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El
departamento de Antioquia ocupó el deshonroso primer lugar en
el país en ejecuciones extrajudiciales con 67 casos reportados
durante el 2007, de acuerdo con los registros consignados en el Banco
de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro
de Investigación y Educación Popular (Cinep) de Bogotá.
El
asunto es preocupante no sólo a nivel departamental sino
nacional, pues según sus registros, la ocurrencia de esta
práctica criminal aumentó en un
81,6%
durante el 2007, cuando se presentaron 545 casos, con respecto al año
2006, cuyos registros alcanzaron 300 casos. Tales acciones son
atribuibles a miembros de la fuerza pública y a grupos
paramilitares, cuyo accionar recibe
apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado, por lo que se considera
que están bajo su responsabilidad.
También
es motivo de inquietud los responsables de este tipo de crímenes.
El Ejército es señalado por las comunidades,
especialmente rurales, de perpetrar 204 ejecuciones sumarias en
diversas regiones del país. El Banco de Datos de Cinep reporta
261 casos bajo responsabilidad de grupos paramilitares que aún
operan en el país y registra 19 casos en los que participaron
tropas combinadas de unos y otros.
Dentro
de estos casos de violación a los derechos humanos perpetrados
por agentes del Estado y fuerzas ilegales a su servicio, se registran
tres motivaciones específicas: persecución política,
cuyos casos sumaron 468; abuso de autoridad, 34 casos; e intolerancia
social, renglón en el que se registraron 43 ejecuciones
extrajudiciales.
Después
de Antioquia, se ubican los departamentos de Santander, con 57 casos;
Córdoba, con 44; Chocó, con 41; y Huila, con 38 casos.
Las ejecuciones extrajudiciales se han presentado en 20 departamentos
más, con lo cual se constata que esta modalidad de violación
del derecho a la vida afecta al 78% del territorio nacional.
En
cuanto a los municipios antioqueños, el Banco de Datos de
Cinep registra ejecuciones extrajudiciales en 14 poblaciones, siendo
Medellín la ciudad que más casos reporta, con 12
ejecuciones; seguida de Turbo, en el Urabá antioqueño,
con 8. Después se ubican Segovia, Apartadó, Yolombó,
Sonsón, Bello, Mutatá, Montebello, Itagüí,
La Ceja, Angostura, Chigorodó y Puerto Berrío.
De
unos y de otros
Las
evidencias contenidas en las diversas historias reseñadas por
Cinep ilustran el carácter generalizado y sistemático
que revisten las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza
pública y al paramilitarismo, cuyo accionar, pese a la
negativa del Gobierno nacional, aún continúa en
diversas regiones del país.
Por
ejemplo, versiones recogidas por defensores de derechos humanos en
zona rural de Remedios, municipio del Nordeste antioqueño, le
atribuyen a miembros del Ejército la muerte de un campesino.
Los hechos ocurrieron el sábado 6 de enero de 2007 cuando
“tropas
adscritas al Plan Especial Energético y Vial 8, del Ejército
Nacional, ejecutaron a Heriberto Correa, campesino de la vereda Santa
Marta, quien fue sacado de su finca El
Coquito
y trasladado al caserío de esta vereda en donde lo
ejecutaron”.
Otro
reporte indica que militares del Batallón Contraguerrilla 8,
adscritos al Comando Operativo 3 del Ejército ejecutaron a un
joven de quien sólo se sabía su apellido, Acevedo, en
la vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Nariño,
oriente antioqueño. Según el relato, la víctima
fue presentada por los militares ante los medios de información
como un guerrillero del Frente 47 de las Farc, conocido con el alias
de Iván y muerto en combate. No obstante, los pobladores de la
vereda manifestaron que el joven era un líder comunal y no era
un insurgente, desvirtuando la versión oficial.
Una
de las ejecuciones sumarias que más ha inquietado a la población del Nordeste antioqueño fue la de Carlos
Mario García, de 21 años de edad, miembro
de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros e
integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra y de Cahucopana, ocurrida el martes 27 de marzo de 2007.
Del crimen se sindica a tropas del Batallón Calibío de
la Brigada 14 del Ejército, que presentaron al campesino como
guerrillero muerto en combate.
Al
conocer los hechos, la Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra y de Cahucopana emitió un comunicado en el que
presentaron la versión de la comunidad, que precisa que Carlos
Mario pertenecía a esta Asociación, no era guerrillero
y su muerte no fue en combate.
“Tropas
del Batallón Calibío capturaron ilegalmente a dos
jóvenes en la vereda Ojos Claros, uno de los cuales escapó.
Ambos jóvenes se encontraban bajando madera por el río
Tamar, de éstos hechos fue testigo la comunidad, que
observaron que el joven fue detenido vivo", indicó el
informe de la Asociación Campesina.
El
Banco de Datos señala a grupos paramilitares, aún en
actividades delictivas, como responsables de varias ejecuciones
sumarias, entre ellas la ocurrida el miércoles 17 de enero del
año pasado en Medellín. De acuerdo con el informe de
Cinep, presuntos paramilitares torturaron y ejecutaron al comerciante
Abel Mosquera Sánchez, oriundo de Itsmina, Chocó, quién
había trabajado por varios años en la capital
antioqueña: Abel había regresado a esta ciudad a
trabajar de nuevo y cobrar un dinero. El 15 de enero fue
desaparecido. Dos días después, pasadas las 6 de la
tarde, su cuerpo fue hallado en el parque del barrio Pilarica,
empacado en tres bolsas negras, descuartizado con motosierra.
Este
hecho, según el Banco de Datos, se suma a una serie de sucesos
con total semejanza de modo que ocurrieron a lo largo del territorio
nacional en el primer semestre del año pasado. Para este
centro de investigación, esto evidencia la reactivación
de las “escuelas de tortura” que harían parte de una nueva
fase del paramilitarismo en Colombia.
Un
caso similar se presentó en el municipio de Apartadó,
Urabá antioqueño, el domingo 10 de junio 10 de 2007.
Según versiones de pobladores de la zona, “paramilitares
ingresaron de forma violenta al lugar de residencia de Marina Paneso
Ramírez, ubicada en la vereda El Osito y se la llevaron por la
fuerza, siendo ejecutada a través de múltiples lesiones
producidas por machetazos. El cuerpo de la víctima, que
contaba con 50 años, fue encontrada en zona rural de esta
población”.
¿Qué
está pasando?
Los
investigadores en derechos humanos no tienen una explicación
concreta que dé cuenta del incremento de las ejecuciones
extrajudiciales ocurridas en el país. Para el Banco de Datos
de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, esta
práctica reiterada por parte de miembros de la fuerza pública
sería una respuesta a la presión a la tropa por
resultados de los altos mandos castrenses. Al no tener resultados
concretos frente a la insurgencia, optan por sacrificar a la
población más vulnerable, que es la campesina, para
presentarlos como “positivos” en la lucha contra la guerrilla.
Otra
hipótesis esbozada apunta a señalar que las ejecuciones
perpetradas por grupos paramilitares hace parte de su proceso de
“reingeniería”, que implica que detrás de las
desmovilizaciones quedaron varios miembros de esas organizaciones
ilegales sin procesos pendientes con la justicia y se reincorporaron
a la fuerza pública como soldados profesionales, por lo que
estarían operando bajo las dos caras: como Ejército y
como paramilitares.
El
incremento de las ejecuciones extrajudiciales en el país tiene
preocupadas a las autoridades civiles departamentales, quienes
justamente se reunieron este miércoles 1 de abril con
oficiales de la IV Brigada y de la VII División del Ejército
para tratar el tema y buscarle soluciones.
El
abogado Gustavo Montoya, integrante de la Dirección de
Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, explicó
los términos de la reunión, la primera de carácter
oficial de esta administración: “En este encuentro se habló
del tema con los oficiales del Ejército y se acordó
constituir una mesa alterna al Comité Interinstitucional de
Derechos Humanos, en la que participarán funcionarios de la
Procuraduría, la Fiscalía, la Gobernación y los
militares para elaborar un protocolo a través del cual le
haremos seguimiento a los casos reportados”.
Este
protocolo servirá para adelantar el seguimiento de por lo
menos 65 casos que tiene reportados la Gobernación de
Antioquia desde mayo del año pasado a marzo de este año,
lo que revela que hay una ocurrencia sistemática en el
departamento que aún no cede. Se tratará de establecer
diversos datos, como el nombre de la víctima, el contexto de
los hechos, situación de los procesos penales, si están
siendo investigados por la justicia penal militar o la ordinaria, qué
brigadas y batallones estarían comprometidas, así como
los oficiales, suboficiales y soldados.
Se
trata entonces de entender un fenómeno cuya recurrencia está
preocupando no sólo a las comunidades afectadas, entre ellas
las campesinas, sino a las organizaciones defensoras de derechos
humanos nacionales e internacionales, que exigen justicia y reclaman
la no repetición de estos lamentables violaciones a la vida. Fotografia cortesía: Jorge Mata/SURIMAGES-IPA
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