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Artículo de opinión por Diego Herrera Duque

Presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Vistos sus más y sus menos, en estos 4 años de la promulgación e implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras – ley 1448 de 2011, queda un sabor agridulce que amerita realizar un balance de su implementación.

Decíamos en diciembre de 2011, en un artículo publicado por el IPC en el boletín N° 13 del Observatorio de DDHH, que luego de 200 años de vida republicana por fin en Colombia se producía una legislación para el reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas, y que en ésta igualmente se reconocía la existencia del conflicto armado, hecho que se hacía más evidente y esperanzador luego de los resultados de poca verdad, poca reparación y mucha impunidad de la Ley de Justicia y Paz —ley 975 de 2005, hecha a la medida de los victimarios que estuvieron alrededor del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia, en medio de una negación rotunda de la existencia del conflicto armado por parte del gobierno de turno encabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Recursos para reparación y restitución de tierras que llegarán en 2012 al departamento ascienden a 1,6 billones de pesos.