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Inhabilidad de Alonso Salazar: entre lo sancionable y lo ético

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Foto tomada de galería política.com

Foto tomada de: galeríapolítica.com http://bit.ly/KBkyUv

De que hubo participación en política y ese comportamiento era sancionable no existen dudas. Sin embargo, la inhabilidad del ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, les deja un sin sabor a quienes piensan que el ex mandatario tuvo compromiso ético  cuando acusó al candidato a la Alcaldía, Luis Pérez Gutiérrez, de tener presuntos nexos con ilegales. Tal vez el problema no fue denunciar en época de elecciones, fue la forma en que se hizo.

Para los expertos era previsible que el fallo de segunda instancia, proferido por la Procuraduría General de la Nación, ratificaría la sanción contra Alonso Salazar, quien fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos, durante un periodo 12 años, por participar en política. Lo controversial es que la decisión impacta negativamente la democracia en la ciudad y de cierta forma promueve la autocensura de los mandatarios locales para intervenir a futuro ante posibles delitos electorales.
Juan Carlos Arenas, politólogo de la Universidad de Antioquia, piensa que las consecuencias para la democracia local responden a la pregunta de “cómo esa decisión institucional puede ser leída y aprovechada por autores no institucionales. Eso quiere decir que los opositores del actual gobierno local pueden aprovechar la coyuntura para hacer ruido político.”
Este analista piensa que la sanción de la Procuraduría estuvo ajustada al marco jurídico al indicar que Alonso Salazar se extralimitó en sus funciones porque “se pasó a un terreno que no le correspondía, aunque éticamente el ex alcalde dijera que protegía la democracia.”
Otra lectura del fallo, que difiere un poco de la anterior, la hizo el politólogo de la Universidad EAFIT, Adolfo Maya Salazar, quien asegura que en la decisión contra Alonso Salazar influyó el antiguo debate sobre el proyecto Clínica de la Mujer.
Me atrevería a referir que el fallo no está hecho sólo en términos de derecho, sino que tiene un alto componente de orden ideológico y político.Me parece que el procurador general, Alejandro Ordóñez, le pasa factura por la Clínica de la Mujer a Alonso Salazar; ese era un round que requería el procurador y lo saldó desde una lógica profundamente perversa (…) Me da la sensación de que eso no aparecerá en el fallo pero era presumible que el procurador ratificara la inhabilidad”, argumentó Adolfo Maya.
De acuerdo con el fallo de la Procuraduría, Alonso Salazar, incurrió en prohibiciones de la Ley de Garantías e influyó en el proceso electoral de octubre de 2011 utilizando su cargo y autoridad; pues intervino “en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, e influyó en procesos electorales de carácter político partidista, en un periodo electoral en el que se exige la mayor imparcialidad de todos los funcionarios y servidores del Estado”.
Lo contraproducente, según Adolfo Maya, es que la sentencia y la inhabilidad acortan el periodo de los mandatarios locales “porque parece inferirse que no podrán ser alcaldes en época electoral y eso es un precedente muy negativo porque cualquier opinión se prestará para ser interpretada como actuación en la vida política.”
Eso mismo piensa el presidente del Instituto Popular de Capacitación IPC, Diego Herrera, quien argumentó que “la decisión de la Procuraduría se ajusta al marco jurídico pero tiene un mensaje político y es que limita la actuación de las autoridades civiles frente a la injerencia de actores ilegales en debates electorales y por ende en el destino de la ciudad y la región.”
Sobre este punto, Adolfo Maya expresó que en Colombia debería reglamentarse la posibilidad de que los mandatarios locales puedan hacer política en tiempo electoral. “Debiese haber concordancia entre lo público y lo privado en el sentido de que los alcaldes hacen política en su periodo de gobierno y pareciera que, bajo las condiciones actuales, ellos pueden hacer política de una manera privada, oculta, silenciosa y apartada; pero lo que se sanciona es que hagan política pública, abierta, transparente y a la luz del interés general de una ciudad.”
Desde ese punto de vista Diego Herrera consideró que “la actitud del ex alcalde Alonso Salazar fue correcta y de valor civil, aún siendo consciente de las inhabilidades políticas que le acarrearía el hecho de denunciar presuntas injerencias de actores armados en una de las campañas. Sin embargo el ex mandatario puso por encima el bien de la ciudad ante factores que afectan la democracia.”
Ese debate entre lo correcto y lo incorrecto, lo ético y lo legal, revuelve la opinión pública en la ciudad, tras la sentencia de segunda instancia contra Alonso Salazar, quien a través de Twitter afirmó que impugnará la decisión ante el Consejo de Estado. Lo que desconsuela algunos es qué se investigó y sancionó al ex mandatario pero no al candidato denunciado.
Al respecto Adolfo Maya piensa que el concepto de la Procuraduría “legitima asuntos para la contra parte interesada, en este caso Luis Pérez, porque no se investiga si era real ese apoyo de combos o bandas, sino que se sanciona a quién hizo las denuncias”, que en este caso era el entonces alcalde Alonso Salazar, quien como primera autoridad civil y de policía tenía la potestad de denunciar y solicitar investigaciones por asuntos que pusieran en riesgo el panorama electoral.
En lo que coinciden los expertos es en que Salazar Jaramillo no debió hacer sus denuncias, en primera instancia, ante los medios de comunicación sino ante la autoridad competente que en este caso era la Fiscalía. Tal vez el principal error fue lanzar acusaciones contra un candidato a través del diario El Colombiano.
Por eso conviene retomar la posición del politólogo Juan Carlos Arenas, para quien lo más importante es “mantener el respeto y el acatamiento por las decisiones de la justicia y evitar actos de desagravio a la función institucional de un organismo de control”, pues agregó el experto de una forma concluyente, que con sus denuncias Alonso Salazar adquirió un compromiso muy defendible desde lo ético pero no tanto desde lo legal.
Actualizado ( Martes, 09 de Julio de 2013 11:25 )  

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