Agencia de Prensa IPC

A sus problemas históricos de pobreza, exclusión social y falta de inversión por parte de los gobernantes locales, los barrios marginales de las principales ciudades de Colombia afrontan hoy un drama que golpea con fuerza: la creciente vinculación y utilización de menores de edad por parte de pandillas, combos o bandas de delincuencia organizada.

El fenómeno no sólo agobia a las comunidades, sino a autoridades civiles y policiales que, actualmente, están en “calzas prietas” para enfrentar el complejo fenómeno de violencia urbana que están generando estas estructuras en varias ciudades del país.

Los estudios sobre el tema señalan que sólo en Bogotá, Medellín y Cali podría haber cerca de 22 mil jóvenes inmersos en actividades delincuenciales que van más allá del simple pandillismo. Los gobiernos de las tres principales ciudades del país coinciden en responsabilizar a las pandillas, combos o bandas delincuenciales en la comisión de un número importante de homicidios, atracos callejeros, hurtos calificados, además de protagonizar duros enfrentamientos armados por el control de territorios o actividades ilegales.

La preocupación para las autoridades es aún mayor, pues consideran que no cuentan con las herramientas jurídicas para enfrentar dicho fenómeno, ya que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, contenido en la Ley de Infancia y Adolescencia, conceptúa que sólo pueden ser objeto de sanciones aquellos jóvenes entre los 16 y 18 años.

“A pesar de ser muchachos que han cometido delitos, la Ley dice que hay que protegerlos. Requieren otro tratamiento. Entonces, vuelven a quedar en libertad y vuelven a delinquir”, señaló el ex director de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Dagoberto García, quien no duda en señalar que los enfrentamientos entre bandas son las responsables del incremento del índice de homicidios que ha vivido Medellín a lo largo de este año.

Panorama nacional

Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en la capital antioqueña operan 140 bandas delincuenciales ligadas, en mayor o menor medida, al negocio del tráfico de drogas. En dichas estructuras estarían involucrados unos 3.600 jóvenes, su gran mayoría menores de edad.

El fenómeno está alcanzando dimensiones dramáticas, no sólo porque el promedio de vinculación se sitúa hoy en los 14 años, sino porque la amenaza que están ejerciendo las bandas en los barrios populares de reclutar forzadamente a los menores de edad se ha convertido en la principal causa de desplazamiento forzado intraurbano, flagelo que también registra un preocupante aumento en la ciudad.

“Ante el temor de que sus hijos sean utilizados por estas estructuras, las familias deciden trasladarse de barrio. Pero hay casos dramáticos de jóvenes y sus familias que son amenazados de muerte por negarse a vincularse a las bandas armadas, lo que también genera desplazamiento”, señala un informe de la Personería de Medellín, indicando además que las comunas 1, 2, 4, 8 y 13 son las más afectadas esta situación.

En Cali, la alta participación de menores de edad en pandillas también tiene preocupadas a las autoridades locales. Estudios realizados desde el 2006 por el Observatorio Social de la Secretaría de Gobierno Municipal estiman la existencia de por lo menos 200 pandillas integradas por cerca de dos mil jóvenes entre los 9 y los 25 años de edad vinculadas a robos y homicidios.

Si bien en los últimos meses ha llamado la atención el surgimiento de pandillas en estratos altos, a quienes se les atribuyen actos vandálicos, peleas callejeras y disturbios en zonas públicas, la situación más compleja sigue siendo la del Oriente de Cali, donde se encuentra el populoso distrito de Aguablanca.

Se calcula que en los barrios que conforman este Distrito existen cerca de 40 pandillas, muchas de las cuales son utilizadas como “mano de obra” por estructuras más organizadas como las llamadas “oficinas de cobro”, relativamente pequeñas y dirigidas por antiguos jefes de seguridad de los grandes capos del narcotráfico.

La relación existente entre las “oficinas” y las pandillas hace más difícil intervenir el problema. Allí trabajan por “encargos”, es decir, venden sus servicios al mejor postor, por esa vía los menores de edad de las pandillas se convierten en “mano de obra” ideal para la comisión de asesinatos o hurtos de gran envergadura.

“Las pandillas son conformadas en su mayoría por grupos entre 15 y 20 jóvenes entre los 9 y 25 años. En su mayoría, conservan el mismo modus operandi: atracos callejeros, asaltos y peleas por el territorio. Sin embargo, algunos de estos grupos se han convertido en bandas de delincuencia organizada”, reseñó el Observatorio Social en 2006, situación que no ha variado hasta el momento.

La capital de la República tampoco se escapa a esta problemática. El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) señaló que a 2008 el número de estas organizaciones en Bogotá era de 1.319 y la cantidad de jóvenes que las integraban llegaba a los 19.700. La cifra muestra un incremento con respecto a un seguimiento efectuado en 2004, cuando se estimó en 15 mil los jóvenes inmersos en pandillas y bandas delincuenciales.

En la localidad de Ciudad Bolívar se asienta el mayor número de pandillas, con 186, seguidas de Kennedy (162), San Cristóbal (145) y Bosa (135). La misma investigación señala que el promedio de edad entre los integrantes de una pandilla oscila entre los 15 y los 22 años y que las confrontaciones con arma de fuego, motivadas por las disputas de territorios, y la práctica de delitos menores como robos callejeros y al transporte público, aparecen como las principales acciones de los pandilleros.

Pocas herramientas jurídicas

No obstante guardar concordancia con los protocolos internacionales para la protección de los derechos de la niñez, la Ley de Infancia y Adolescencia ha generado un efecto contradictorio: al considerar sólo objeto de responsabilidad penal a los adolescentes mayores de 16 años, los actores armados están utilizando menores de edad entre los 12 y los 14 años.

Asimismo, las penas contempladas en el Sistema de Responsabilidad Penal, que van desde amonestación, prestación de servicios comunitarios e imposición de reglas de conducta hasta la internación en medio semi-cerrado (con carácter formativo y pedagógico) y la libertad asistida, están dejando a las autoridades policiales en un lío jurídico.

“Esto se vuelve un círculo vicioso porque hay muchachos que son capturados en flagrancia y luego son puestos en libertad. Después, ellos terminan muertos violentamente o asesinando gente. Es un círculo vicioso”, aseguró el ex comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por ello, desde algunos sectores de la sociedad ya se escuchan propuestas para que se castigue con mayor severidad a los menores de edad que cometan delitos. Para Jovani Arias, director científico de la Fundación Dos Mundos, con sede en la cuidad de Bogotá, lo anterior no resuelve el problema estructural de la violencia urbana.  

“La sociedad en su conjunto tiene una mala lectura de la situación, pues reclama más acciones judiciales. Hay sectores que piden que se judicialice y se castigue con más severidad a los chicos inmersos en actividades ilegales. Yo me pregunto, ¿y que pasa con quienes los utilizan? ¿Por qué no se incrementan las penas para ellos?”, aseveró Arias.

El directivo de esta organización no gubernamental que trabaja en temas de niñez calificó como un “acto de desprecio hacia la condición infantil” la utilización de los infantes en labores de inteligencia, transporte de armas y alucinógenos por parte de las bandas y agregó que mientras no se superen problemas como la desigualdad social, la exclusión social y la marginalidad en que viven muchas comunidades de los centros urbanos, será muy difícil superar la violencia urbana.

“Un marco normativo amplio y garantista no dejará de ser un ‘canto a la bandera’ si no hay un Estado garantizando salud, educación, recreación, oportunidades, pues simplemente los jóvenes seguirán aceptando el ofrecimiento de grupos armados, sean guerrilla, paras, bandas de narcotraficantes y demás”, expresó Arias.

Su concepto es compartido por Álvaro Villarraga, director de la Fundación Cultura Democrática (Fucude) de la ciudad de Bogotá, quien si bien resaltó las iniciativas que han puesto en marcha los gobiernos locales en los últimos años a fin de superar la violencia urbana, también manifestó su preocupación por la poca incidencia que han tenido en la reducción de la misma.

“Hay que reconocer que se han adelantado esfuerzos encomiables por parte de los gobiernos locales y hasta el nacional por superar la violencia, pero en su mayoría son programas asistenciales, de orientación coyuntural, que no atacan el problema estructuralmente”, aseveró Villarraga.

Como se ve, el panorama es bastante complejo. Las salidas al problema de la violencia urbana, generada en parte por las bandas y los combos, deben superar el aspecto policial. Incluso, Villarraga se atreve a ir más allá: “Este es un fenómeno que hay observarlo con relación a dos problemas estructurales a los que se enfrenta el país: el primero son las expresiones residuales del conflicto armado y el segundo es el narcotráfico, cuyos eslabones y derivaciones pululan hoy en los centros urbanos. Abordar los conflictos urbanos también implica buscar salidas a estos grandes problemas”.