Espacio de Opinion IPC

Wednesday
April 23
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

La ley para la restitución de tierras: ¿Una apuesta por la reconciliación? (*)

E-mail Imprimir PDF
( 6 Votes )

No cabe duda que tras dos décadas de desplazamientos masivos, en los que millones de campesinos se han visto forzados a abandonar sus territorios y dejar atrás sus tierras, con afectaciones sociales, económicas, políticas y culturales, transformando las estructuras rurales del territorio nacional, es loable que el Gobierno central asuma el deber constitucional del Estado de proteger a todos los ciudadanos y, tal como dispone el marco jurídico internacional para los derechos humanos y el desplazamiento forzado, ratificado en diferentes disposiciones de la Corte Constitucional, se tenga hoy en la agenda pública la restitución de tierras para las víctimas del despojo, teniendo en cuenta que ésta es catalogada como un medio preferente de reparación para las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo.

Es por ello que la sociedad civil debe acompañar este proceso, como garante de que efectivamente las políticas que se diseñen para tal propósito, cumplan con los fines sociales pretendidos, con la prevalencia de la verdad, la justicia, la reparación integral y garantía de no repetición. En tal sentido, este escrito tiene como objetivo plantear una reflexión crítica sobre los alcances y limitaciones del proyecto de Ley 085, “Por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”, que cursa trámite actualmente en el Congreso de la República.

Antes de proceder con la revisión del proyecto de Ley, es pertinente hacer un llamado de atención sobre la cantidad de tierras que el Gobierno pretende restituir, al mencionar una meta de dos millones de hectáreas. No puede olvidarse que las tierras despojadas a los campesinos desde la década del 90 asciende a más de cuatro millones de hectáreas, según datos oficiales de Acción Social, mientras que para la Comisión de seguimiento a la política pública del desplazamiento forzado[1], esta cifra puede pasar los cinco millones.

Análisis del proyecto de Ley

 El citado proyecto eleva al nivel de interés social las tierras requeridas para la restitución, al declararlo así en el Artículo 1, son “(…) de interés social las tierras requeridas para garantizar la restitución de tierras a los afectados por los actos de violencia generalizada a que se refiere esta Ley.” El apelativo de social, implica una necesaria intervención social del Estado, “cuya finalidad inmediata y directa y como límite constitucionalmente exigibles”[2], es el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, especialmente, de las menos favorecidas. Dicha finalidad y límite de la actividad estatal, se dan específicamente con relación a los intereses económicos que son susceptibles de protección, permitiendo que el interés social prevalezca de manera absoluta sobre los particulares, en protección a los derechos sobre la tierra de las víctimas del despojo. El interés social, como se dijo, tiene un efecto absoluto, contrario a lo que sucede con el interés general que debe justificarse caso por caso.

Si bien declarar el “interés social” sobre las tierras requeridas para garantizar la restitución dimensiona un alcance amplio de esta ley, cuya aplicación permitiría superponer los intereses de los más vulnerables a los intereses de las estructuras de poder económico y político de quienes se han quedado con las tierras despojadas, no se encuentra correspondencia en el posterior articulado de este proyecto de Ley con dicho alcance.

Por el contrario, el proyecto dispone de una traba para su aplicación en el Artículo 2, limitando el universo de los beneficiarios de restitución de tierras a las personas “(…) que hayan sido despojadas de éstas, o que hayan sido obligadas a abandonarlas como consecuencia directa de hechos ocurridos por actos generalizados de violencia armada ilegal expresamente reconocidos en procesos de justicia y paz (…)”. Este es tal vez, el punto más problemático de este proyecto de Ley.

Cómo bien se sabe, la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz, tiene como su principal propósito facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, tal como lo dispone en su primer artículo. Así mismo, mediante esta Ley se pretendió garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Desde el punto de vista procedimental, en la Ley de Justicia y Paz, quienes se acojan a ella, rinden una “versión libre” (Art. 17, Ley 975/05) en la que manifiestan los hechos delictivos por los cuales se acogen a esta Ley. Sobre los hechos no admitidos por el imputado o acusado, se presenta una “ruptura procesal” (Art. 21, Ley 975/05) y serán tramitados por la justicia ordinaria. Respecto de los cargos aceptados, se seguirá el trámite por Justicia y Paz.

Para efectos del proyecto de Ley de restitución de tierras, sus beneficiarios dependerán de que los hechos de su desplazamiento o despojo hayan sido reconocidos por los versionados en Justicia y Paz, de lo contrario, dispone el proyecto en el parágrafo del Artículo 4 que “Las disposiciones de la presente Ley no excluyen el derecho a la restitución de tierras despojadas en casos no comprendidos por sus disposiciones, las que se podrán tramitar ante la justicia ordinaria”.

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que pasados cinco años de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, los balances hasta ahora han sido desalentadores, especialmente en lo que corresponde al despojo de tierras, pues los versionados en sus procedimientos no han reconocido cargos al respecto.  De este modo, la ineficacia procesal de la Ley de Justicia y Paz frente a los delitos de desplazamiento forzado y despojo de tierras se le está transfiriendo al proyecto de Ley de Restitución de tierras, limitando significativamente el universo de sus beneficiarios y dejando a las víctimas el único camino de buscar la restitución mediante la justicia ordinaria. Una muestra de ello es que en Antioquia las victimas habían denunciado no más de 10 casos de usurpación de tierras y alrededor de 7.500 casos de desplazamiento forzado según las fichas de Fiscalía a diciembre de 2009.

Contradictoriamente, en la exposición de motivos comprendida en el proyecto de Ley, se admite que en la justicia ordinaria “Sus normas operan en condiciones normales, aunque los procesos tienen duración excesiva; pero en circunstancias tan irregulares y masivas, la posibilidad de la restitución depende de diseñar un sistema de justicia transicional capaz de restablecer los derechos usurpados por violencia y para lograrlo, requiere contar con normas excepcionales, adecuadas a las modalidades del despojo, que den prelación a los derechos perdidos, aunque cuenten con pruebas precarias y una gran debilidad de defensa legal (…)”.

Siendo coherentes con la exposición de motivos, en la que se pretende reflejar el espíritu de este proyecto de Ley, es menester modificar el Artículo 2, eliminando la sujeción de los hechos de desplazamiento y despojo a los reconocidos en los procedimientos de Justicia y Paz, que deja a las víctimas en una situación de dependencia frente a la voluntad de los perpetradores de los hechos criminales, para ser beneficiarios de los beneficios de ésta ley de restitución.

La verdad frente a los hechos no puede circunscribirse a lo que diga o acepte quien narra su versión en los procedimientos de Justicia y Paz, pues los operadores judiciales tienen como imperativo “la verdad” y es su misión esclarecerla por el deber de memoria que impone la reconciliación y la garantía de no repetición[3]. De modo tal que para ser beneficiario de la ley de restitución de tierras, debería bastar con que las víctimas puedan probar que fueron desplazados y despojados de sus tierras y que se establezca siquiera el bloque o frente causante de la acción y la relación causal.

Otro importante aspecto para resaltar en el proyecto de Ley es con relación a la presunción de despojo contemplada en el Artículo 4, en el que “Se presumen afectadas por la fuerza que vicia el consentimiento, a causa de la violencia a que se refiere esta ley, las transferencias de propiedad y la suspensión o terminación de la posesión, la tenencia, o la ocupación y el abandono forzado de tierras inscritas en el “registro de tierras despojadas”, dentro de las zonas afectadas por la violencia generalizada (…)”. A su vez, este artículo establece al inversión de la carga de la prueba, estableciendo que “(…)En consecuencia, quien se oponga a la restitución judicial de las tierras despojadas deberá probar el derecho que alega en la oposición”.

Tanto la presunción de despojo, como la inversión de la carga de la prueba, son las medidas más significativas de carácter transicional, al considerar la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas del despojo con relación a su capacidad para probar su relación jurídica con los predios en disputa. Teniendo en cuenta además, que quienes han despojado a los campesinos de sus predios han acudido a todo tipo de estrategias para obtener los títulos que acrediten su “propiedad”, en provecho de la precariedad en cuanto a la informalidad que caracteriza la propiedad rural de los campesinos, y mediante la coerción a campesinos y funcionarios para legalizar la tenencia de las tierras despojadas.

Dispone además el citado artículo que “(…) el Gobierno Nacional declarará las zonas afectadas con la violencia generalizada, determinará con precisión sus límites, en forma preferente mediante geo-referenciación, así como el período durante el cual se ejerció influencia armada ilegal en la zona respectiva.”

 En consideración a los efectos de esta medida, es menos justificable que se requiera que los hechos de despojo y desplazamiento forzado sean reconocidos en Justicia y Paz, pues al referirse la norma en este mismo artículo a “zonas afectadas por la violencia”, ya hay un reconocimiento tácito de los hechos allí ocurridos, que bastaría con que sean individualizados o documentados por las autoridades competentes teniendo siempre prelación por la voz de las víctimas para la reconstrucción de los hechos y el esclarecimiento de la verdad. Es menester que en la tarea de precisar los límites de las zonas afectadas haya participación de las organizaciones de víctimas, pues no es desconocido que la violencia, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, cubrió casi todo el territorio nacional. No sobra advertir que cuando se habla de violencia generalizada no se refiera a los periodos de auge de la violencia (v.gr. Uraba 95-97, Oriente 1999-2002, etc) pues estos han estado precedidos de violencia selectiva y generalizada e incluso seguidos de esta.

Otro punto que no puede pasarse por alto es con relación al trato que el proyecto de Ley da a los terceros de buena fe. En primer lugar y, tratándose de una norma de justicia transicional, debe plantearse una “presunción de mala fe”, acorde con el contexto en el que se han surtido los despojos de tierra; es decir, al igual que se establece la inversión de la prueba, debería establecerse que la “buena fe” deba probarse por parte de los terceros opositores en el proceso. En este mismo sentido, en la exposición de motivos del proyecto se plantea que “La buena fe de quienes adquirieron a cualquier título tierras despojadas a sabiendas, por ser de público conocimiento que en esas regiones había ocurrido el desplazamiento y el despojo, queda en duda y no pueden prevalecer sus títulos sobre la restitución de los derechos perdidos por violencia. Es muy difícil presumir buena fe en las circunstancias predominantes en las regiones de desplazamiento. Resulta contrario al principio de buena fe comprar tierras muy baratas a una población que huye bajo el impacto del terror, o a sus usurpadores”.

Pese a que, como puede advertirse en la exposición de motivos, la buena fe en el fenómeno del despojo es dudosa, en el articulado del proyecto no se advierte ninguna consideración que tenga en cuenta este asunto. Por el contrario, en éste se contempla una compensación decretada por el juez a los terceros de buena fe que hayan presentado oposición en el proceso judicial (Art. 20) y dispone además que, según las circunstancias, el juez podrá aplazar la entrega del bien hasta que sean recogidos los frutos pendientes, si los hubiera (Art. 21).

Adicional a este trato que da la Ley a los terceros de buena fe, en el proyecto de Ley se presenta un factor que claramente desfavorece a las víctimas beneficiarias de la Ley de Restitución. Tiene con ver con el avalúo de predio a restituir, toda vez que la victima reclamante debe presentar su solicitud de restitución, adjuntando la “certificación del valor del avalúo catastral del predio” (Art. 11, Lit. f), mientras que el tercero que se oponga en el proceso puede acreditar el valor del predio mediante un avalúo elaborado por una Lonja de propiedad raíz (Art. 14).

Esta disparidad en el modo de acreditar el avalúo en el proceso tiene consecuencias directas en el caso de las compensaciones que deba fijar un juez. Para el caso de los terceros de buena fe, las compensaciones partirán de un avalúo que tendrá en cuenta el precio comercial del predio mientras que para la víctima, las compensaciones, en el caso en que no pueda hacerse la restitución material, por ejemplo, al parecer tendrían como base el avalúo catastral, que en Colombia tiene un atraso aproximado de 60 años, en lo respecta al catastro rural. En este punto, el proyecto de Ley presenta una zona de penumbra, en la que no queda claro como se tasarán las compensaciones para una u otra parte.

Finalmente, es importante mencionar que la Ley no tiene un enfoque diferencial tal como lo ha ordenado la Corte Constitucional, ni establece criterios para la restitución de tierras en territorios colectivos de la población indígena y afrodescendiente.

(*)Paola Andrea Posada

Investigadora

[1] GARAY, Luis Jorge et al (2009). El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes. Bogotá.

[2] Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-053 de 2001. M.P. Cristina Pardo Schlesinger

[3] Corte Suprema de Justicia, Auto del 8 de junio de 2007 (Rad. 27484. MP: Álvaro Pérez Pinzón).

Comments

Please login to post comments or replies.
Actualizado ( Viernes, 11 de Marzo de 2011 11:51 )  

Etiquetas