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El caso Alonso Salazar: lecciones que deja para la ciudad

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Bien pudiera decirse que el viernes 30 de julio fue un día de fuertes contrastes para el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo. De manera casi simultánea recibió dos noticias que de seguro incidirán en lo que resta de su administración.

 

 

 

Por una parte, la firma encuestadora Invamer Gallup relevó una disminución en la aprobación ciudadana de su gestión, al pasar de un 64% a un 57% de favorabilidad. De otro lado, la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo le comunicaba la decisión de archivar la investigación que adelantaba en su contra por el presunto apoyo económico y logístico brindado por ex paramilitares durante la contienda electoral que lo llevó a ocupar el principal cargo público de la capital antioqueña.

 

Las revelaciones se conocieron tan sólo 10 horas antes de que la ciudad diera inicio a su tradicional Feria de las Flores, la fiesta por excelencia de los paisas. El marco no pudo ser mejor para que Salazar cerrara un doloroso capítulo a nivel personal que, de paso, produjo un fuerte cisma político local.

 

En declaraciones posteriores al hecho, el Alcalde de Medellín ha dejado clara su intención de no adelantar ningún tipo de acción penal contra las personas que urdieron lo que muchos han denominado un “complot” y, más bien, concentrarse en devolverle el optimismo a ese 47% de medellinenses que, según la encuesta de Invamer Gallup, sienten que las cosas no van por buen camino.

 

Las preguntas que deja la decisión de la Fiscalía 28 es qué tan cierta era la teoría de la conspiración contra Alonso Salazar, qué intereses perseguía y qué tanto afectó la gobernabilidad en la ciudad.

 

Al respecto, el Personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, tiene razones de peso para pensar que todo este proceso obedeció a un montaje orquestado por los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) con el apoyo de sectores políticos tradicionales.

 

La Personería recibió en su momento seis declaraciones muy importantes de testigos que dieron su versión sobre los hechos. Esos interrogatorios, que fueron enviados al entonces Fiscal Mario Iguarán, daban cuenta que todo se trataba de un montaje de los desmovilizados que no querían al señor Salazar, ni siquiera cuando éste era Secretario de Gobierno de la administración Fajardo”, señala Herrán Vargas.

 

De acuerdo con el Personero de la ciudad, su despacho conoció con varias semanas de anticipación que sectores de los desmovilizados pertenecientes a la desaparecida Corporación Democracia, integrada por los ex integrantes de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc, le solicitaron a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don berna”, que redactara desde su sitio de reclusión en Estados Unidos una carta en la que dijera que su directriz era la de apoyar al entonces candidato Salazar, situación que a la postre desató todo el escándalo.

 

El propósito era deslegitimar ante la opinión pública la figura de Salazar si éste triunfaba en las elecciones pues, como añade el Personero: “ellos sabían que Alonso no ‘tragaba entero’ y que si continuaban actuando entre la ilegalidad y la legalidad, él iba a emprender acciones concretas contra ellos”.

 

Según Herrán Vargas, la relación entre los ex miembros de las Auc y el hoy Alcalde de Medellín no fueron precisamente las más cordiales, ni siquiera cuando éste fue Secretario de Gobierno de la administración de Sergio Fajardo, pues fue desde ese momento en que descubrió los desacatos de los desmovilizados a los acuerdos del proceso de reinserción.

 

Lo anterior refuerza la tesis según la cual, la apuesta política de los integrantes de la Corporación Democracia estaban más por el lado del candidato Luis Pérez Gutiérrez, quien ya había sido alcalde de la ciudad y en cuyo mandato se produjo la primera desmovilización de bloque paramilitar en el país: el del Cacique Nutibara.

 

Testimonios recopilados por el Ente Acusador dan cuenta de ello. “La candidatura del doctor Luis Pérez Gutiérrez fue una apuesta política de la Corporación Democracia”, referencia el expediente y añade que “sobre el apoyo en las comunas (a Salazar), los resultados de las votaciones reflejan que no hubo apoyo alguno, pues en las zonas donde existe mayor presencia paramilitar el ganador no fue el doctor Alonso Salazar”.

 

Así las cosas, la luna de miel entre administración Fajardo y desmovilizados terminó convertido en un abrupto divorcio entre el nuevo gobernante y la Corporación Democracia en la que Salazar llevó la peor parte.

 

Como mandatario electo debió afrontar un inusitado aumento de la criminalidad (que hasta hoy se mantiene) en el peor de los escenarios: en medio de múltiples acusaciones por parte de los más representativos voceros de los ex paramilitares,  con entidades claves contra la lucha criminal, como la Fiscalía Seccional Medellín, señalada de estar infiltrada por la mafia y con viejos caciques políticos pescando en río revuelto.

 

La “donbernabilidad”

El fallo de la Fiscalía 28 envía un contundente mensaje a la opinión pública local (y nacional) sobre la transparencia del actual Alcalde de Medellín. A lo largo del proceso, el Ente Acusador pudo desvirtuar uno a uno los señalamientos sobre una ayuda intencional y consentida entre ex paramilitares y Salazar para ganar las elecciones.

 

La decisión no sólo le significa un alivio al Burgomaestre y la ciudadanía en general sino que además, le permitirá concentrarse de lleno en atender las problemáticas de la cuidad.

 

“El sólo hecho de haber tenido que dedicar tiempo a buscar pruebas para demostrar su inocencia, indudablemente afecta la gobernabilidad. Ahora que queda demostrada su legitimidad, creo que ahora sí podrá dedicarse exclusivamente a atender cuestiones apremiantes para la ciudad, como es el tema de inequidad y pobreza”, expresa Mauricio Cadavid Restrepo, director de la Federación Antioqueña de ONG (Faong).  

 

Ahora la pregunta que queda en el ambiente es si con esta decisión se puede cerrar también el ciclo de la “pactación” entre ilegales y poder político regional que diversos analistas y  organizaciones no gubernamentales han señalado como práctica recurrente en la historia de Medellín a fin de mantener orden y seguridad.

 

Sobre el particular, Patricia Fernández, integrante de la Corporación Viva la Ciudadanía, señala que lo anterior abre el camino para otra discusión más profunda  y que, a su juicio, ya comenzó a señalar el Alcalde de Medellín.

 

“Estamos frente a discusiones distintas. Uno es el proceso puntual del Alcalde, que para fortuna de la ciudad tuvo un desenlace positivo. Otro es lo que está de fondo y es precisamente lo que Salazar señaló en su momento con los casos del “Cebollero” y del fiscal Guillermo Valencia Cossio: la imbricación entre lo legal y lo ilegal”, expone Fernández.

 

Para Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, lo que hay que evaluarse es la tendencia de la ciudad a pactar con la ilegalidad, situación que va mucho más allá del gobernante de turno.

 

“En Medellín ha habido siempre una tendencia al pacto. Hace pocas semanas los transportadores de un barrio pactaron con una banda para que los dejaran trabajar. Entonces, discusiones como la de la ‘donbernabilidad’ no están ligados únicamente a Salazar, de hecho, si hubiera ganado otro candidato, de seguro estaríamos discutiendo lo mismo: la tendencia de estar haciendo acuerdos con la ilegalidad”, conceptúa Uribe.

 

En este sentido, políticos como Jorge Mejía, ex secretario de Gobierno de Antioquia, siente que así el sólo empleo del término “donbernabilidad” genere fuerte controversia con la Administración Municipal, no se puede negar el hecho que la intermediación de “don berna” sobre todo el mundo criminal y su interlocución con algunos sectores políticos derivó en efectos prácticos como el drástico descenso de los homicidios en la ciudad entre los años 2005 y 2007.

 

No obstante, el propio Mejía reconoce la voluntad política de la Administración actual, lo que deja en evidencia la actitud de gobernar sin ceder un centímetro de legalidad al poder de las mafias. “No se puede desconocer que en Medellín hubo “donbernabilidad” y que le hizo daño a la ciudad. Pero yo creo que el gran valor de Alonso (Salazar) fue el haber roto con esta situación y enfrentar sólo a la mafia. Esto es un gran mensaje que le envía a la sociedad”, manifiesta Mejía.

 

Lo que inquieta a Mejía, como a un sector representativo de la sociedad antioqueña es si la ciudadanía ha captado este mensaje, si se tiene en cuenta que el próximo año será la contienda electoral por alcaldías y gobernaciones.


Para Martha Peña Duque, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el capítulo Salazar deja al descubierto la capacidad de las mafias de socavar la legitimidad de gobernantes provenientes de sectores alternativos. “Esto nos deja alertas sobre el juego sucio en la disputa por  el gobierno de la ciudad y los riesgos que corren los sectores democráticos”, concluye Peña Duque.

Actualizado ( Martes, 09 de Julio de 2013 11:30 )  

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