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Segovia, Antioquia: 21 años de una historia de impunidad

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Pese a que los recuerdos de aquel día todavía la afligen, doña Luz Marina Restrepo Cárdenas no lo pensó dos veces cuando el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), le extendió invitación para asistir en Medellín al acto de conmemoración de los 21 años de la masacre de Segovia, municipio ubicado en el Nordeste antioqueño.

 

El evento consistió en una solemne acción litúrgica celebrada en el Museo de Antioquia a las 11 de la mañana. Además de doña Luz Marina, asistieron personas oriundas de diversos municipios de esta subregión como Zaragoza, Remedios, Amalfi y, por supuesto, Segovia.

 

Con este acto, el Grupo de Memoria Histórica de la Cnrr no sólo dio por clausurada la II Semana por la Memoria: Antioquia, que se llevó a cabo en la ciudad desde el pasado lunes, sino que también rindió tributo a las víctimas de uno de los hechos más sangrientos de la historia reciente del departamento y que aún permanece en la más absoluta impunidad.

 

Y aunque la ausencia de justicia ha hecho que muchos de los sobrevivientes hayan optado por el olvido, doña Luz Marina siente que precisamente el dolor que le ocasionó la tragedia le hace imposible no recordar con doloroso detalle lo que ocurrió ese 11 de noviembre de 1988.

 

“Faltaban 10 minutos para las 7 de la noche y estaba en mi casa viendo televisión cuando comenzó una plomacera lo más de horrible. Lo primero que pensé fue: mataron a Luis Eduardo (Garrido). Él era un vecino mío que 15 días antes un teniente del Ejército lo había amenazado con matarlo. Me dije: ‘vea como si cumplieron con su amenaza”, cuenta doña Luz Marina.

 

Días antes de la masacre, las casas y calles del pueblo fueron inundadas con panfletos firmados por un grupo paramilitar autodenominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRD), en los que sentenciaban de muerte a líderes sociales y dirigentes políticos, muchos de ellos pertenecientes al desaparecido partido político Unión Patriótica.   

 

“Desde mi casa vimos pasar las camionetas, pero nunca nos imaginamos lo que iba a suceder. Además, el parque estaba lleno de policías. Pero vea usted, todo lo que hicieron y nadie los detuvo”, narra la mujer. La acción del comando armado cobró la vida de 43 personas, varias de ellas menores de edad, siendo la primera gran masacre en la historia del país.

 

Entre los muertos estaban don Carlos Enrique Restrepo, padre de doña Luz Marina, al igual que sus dos hermanos Gildardo y Carlos Enrique.

 

“Entraron a la casa de mi papa, que estaba con mi hermano mayor (Gildardo) y el niño (Carlos Enrique). Otro de mis hermanos alcanzó a sacar a mi mamá por las escalas. Mi papá se escondió bajo la cama y allá fueron y lo acribillaron. Gildardo estaba escondido en una caneca y le tiraron una granada. A Carlos lo acribillaron cuando intentó detenerlos”, recuerda doña Luz Marina.

 

Para esta señora, habrá imágenes que serán difíciles de olvidar: “ver tantos paisanos, amigos y familiares tirados en las calles del parque y para acabar de ajustar se largó un aguacero lo más de horrible, entonces corrían ríos de sangre, eso era impresionante. Pero ahora que lo pienso, yo creo que por esa lluvia tan fuerte no mataron más gente”.

 

Reconstruir memoria histórica

No obstante la magnitud de los hechos, poco o nada ha logrado esclarecer la justicia en torno a la masacre. Nunca se adelantó juicio alguno contra los policías y militares que, como se comprobó tiempo después, se acantonaron en sus cuarteles mientras el grupo paramilitar cometía el exterminio.

 

La violencia que aún ejercen en la región grupos de desmovilizados del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ahora llamados Águilas Negras, hace que la verdad sea cada vez más esquiva. El sólo hecho de hablar de reparación a las víctimas parece un chiste de mal gusto.

 

La Alcaldía nos colaboró con los entierros y no más. Muchos de los sobrevivientes nos desplazamos a las pocas horas de enterrar a nuestros muertos. Los que se quedaron, prefieren no hablar del tema”, añade doña Luz.

 

La masacre, que fue calificada en su momento por el entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, como la “más vergonzosa manifestación de violencia”, ha sido considerada por diversos investigadores como un caso emblemático en la historia reciente del conflicto armado interno, toda vez que fue dirigida a una localidad donde la Unión Patriótica había consolidado un fortín político en momentos en que el país vivía una apertura democrática.

 

Así lo ha entendido el Grupo de Memoria Histórica de la Cnrr, que precisamente ha escogido este episodio trágico en la historia reciente del Nordeste antioqueño como el próximo producto de investigación luego de los casos de Trujillo (Valle) y El Salado (Sucre). 

 

“El Grupo ha elegido este caso porque fue una masacre de gran magnitud, porque fue dirigida a un pueblo que se acusaba de apoyar políticamente a la Unión Patriótica. Consideramos que es importante volver al pasado y recuperar este tema, porque la memoria está directamente vinculada con la democratización y donde ha habido ese tipo de exterminios no se puede aspirar a un futuro democrático sino se resuelven y reconocen esos asuntos del pasado” señala Andrés Suárez, investigador del Grupo Memoria Histórica de la Cnrr.

 

Se espera que el producto final esté listo para el año 2010. Pero a diferencia de los dos casos anteriores, reconstruir la memoria de esta masacre será más dispendioso y demandará mayores esfuerzos debido a la situación de orden público que registra la zona y a la poca presencia de iniciativas populares que reivindiquen la verdad de las víctimas.

 

Al respecto, las cifras señalan que el Nordeste antioqueño continúa siendo epicentro de un profundo drama humanitario poco conocido hasta ahora. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-EE.UU, en esta subregión se han documentado 43 ejecuciones extrajudiciales entre junio de 2004 y enero de 2008. En octubre de 2008, fue asesinado el entonces personero de Segovia, Jairo Luis Álvarez Ruíz, quien venía denunciando varios de estos casos ante instancias superiores. Su crimen sigue sin esclarecer.

 

De igual forma, en abril de 2007 se registró el desplazamiento masivo de más de 400 familias de la vereda Puerto Nuevo Ité, de Remedios, y en mayo del mismo año, más de 35 familias de la vereda Machuca se desplazaron al casco urbano de Segovia.

 

“El trabajo en la zona será muy difícil por las condiciones de seguridad. Hacer un trabajo con las víctimas, de manera tan directa, sería exponerlas una vez más, por las connotaciones políticas que tiene el caso”, reconoce Suárez, quien agrega que “lo que se hará es recuperar las memorias que hicieron las víctimas en su momento, que desafortunadamente también fueron exterminadas”.

 

Y es que además de aportar a la búsqueda de verdad y justicia, reconstruir los hechos que enmarcaron la masacre de Segovia tiene para el Grupo de Trabajo un valor adicional: impulsar de nuevo movimientos que propendan por trabajar la memoria histórica.

 

“Ese también es el llamado: recuperar esas iniciativas de memoria que en muchos contextos fueron suprimidas y aniquiladas por la violencia”, manifiesta el investigador, quien por lo menos puede contar con la colaboración de doña Luz Marina.


“Me parece muy buena esta iniciativa, porque llevo muchos años tratando de sacarme esta ‘taco’ tan horrible, pero a mis hijas no les gusta hablar del tema y en el pueblo no hay con quien”, sentencia doña Luz.

Actualizado ( Viernes, 13 de Noviembre de 2009 16:44 )  

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