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Pese a intimidaciones, víctimas de despojo siguen firmes en sus procesos

Nueva Ley de Víctimas abre luz de esperanzan para quienes esperan restitución

[caption id="attachment_504" align="alignright" width="450"]Se estima que en la región de Urabá hay en proceso de reclamación cerca de 46 mil hectáreas. [/caption]Días antes de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionara la Ley de Víctimas, en uno de los rincones de Necoclí, municipio del Urabá antioqueño, tuvo lugar una extraña reunión. A ella asistieron personajes como Jairo Humberto Echeverri Bedoya, Alberto Echeverri Rico, Julio Arcesio Gómez, Aicardo Ardila Hoyos y otros propietarios de extensos latifundios ubicados en Mutatá, Turbo, Carepa y el mismo Necoclí.

 

• Reuniones entre Ministerio de Vivienda y alcaldes de la región, entre las acciones
• Según estimativos de autoridades, déficit de vivienda en Urabá podría llegar a  8.500

[caption id="attachment_688" align="alignright"]Durante los desalojos de los campesinos se presentaron fuertes disturbios, por lo que las autoridades no descartan que se hayan infiltrado en las mismas miembros de grupos armados ilegales.[/caption]Conjurada la crisis desatada por las invasiones masivas a predios baldíos y de particulares registradas en los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Necoclí, Urabá antioqueño, surgen ahora las reflexiones sobre lo que pasó y la planificación de acciones para que lo vivido entre el 6 y 9 de mayo en la región agroindustrial, no se vuelva a repetir.

• Pese a los anuncios del Gobierno, mejoría en seguridad para víctimas no se ve  
•  Reclamantes piden un acompañamiento estatal y permanente en la región

[caption id="attachment_504" align="alignright" width="450"]Por lo menos 50 campesinos reclamantes de tierra han sido asesinados en los últimos tres años; de ellos, nueve eran del Urabá. [/caption]“Cada que el Gobierno nacional hace un anuncio sobre restitución, llegan ‘ellos’ y aprietan más duro a las comunidades”, dice Carlos Páez, vocero de las víctimas de despojo de tierras del Urabá antioqueño y miembro de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida. Su frase revela la dramática realidad que viven los campesinos que adelantan acciones jurídicas para reclamar sus tierras en la región agroindustrial.

• Relato de un víctima de despojo que, pese a restitución, no puede regresar a su predio
• Organizaciones de víctimas dicen que casos como este se repiten por todo el Urabá

[caption id="attachment_672" align="alignright" width="450"]Casos como el de José Vicente no es el único en el Urabá antioqueño. ONG que hacen presencia en la región tienen documentado una veintena de casos.[/caption]Pese a que la justicia obró a su favor al restituirle los derechos de propiedad, uso y señorío sobre el predio que le fue despojado violentamente por los paramilitares en los años noventa, José Vicente Manco sigue sin poder retornar a su tierra en el Urabá antioqueño.

Visibilizar el drama que ha significado para miles de campesinos colombianos el despojo de tierras por parte de los grupos armados ilegales y adelantar un fuerte trabajo de deliberación e incidencia en políticas públicas que permitan restituir de manera efectiva bienes y predios a las víctimas de este flagelo son, entre otros, los objetivos que se plantea la recién creada Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a Tierras.

Con el asesinato de Hernando Pérez ya son siete los campesinos asesinados en el Urabá antioqueño en los últimos tres años. Luego del asesinato de Hernando Pérez, ocurrido el pasado 19 de septiembre en el corregimiento El Totumo del municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, la situación para los campesinos víctimas de despojo de tierras en la región agroindustrial se complica a tal punto que probablemente unos cinco líderes deberán abandonar sus municipios en los próximos días.

[caption id="attachment_509" align="alignright"]La audiencia ya se había cancelado en enero porque no fue citado Raúl Hazbún (segundo de derecha a izquierda). Foto:Cnrr.[/caption]“Si la justicia no resuelve rápidamente nuestros casos, las cosas se van a poner peor. Esa gente nos va a presionar más fuerte, como lo están haciendo en este momento, para que no reclamemos nuestras tierras. A este paso nos vamos a quedar sin nada”.

[caption id="attachment_503" align="alignright" width="450"]Si bien varios de los casos conocidos por la Agencia de Prensa IPC ocurren el Urabá, la situación se repite en todo el departamento. Foto: Surimages.[/caption]Los testaferros, los paramilitares o los narcotraficantes no son los únicos que podrían quedarse con miles de hectáreas de tierra fértil arrebatadas violentamente a los campesinos colombianos en los últimos 20 años. Ahora las entidades bancarias, amparadas en el vacío jurídico existente, esperan recuperar las deudas que contrajeron los desplazados en el pasado con lo único que puede cancelar sus obligaciones: sus predios.