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La tutela, convertida en mecanismo para la reconexión de servicios públicos

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Poco a poco la acción de tutela se está convirtiendo en un mecanismo jurídico eficaz a través de la cual se ha venido recuperando el acceso a los servicios públicos domiciliarios, sobre todo cuando su suspensión o corte definitivo afecta a familias pobres en situación de grave vulnerabilidad. 

En el año 2008 por ejemplo, cinco familias que interpusieron una tutela para que les fuera restablecido el derecho al servicio de energía y agua fueron favorecidas por la decisión de los jueces, quienes determinaron que por las condiciones de vulnerabilidad económica y la situación de sus integrantes no podían ser desconectados.

 

La aplicación de este mecanismo constitucional a favor de los llamados desconectados de los servicios de agua, energía, gas y teléfono, fue expuesta el sábado 28 de marzo, durante un foro popular llamado Jornada contra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizado en la institución Educativa La Candelaria, del barrio Santo Domingo Savio, como parte de las actividades de la Asamblea de los Pueblos adelantadas por un conjunto de organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, evento alterno a la 50º Asamblea Anual de Gobernadores del BID, que se desarrolla en esta ciudad.

 

Al foro asistieron diversas comunidades provenientes de los barrios más altos de las laderas de Medellín, habitados en su mayoría por personas desplazadas de diversas regiones del departamento de Antioquia y de otros departamentos del país a causa del conflicto armado, y quienes día a día sufren el drama de no recibir el suministro de energía y agua potable porque carecen de los medios económicos para acceder a esos servicios, prestados en la ciudad por Empresas Públicas de Medellín (EPM).

 

Elkin Galvis, director de la Corporación Núcleo de Vida Ciudadana, organización que acompaña a varias comunidades en sus procesos reivindicativos, presentó como uno de los logros más significativos en la defensa del derecho al acceso a los servicios básicos domiciliarios, los cinco fallos de tutela a favor de cinco familias de Medellín el año pasado.

 

“Con esos fallos favorables, pudimos volver a conectar a aquellas personas que se les había vulnerado ese derecho”, expresa, satisfecho, Galvis. “En una de las casas favorecidas por la tutela había muchos niños, en otra había una pareja de ancianos con dos nietos y otra eran ancianos discapacitados”.

 

Galvis afirma que las comunidades, sobre todo las más afectadas por la desconexión de los servicios básicos domiciliarios, deben ser más conscientes de mecanismos jurídicos consagrados en la Constitución Política de 1991 como la tutela y su potencialidad para reivindicar sus derechos vulnerados. Se espera que este año nuevos fallos de tutela favorezcan a los llamados desconectados.

 

Y es que el diagnóstico sobre los llamados desconectados en Medellín es, para este líder comunitario, muy preocupante: “Las cifras, lejos de disminuir, han aumentado. En el año 2006 teníamos cerca de 200 mil personas reportadas como desconectadas; para el 2009, la cifra podría llegar a 250 mil personas, cerca de 70 mil familias”.

 

Si bien desde EPM se han diseñado estrategias de pago y de acceso a la energía a través de las llamadas tarjetas prepago, que consiste en comprar una cantidad específica de energía que responda a las necesidades del hogar, quienes han conocido ese servicio lo cuestionan y argumentan que sólo es un paño de agua tibia que no soluciona de fondo el problema.

 

Flor Inés Restrepo preside la asociación comunitaria Mujeres Aventureras Gestoras en Derechos, surgida en el barrio La Cruz, una comunidad asentada en las laderas orientales de la ciudad, de difícil acceso por la estrechez y el deterioro de sus vías. Ella tiene una particular visión sobre los efectos de la tarjeta prepago de EPM.

 

“A nosotros nos están engañando con la tarjeta prepago, nos dicen que es la solución, pero la gente sigue desconectada”, asevera Flor Inés. “A nuestras casas llegan trabajadores de EPM a decirnos que nos hemos ganado un premio. ¿Y sabe qué es? Un contador prepago. Lo que no quieren reconocer es que la gente ni siquiera tiene plata para comprar la tarjeta, y si tiene prefieren comprar una libra de arroz y vivir a oscuras”.

 

Pero los contadores, al decir de esta mujer, también tienen problemas técnicos, entre ellos que se descargan y dejan de funcionar. La explicación que reciben de EPM es que “se les fue el sistema”, “se cayó la señal”. ¿Qué ocurre entonces? Que así hayan pagado, no reciben el servicio de energía. “Eso es frecuente”, enfatiza Flor Inés.

 

Daniel Rentería, líder comunitario del barrio La Honda, muestra otra cara del problema, la de las líneas de energía que EPM permite como un mecanismo de fraude controlado. “Pero, sabe cuándo cobran por eso, 40 mil pesos mensuales. Eso es mucha plata para nosotros”, afirma Daniel.

 

Este barrio, asentado en las laderas orientales de Medellín, está poblado por cerca de 400 familias desplazadas de diversas regiones del país, que, de acuerdo con Daniel, vive a diario una situación económica dramática: “algunos trabajan en construcción y dejan de comer para pagar el agua y la energía; otros tenemos que salir a la ciudad desde las cuatro de la mañana a hacer recorridos para que nos den unas monedas y recoger 3 mil o 4 mil pesos, después de medio día nos rebuscamos la comida en algunos basureros”.

 

Por ello, Daniel ve válida la pregunta que tanto los acosa, sobre todo cuando están a oscuras: “¿De dónde vamos a sacar plata para pagar la luz, que nos parece muy cara? No tenemos de dónde. O comemos o pagamos los servicios”.

 

En cuanto al acceso al agua potable la situación es más compleja. En La Honda, según Daniel, la desconexión al servicio de agua potable es generalizada, por ello recurren a pozos para extraer de allí el líquido, con los riesgos que eso trae para su consumo. “Además, carecemos de servicio de alcantarillado”, dice, lo que trae consigo problemas de salubridad delicados, sobre todo para los menores de edad.

 

En el barrio La Cruz, Flor Inés cuenta que los pobladores de un sector conocido como El Edén construyeron hace algunos años un pequeño acueducto comunitario, pero desde hace algunos meses vienen sufriendo cortes frecuentes del servicio.

 

“Nosotros le echamos la culpa a EPM. Hace poco hicieron una reunión y nos advirtieron que íbamos a quedarnos sin agua porque al parecer la bocatoma tiene una humedad. Nos toca cerrar la bocatoma”, explica la líder, quien no tiene claro cuándo se quedarán sin su pequeño acueducto, lo que si sabe es que a cada momento, y por días enteros, les cortan el servicio de acueducto, “sin avisar ni siquiera”, dice.

 

Para profundizar el diagnóstico de su comunidad, Flor Inés y la asociación que preside, apoyada por varias organizaciones no gubernamentales, preparan un censo, que se realizará en cuatro días: 18, 19, 25 y 26 de abril.

 

“Este trabajo me parece muy importante y estoy muy contenta porque el formulario lo hicimos nosotras mismas, como comunidad”, manifiesta la líder, quien precisa que uno de los puntos fuertes de la recolección de información es determinar cuántas familias están desconectadas de los sistemas de energía y de agua potable.

 

Ese tipo de tareas es el que organizaciones como la Corporación Núcleo de Vida Ciudadana apoya e impulsa. Según Elkin Galvis, es importante la información para establecer nuevas estrategias de reivindicación de los derechos fundamentales; “pero es necesario fortalecer ese trabajo con campañas de formación para sensibilizar a la gente y darles herramientas concretas, entre ellas la tutela, que esperamos se convierta en un mecanismo de reconexión a los servicios públicos básicos, que a nuestro juicio es un derecho vulnerado en la ciudad”.

 

Actualizado ( Martes, 26 de Mayo de 2009 11:20 )  

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