En el auditorio, alguien comienza a leer un poema de Darío Jaramillo sobre el desplazamiento: «Mi tierra ya no es mi tierra. / Fui expulsado de ella, salí a medianoche sin rumbo, /salvando la vida como si mi vida valiera alguna cosa».
Más tarde, un grupo de mujeres entona, con voz rasgada y con sus ojos cerrados, algunas líneas de la canción Para la guerra nada, de la cantautora Marta Gómez: «Para el verano, una pelota, y barquitos de papel, un buen mate pa’l invierno, para el barco un timonel. Para la guerra, nada».
En aquel auditorio de la Universidad de Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió de estas mujeres, integrantes de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín (Mmpev), el informe Medellín frente al desplazamiento forzado intraurbano: una ciudad de contrastes, y también el informe Patrones de violencia política y espacialidad asociados al desplazamiento forzado 1985-2015. Casos Medellín y Oriente Antioqueño, por parte del Instituto de Estudios Políticos (IEP) y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
En estos informes, las víctimas que integran la Mmpev y los investigadores de la Universidad de Antioquia le entregaron a la JEP algunas hipótesis que explican las causas del desplazamiento en estas zonas de Antioquia y que evidencian que el fenómeno del desplazamiento forzado sigue siendo un hecho revictimizante para las personas que han tenido que abandonar sus hogares y territorios.
“Identificamos tres grandes hipótesis a raíz de la información de autores e investigadores: la primera es que detrás del desplazamiento forzado hay unos intereses económicos y rentistas que corresponden a la ubicación geoestratégica de los territorios; la segunda, el desplazamiento forzado es una estrategia de guerra de los grupos ilegales por el control territorial en el marco del conflicto armado; y la tercera, es que el desplazamiento forzado es una estrategia de desestructuración de las redes comunitarias y liderazgos políticos”, señala Clara Atehortúa, investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Los investigadores de este informe partieron de la información consolidada por ONGs de la ciudad y de la región del Oriente y de la producción institucional para la elaboración del contexto y de los patrones de violencia. Además, de una búsqueda exhaustiva en la prensa local que permitió identificar patrones, plantear hipótesis de las causas y elaborar informes cuantitativos del hecho victimizante.
Para Luqueji Gil Neira, decano de esta facultad, la participación de la Universidad de Antioquia en la elaboración de este informe es una muestra del compromiso político, ético, académico y constitucional de la institución para el esclarecimiento de la verdad y como contribución a la justicia transicional y a la construcción de paz.
«Acá hay un aporte muy significativo y es entender los patrones de la violencia política frente al fenómeno del desplazamiento, y es esa contribución la que se vuelve esencial a la hora de juzgar y tomar decisiones sobre un asunto como el desplazamiento en Medellín y en el Oriente en las dos décadas a las que se refiere el informe”, expresa el decano.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), 9 ‘250.453 personas en Colombia son reconocidas como víctimas del conflicto, de las cuales 8.231.887 lo son por desplazamiento forzado, esto es como desplazar a toda la población de Bogotá y Pereria. De ese universo de desplazados, el 17% corresponde al departamento de Antioquia.
Para Luz Elena Galeano, integrante de la Mmpev, la entrega de este informe a la JEP es un llamado a esta institución para que consideren la posibilidad de abrir un macrocaso de desplazamiento forzado y desplazamiento forzado intraurbano que garantice medidas de reparación y no repetición a sus víctimas, en una ciudad que durante 2021 reportó 1.689 víctimas de este hecho, según la Personería de la ciudad.
“Lo que nos hemos dado cuenta es que siempre se nombra el desplazamiento rural y el despojo del que son víctimas la mayoría de los campesinos; pero en la ciudad también nos desplazan y es un hecho silencioso al que pocos ponen atención. Queremos que lean estos informes, que se enteren de lo que pasa aquí y que todo eso sirva para que abran el macrocaso de desplazamiento, desaparición y violencia sexual, porque estos hechos no puede quedar dentro de otros casos que ya se abrieron”, agrega Galeano.
En el informe Medellín frente al desplazamiento forzado intraurbano: una ciudad de contrastes la Mmpev señala que entre 1985 y 2021, 138.794 se han registrado como víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en el RUV, cifra que, para Galeano, expresa por sí sola la razón fundamental para que este delito sea llevado a la JEP, “sin perder de vista que entre ellas hay revictimizaciones, personas que llegaron desplazadas a Medellín de otros lugares del país, y luego, ya estando asentadas en la localidad, sufrieron una nueva victimización”.
Además, explica que de las 21 comunas y corregimientos de Medellín, solo una, la Comuna 14, Poblado, no tiene registros de desplazamiento forzado intraurbano.
Al respecto, el magistrado de la JEP, Roberto Vidal, a quien le fue entregado el informe, destaca la gran responsabilidad que tiene esta institución frente a las organizaciones sociales y de víctimas en el camino de la justicia restaurativa y de las garantías de no repetición. Para este juez, el paso más importante es empezar a hablar de esas verdades que nos duelen y que nos incomodan para poder hablar de una justicia restaurativa.
“La Justicia restaurativa no se soluciona el día que haya una sentencia sobre el desplazamiento sino que sucede ahora cuando podemos hablar entre nosotros, entre Estado y víctimas. Decir que aquí sí hubo desplazamiento y desplazamiento masivo, y que los desplazados fueron despojados, que se dañaron vidas, familias, proyectos, sueños. Y yo creo que comenzamos esa justicia restaurativa cuando el Estado dice que reconoce que eso existió, que los desplazados están aquí y respetamos su lucha”, comenta el magistrado.
Las víctimas hicieron entrega del informe y de la luz de una vela a los representantes de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, como un símbolo de entrega de su esperanza y lucha durante todos estos años por el reconocimiento de la verdad y las garantías de no repetición.
