Agencia de Prensa IPC

En un plazo no superior a nueve meses, el Municipio de Medellín deberá solucionar de forma definitiva las fallas estructurales que presentan las viviendas del barrio Nuevo Amanecer, corregimiento Altavista, además de construir la caseta comunal, el parque recreativo y la escuela para la población infantil, obras que hasta el momento no se han ejecutado, así como mejorar la red de servicios públicos domiciliarios.

Así lo ordena el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Medellín, que acaba de fallar en contra de la Administración Municipal una Acción Popular interpuesta por los habitantes de este barrio el 30 de enero de 2009, quienes consideraron que el Gobierno local vulneró su derecho colectivo a vivienda digna, ambiente sano, salubridad pública, acceso a servicios públicos y goce efectivo del espacio público al no recibir a tiempo la obra, lo que ocasionó serios perjuicios a su calidad de vida.

En su decisión, el Juez consideró que el Municipio de Medellín vulneró los derechos colectivos antes descritos ante su falta de intervención para exigir al contratista, en este caso la Constructora M.I.V S.A, el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la ejecución de este proyecto habitacional, destinado a dar solución de vivienda a los más de 3.000 damnificados del incendio ocurrido en abril de 2003 en el asentamiento “Mano de Dios”, centro-oriente de Medellín.

De acuerdo con el Fallo de primera instancia, la Municipalidad fue “negligente y pasiva frente a las dificultades que generó la construcción de Nuevo Amanecer”, las cuales fueron puestas en conocimiento de las autoridades respectivas por parte de la comunidad desde el mismo momento en que comenzó la reubicación, en el año 2005.

Dichas dificultades hacen referencia a las serias fallas que presentan más de 470 edificaciones por cuenta de humedades y agrietamientos, al punto que algunas constituyen un serio peligro para la vida de sus ocupantes. De hecho, en el año 2008 el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres (Simpad) ordenó la evacuación de 15 viviendas ante el riesgo inminente de derrumbamiento.

A esto se suma los problemas de aguas subterráneas y la deficiencia en la prestación del servicio de agua potable y de la red de alcantarillado, lo que se ha convertido en permanente foco de infecciones. Asimismo, el barrio no cuenta con parques recreativos, adecuación de zonas comunes y no se construyó una caseta para la acción comunal y una escuela para la población infantil, pese a estar incluidas en el proyecto inicial.

Lo anterior fue constatado por el propio Juez, quien en diligencia de inspección judicial realizada en septiembre de 2009 observó “como el muro de contención se ha ido destruyendo por el paso de agua; las lozas que conforman los andenes se encuentran empozadas, las fachadas presentan humadas, lozas deterioradas y problemas de goteras al interior de las viviendas”.

“Los declarantes que habitan el barrio son reiterativos en afirmar que las condiciones en que recibieron las casas no eran dignas, entre otras razones porque no estaban terminadas totalmente, permitiendo el acceso de terceros no autorizados, deterioradas con alcantarillado taponado, pisos fisurados y planchas con techos en mal estado”, señaló el Juez en su visita.

Excusas, no argumentos

Si bien la Alcaldía de Medellín tuvo conocimiento de estas situaciones a lo largo de estos años, la comunidad de Nuevo Amanecer siempre recibió una respuesta desconcertante por parte de los entes municipales.

Como el Municipio se negó (hasta enero de este año) a recibirle la obra a la Constructora por considerar que no cumplía las especificaciones técnicas, no podía realizar ningún tipo de intervención porque estaría no sólo violando un mandato legal sino que  también tendría que cubrir con recursos propios lo que es obligación de un particular.

En julio de 2009, la Constructora M.I.V. S.A le declaró a la Agencia de Prensa IPC que los problemas de las viviendas obedecían más a problemas de los terrenos que de los materiales utilizados y que, en ese caso, la responsabilidad era de la Alcaldía, que además, estaba realizando un cobro de impuesto predial no ajustado a la realidad.

Sin embargo, uno y otro argumento no fueron considerados en el Fallo como “causal de exoneración de responsabilidades”, principalmente para el Municipio de Medellín, que según el Artículo 311 de la Constitución Política Nacional, debe construir las obras que demande el progreso local y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, máxime tratándose de una comunidad en condición de vulnerabilidad como la de Nuevo Amanecer.

De ahí que la decisión haya señalado que “el argumento expuesto por el Municipio de Medellín en el sentido de haber brindado todo el acompañamiento a los damnificados de Mano de Dios para que pudieran acceder a subsidios de vivienda y que realizó todas las acciones tendientes para mitigar el sufrimiento de esta población, no son admisibles cuando a la fecha la comunidad sigue padeciendo situaciones relacionadas con su condición de marginalidad”.

La Agencia de Prensa IPC quiso conocer la reacción de los habitantes de Nuevo Amanecer con respecto al Fallo, en especial de quienes estuvieron al frente del proceso, pero se encontró con una triste realidad.

Las reclamaciones jurídicas, que incluye una Acción de Grupo (mecanismo de indemnización económica contemplado en la Constitución), fueron jalonadas por un grupo de líderes comunitarios que hoy se encuentran exiliados por cuenta del conflicto armado que allí se vive.

En noviembre de 2009, Janeth Martínez y Jorge Murillo debieron abandonar el barrio por amenazas contras sus vidas, proferidas por un grupo armado al servicio de alías Valenciano. En enero del presente año, Jorge Murillo murió en el departamento de Córdoba como consecuencia de una penosa enfermedad.

Hace pocas semanas, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Daniel Mosquera, fue objeto de un atentado contra su vida perpetrado por el mismo grupo armado que amenazó a los líderes. Mosquera se encuentra en estos momentos con medidas de protección.

Fuentes cercanas a los líderes, que pidieron no revelar sus identidades, manifestaron que si bien el fallo es importante, por cuanto se reconoce la responsabilidad del Municipio de Medellín en el deterioro de la urbanización, se convierte en una “victoria pírrica” debido a que quienes lideraron todo este proceso hoy ya no están en el barrio y aún no se sabe si los que quedan tengan la valentía suficiente para continuar.