Con preocupación e incertidumbre recibieron los habitantes de San Carlos la noticia de que las pinturas, dibujos, bordados, fotografías y escritos en los que plasmaron las memorias de lo ocurrido durante el conflicto armado, deberán ser sacados de la casa habitada desde el 2008 por las víctimas.
Cuenta Pastora Mira, víctima del conflicto y líder del municipio de San Carlos, que el 18 de enero encontraron una notificación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la que se les anunció que deben “entregar de manera voluntaria” el lugar, a más tardar el 26 de enero de 2022, de lo contrario, la entidad procederá el 31 de enero “a la recuperación del inmueble”.
“Hubo una desinformación desde el principio porque una señora que entró con nosotros y que era cercana a la SAE, nos dijo que ella tenía eso solucionado y por mucho tiempo lo rastreamos en los inmuebles de esta institución y no lo encontramos. Fue hasta el año pasado, cuando entramos a la página, que vimos que aparecía la casa en la SAE y que, además, estaba en los bienes de remate”, relata Pastora.
Para evitar que el bien fuera rematado, Pastora y varias víctimas integrantes de distintos grupos y colectivos de memoria de San Carlos enviaron cartas a la Unidad de Víctimas reportando lo sucedido y otra más a la SAE solicitando la posibilidad de que otro ente territorial se pudiera hacer cargo de la casa o hiciera los trámites administrativos para detener el remate del bien, “pero todos ignoraron las solicitudes y hoy está esa decisión tomada”, relata Pastora.
La solicitud a la que se refiere Pastora es un Derecho de Petición enviado a ambas instituciones el 08 de febrero de 2021, en los que se solicita «copia de la resolución 3885 del 3 de Agosto de 2018», la cual contiene información sobre el estado del inmueble.
Además, en la notificación se destaca que, «la organización ha llevado a cabo programas de elaboración de duelo, rituales, eventos para fortalecer la reconstrucción de la comunidad, y ofrece apoyo jurídico, psicológico, y político para respaldar los derechos de las víctimas» y que desde el 2008 se viene ocupando de manera pacífica con el objetivo de contribuir en la construcción del territorio.
La Unidad de Víctimas, en su respuesta, aseguró que carecía de competencia para resolver la tenencia del inmueble e iniciar el proceso solicitado por los representantes del CARE. En ese caso, son el Ministerio de Hacienda y la SAE quienes deben resolver la petición. La SAE, por su parte, argumentó que estaba vigente la medida del embargo dentro de un proceso de extinción de dominio que «se encuentra en curso sin una aparente decisión de fondo» y que no era posible acceder a la petición de que el CARE fue depositario del bien como parte de su reparación colectiva porque la SAE «no tiene dentro de sus competencias la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.»
La casa de todos
Durante la época paramilitar en San Carlos, la casa fue de uno de los centros de tortura y desaparición forzada de algunas de las víctimas del Bloque Metro.
Es por eso que 2009 la Fiscalía hizo una inspección al lugar, conocido como el Hotel Punchiná, con el objetivo de buscar los cuerpos que posiblemente fueron enterrados allí; sin embargo, cuenta Pastora, no se encontró nada, “y hay una directriz de la Procuraduría que justamente es cuidar y proteger estos lugares donde todavía hay personas desaparecidas por razones del conflicto”, agrega.
Después de la desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, gran parte de los habitantes de San Carlos pudieron regresar al municipio luego de huir de la violencia.
Con el retorno, la casa fue tomada por las víctimas en un acto de resignificación y resistencia y fue dada en comodato con el nombre de Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), y ha sido un lugar emblemático para la construcción del tejido social, en un municipio en el que, entre 1985 y 2009, se desplazaron 19.954 personas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, y en el que hubo 375 víctimas de desaparición forzada entre 1978 y 2012, según el Observatorio de Memoria y Conflicto.
Informe: San Carlos: Memorias del éxodo en la guerra
Hoy, el CARE hace parte de los 28 sitios que conforman la Red colombiana de Lugares de Memoria, una iniciativa social y comunitaria que agrupa a diferentes sitios de todo el país en el que trabajan por la construcción de memoria y las garantías de no repetición; red que, además, hace parte de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC).
Para Mónica Álvarez, integrante de la Red, lo que está sucediendo con el CARE es “espantoso y preocupante porque es un lugar testimonial, recuperado por las víctimas y que cuenta muchos de los hechos que sucedieron en San Carlos. Además, no es lugar emblemático solamente para Colombia sino para todos los lugares de memoria, porque allí se encuentran relatos de muchas personas de Antioquia y del país que llegaron a San Carlos buscando respuestas”.
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, un total de 262.197 personas muertas es la cifra que dejó 60 años de conflicto en Colombia (entre 1958 y 2018), lo que equivale casi a toda la población de un municipio como Itagüí. Así mismo, el observatorio documentó 80.514 desaparecidos, de los cuales 70.587 aún no aparecen; 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados. Gran parte de estas víctimas están representadas en lugares como el CARE de San Carlos.
Mónica y Pastora coinciden en que este hecho es un mensaje claro de desconocimiento sobre los derechos de las víctimas, es un ataque a la verdad y a la incomodidad que esa verdad genera para algunos sectores. Además expresa claramente la necesidad de una política que vele por garantizar el derecho a la memoria y a la no repetición.
Reubicarlo no es la solución por que “hay una costumbre en Colombia y es limpiarle el pasado a los lugares: derrumbarlos, quitarlos, poner otra cosa allí; y esa limpieza de la memoria es lo que hace que vivamos en un olvido constante de lo que ha sucedido”, señala Mónica.
“Van a desalojar la memoria”, concluye Pastora.
