El inicio
de la fase de prospección y exploración del megaproyecto minero “Mandé Norte”, a
ejecutarse en la región del Atrato Medio chocoano-antioqueño, tiene en máxima
alerta a las comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en estos
territorios.
De no ser
por el mecanismo de acción de tutela, unos 16.956 medellinenses no habrían
podido acceder a servicios de salud como exámenes diagnósticos, consultas con
médicos especialistas, entrega de medicamentos u operaciones requeridas de
urgencia, entre otros.
La
coincidencia no podía ser más triste: el mismo día que fue asesinado por tropas
del Ejército en zona rural del municipio de Totoró Edwin Legarda, esposo de Aida
Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), se
rememoraban los 17 años de la masacre de El Nilo, perpetrada por miembros de la Policía Nacional y que dejó 20
comuneros indígenas muertos en el municipio de Caloto.
Decenas de familiares de víctimas de grupos paramilitares arribaron
este jueves a una de las escombreras ubicada en la parte alta de este sector de
la ciudad, conocida como Terrígenos, para exigir su cierre e iniciar la
búsqueda de sus seres queridos, sobre quienes se presume fueron asesinados y
enterrados bajo cientos de toneladas de escombros.
Los informes preparados por el Gobierno de
Colombia y las organizaciones no gubernamentales para atender el Examen
Periódico Universal (EPU) propuesto por Naciones Unidas reflejan, cada uno
desde su perspectiva, la situación de derechos humanos en el país.
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