Los estudiantes de la Universidad de
Antioquia esperanque la vieja sentencia que dice: “cubrimos nuestros rostros
con capuchas para que el Gobierno nos pudiera ver”, no siga siendo
estigmatizada ni vinculada a un accionar de la guerrilla al interior de los
claustros universitarios.
En los años en que el conflicto armado estaba en
su punto más cruento en el Oriente antioqueño, los grupos armados ilegales
llegaban a los cementerios de muchos pueblos de la región diciendo “entierren
estos muertos”. Quizás los pobladores sabían quienes eran los difuntos, pero
nadie se atrevía a decirlo. Por ello, hoy es común ver cientos de bóvedas con
la inscripción NN.
“El actual Alcalde de
Medellín tiene que enfrentarse al reto de administrar la ciudad sin necesidad
de pactar con los poderes ilegales. No será fácil, pero eso le permitirá
recomponer a fondo sus instituciones”.
El panorama en Colombia frente a la problemática de
menores de edad reclutados de manera forzada por grupos armados ilegales no es
nada alentador: persiste la práctica de este delito de lesa humanidad; en
algunas regiones del país tiende a aumentar; las políticas gubernamentales no
están incidiendo en su disminución y, como si fuera poco, no se visualizan
acciones concretas por parte de la justicia que permitan concluir que sobre los
responsables de este crimen caerá todo el peso de la Ley.
Integrantes de bandas
armadas ilegales que están surgiendo con fuerza en los barrios marginales de
Apartadó, en el Urabá antioqueño, estarían recibiendo entrenamiento en la
ciudad de Medellín, lo que ha generado preocupación entre las comunidades de
esta región agroindustrial del departamento.
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