lupa.
“Aunque el Acuerdo de Paz sin duda ha logrado mejorar los índices de violencia en buena parte del territorio nacional, también es cierto que en los municipios donde se van a realizar las elecciones en las Circunscripciones Especiales de Paz, hay grupos armados que quieren interferir de una u otra manera en el proceso electoral y eso es un reto enorme para las candidaturas”, agrega Flórez.
Para Margarita, es la misma comunidad la que le brinda esas condiciones de seguridad: “ya nos llamaron de la Unidad de Protección y nos dijeron que nos iban a proporcionar seguridad, pero esa seguridad nos la brinda las mismas comunidades, porque ellos saben quiénes somos y cuál va a ser nuestro trabajo en el territorio”.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el 58.1% de los municipios que podrán votar para la Circunscripción Especial para la paz, presentan algún nivel de riesgo electoral, esto es 97 de los 167 municipios. Antioquia ocupa el segundo lugar en riesgo electoral con 4 municipios en alto riesgo electoral, los cuales pertenecen a la circunscripción #3.
Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), plantea que estas curules son un paso importante para avanzar en la construcción de paz en Colombia. Sin embargo, para ella son preocupantes esas barreras que no garantizan la participación efectiva de las víctimas en estas elecciones.
“Son varias: primero, no se ha hecho la suficiente pedagogía sobre los mecanismos para inscribirse en los censos rurales; segundo, una gran parte de los municipios Pdet continúan viviendo en medio del conflicto o están confinados, por ende debe garantizarse la seguridad legítima por parte del estado; y tercero, las veredas más alejadas de los centros poblados en las zonas rurales, no cuentan con los recursos económicos para trasladarse, lo que genera riesgo de corrupción de algunos candidatos que están siendo apoyados por maquinarias electorales”, añade Osorio.
¿Y el electorado?
Así como el proceso democrático no ha tenido garantías para los candidatos, tampoco lo ha tenido con las personas que podrán participar de estas elecciones. Señala González que el común denominador en sus visitas es el desconocimiento por parte de la población sobre estas curules.
“Y esto hace que se pueda presentar una alta cifra de abstencionismo electoral. A esto yo le sumaría otro asunto y es que la gente siempre se enreda con el tema del Senado y Cámara y ahora van a tener que pedir el tarjetón de consulta interna para elecciones presidenciales y el tarjetón para las Circunscripciones Especiales para la Paz”, agrega Gómez.
Pero este no es el único reto. ¿Quiénes son las personas autorizadas a votar? Mucha es la información y desinformación que circula dentro de los 24 municipios de Antioquia autorizados para votar.
“Pueden votar todas las personas que tienen inscrita su cédula en los puestos de votación ubicados en las zonas rurales de los municipios Pdet”, explica Flórez. Esto quiere decir que pueden votar todos los habitantes de los municipios Pdet con candidatos a las Circunscripciones Especiales para la Paz, siempre y cuando tengan su cédula inscrita en un puesto de votación ubicado en la zona rural.
“Entonces eso causa mucha confusión porque la gente dice ‘yo soy víctima, pero tengo inscrita mi cédula en el casco urbano ¿puedo votar?’ No puedes votar. Pero resulta que otra persona dice, ‘yo vivo en el casco urbano, pero tengo mi cédula inscrita en la zona rural, ¿entonces?’ Efectivamente sí puedes votar”, agrega Flórez.
Y es aquí donde se presenta otro problema para los votantes, pues los puntos de votación ubicados en la zona rural están a 3, 4, 5 o hasta 10 horas de camino desde el lugar en el que se habita. Los y las candidatas solicitaron a la Registraduría Nacional la apertura de nuevos puestos de votación, teniendo en cuenta que no se puede votar por las Circunscripciones Especiales de Paz en la cabecera municipal, pero esta solicitud no fue atendida y esto limitaría aún más participación de las víctimas.
Todas estas trabas son tomadas por Flórez y los aspirantes como una gran amenaza hacia las Curules de Paz, como un mensaje contundente de un gobierno que en sus inicios dijo que haría trizas el Acuerdo de Paz.
“Sin duda, aquí hubo una intención deliberada del Gobierno Nacional y de los partidos políticos de la coalición de gobierno que tiene representación en el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y en el Ministerio del Interior para expedir reglamentaciones que impidiera al máximo la participación política de las víctimas -señala Florez-. Una cifra muy clara: solamente se pudo inscribir el 2% de las candidaturas por organización de mujeres porque para obtener la certificación de existencia de estas agrupaciones era prácticamente imposible”.
