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El Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó posee 107.064 hectáreas y está ubicado en el Bajo Atrato, entre Antioquia y Chocó. Actualmente, el 51% de su territorio está en manos de grandes ocupantes (empresarios) que poseen el 94% de la tierra productiva.

Otro 43% del territorio de La Larga Tumaradó corresponde a zonas inundables, un 3% fue titulado con anterioridad a campesinos mestizos y solo el 3% está en manos de los afros.

La disputa por la tierra ha generado un agudo conflicto con la restitución en diferentes zonas La Larga Tumaradó y ha originado agresiones a reclamantes que retornaron sin acompañamiento del Estado.

Para sobrevivir, las personas que han retornado sin acompañamiento del Estado han aprovechado cada espacio para montar cultivos de pan coger y criar animales de corral.

Para proteger a esos reclamantes, en diciembre de 2014 el juez de tierras Quibdó, Mario Lozano Madrid (En foto: derecha), emitió el auto 00181 que dicta medidas cautelares a favor de las víctimas.

Entre el 11 y el 13 de mayo de 2016, el juez de tierras de Quibdó visitó los territorios para verificar el cumplimiento del auto. En su recorrido encontró que solo se han cumplido 2 de las 14 medidas ordenadas, y que la disputa entre reclamantes y empresarios se agudiza.

Una de las audiencias se realizó en el corregimiento Macondo de Turbo, donde se congregaron unos 300 campesinos, quienes denunciaron agresiones de los empresarios a reclamantes que retornaron sin acompañamiento institucional.

Tarcila es una víctima a quien ya le fue restituida su finca en la vereda Eugenia Media de Macondo, sin embargo, denuncia que el empresario opositor en el proceso continúa intimidándola, talando la madera, matando sus animales y que incluso intentó envenenarla.

Ante las agresiones, la Defensoría del Pueblo interpuso una tutela para solicitar medidas de protección para Tarcila.

Por esta vía, que más adelante se vuelve casi un camino de herradura, Tarcila regresa a su vivienda a más dos horas y media de distancia.

Borlyn Valencia, representante del Consejo Comunitario, denunció agresiones y amenazas contra él y otros líderes afros, y expresó que los reclamantes mestizos tienen derecho a permanecer en La Larga porque estaban antes de que se diera el título colectivo.

Otra de las zonas afectadas es Madre Unión, en Riosucio, Chocó. Allí retornaron 26 familias sin acompañamiento del Estado. Ellos denunciaron agresiones del empresario Francisco Castaño, el mismo que ha agredido a Tarcila en Macondo.

Como en otras zonas, en Madre Unión los reclamantes viven condiciones precarias, en viviendas hechas con madera y reclaman ayuda humanitaria y atención prioritaria del ICBF para los menores de edad.

Filo cuchillo, es una montaña que se puede ver desde Madre Unión y Macondo. En este cerro hay una base del Ejército, pues ha sido zona de tránsito de los distintos grupos armados ilegales en el territorio.

El trapo rojo marca el lugar donde entra la señal de celular en Madre Unión. Hasta allí se acercan los miembros de la comunidad y quienes les visitan cuando necesitan llamar.

El abogado Hipólito Mendoza, es representante legal de la asociación de propietarios que rechazan la restitución. El afirma que el auto 00181 protege las “invasiones” y ha causado que 500 hectáreas de tierra sean ocupadas por “personas que se sienten con algún derecho”.

Darío Montoya es un terrateniente que posee dos fincas en la zona. Según él, “la mayoría de esta gente que reclama son inducidos por el mismo Estado, por el mismo juez de restitución, y ellos son los que están creando este conflicto que se va a extender por mucho tiempo y va a acarrear muchos problemas”.