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 La
llamada “Oficina de Envigado” tiene la orden, al parecer desde
hace varios meses, de asesinar a los investigadores de la Corporación
Nuevo Arco Iris, quienes adelantaron el trabajo académico
sobre las relaciones entre grupos paramilitares y políticos
regionales, y que hoy tiene en la cárcel a varios de ellos.
“Me
parece muy grave todo esto”, dijo León Valencia, director
ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris y columnista de
diversos diarios del país. Por referencias de una fuente a la
que le da entero crédito, conoció que la orden de
asesinarlo a él y a una de las investigadoras de Nuevo Arco
Iris, Laura Bonilla, quienes junto a Claudia López adelantaron
el trabajo sobre las relaciones entre paramilitarismo y clase
política en el país, proviene de la llamada “Oficina
de Envigado”.
Esta
organización criminal, que actúa desde esa localidad
del sur del Valle de Aburrá, hace más de una década
ha estado bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don
Berna, recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá,
y en el proceso de Justicia y Paz, y desde el año pasado está
siendo coordinada por Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, quien se
ha rodeado de grupos criminales que actúan bajo prácticas
paramilitares asentados en el municipio de Itagüí,
localidad del sur del área metropolitana.
En
conversación con la Agencia de Prensa IPC, el investigador
explicó que una persona de su confianza, hermano de un
desaparecido, se acercó el pasado 4 de abril a un paramilitar
relacionado con la Oficina de Envigado a buscar información
sobre su familiar. Éste le dijo que no tenía mayor
información y de manera espontánea le comentó
que “la situación se iba a poner muy dura, pues había
orden de asesinar a León Valencia, y a Laura Bonilla”.
“Nosotros
nos enteramos por terceras personas que esa organización tenía
una orden de asesinato contra nosotros. Nos enteramos por pura
casualidad, lo que es preocupante”, expresó Valencia.
La
orden de muerte se suma a diversos hechos intimidatorios y
expresiones amenazantes, como correos electrónicos, llamadas
intimidatorias y robo de equipos de computación de la sede de
la Corporación, ubicada en Bogotá. Este conjunto de
agresiones se incrementaron en el segundo semestre del año
pasado, cuando se difundieron los resultados de la investigación
sobre el nuevo mapa político en Colombia, en cuya redefinición
tuvieron alta injerencia los grupos paramilitares.
Lo
preocupante es que la situación de amenaza e intimidación
se agravó cuando los investigadores profundizaron el tema en
Antioquia, lo que evidencia que desentrañar los nexos entre
políticos regionales y los paramilitares se convierte en un
problema se seguridad y de nuevo reitera que en el Valle de Aburrá
permanecen activas poderosas estructuras armadas ilegales.
Pero
en el departamento, la Corporación Nuevo Arco Iris no sólo
tiene que soportar órdenes de muerte. También en su
contra hay acciones judiciales, entre ellas la instaurada por el
gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, contra la
investigadora Claudia López, por injuria y calumnia, pues el
mandatario seccional es uno de los políticos que, de acuerdo
con la investigación académica, tiene votaciones
atípicas en diversas regiones del departamento, sobre todo en
zonas de alta presencia paramilitar, lo que podría indicar
posibles acuerdos para favorecerlo electoralmente.
Incluso
a las críticas del Gobernador de Antioquia se sumó un
diario de circulación regional que desde sus páginas
editoriales cuestionó la metodología aplicada y resaltó
la falta de rigurosidad académica. Al respecto, Valencia
defendió la investigación y dijo que ha sido tan
precisa que ha coincidido con las declaraciones de los ex
paramilitares y las rendidas por varios ex congresistas.
“Son
polémicas con respecto a la validez y rigurosidad, pero ambas
ya no son puramente académicas; la realidad es que los
organismos de justicia han acogido estas investigaciones y los
propios actores han reconocido esta situación. Entonces el
debate ya está saldado”, precisó Valencia. De ambos
procesos surgió el fenómeno conocido como la
parapolítica, que hoy tiene en la cárcel a 31
congresistas y bajo investigación a 63 más. De ellos,
cinco antioqueños están en prisión y por lo
menos seis más están siendo investigados.
La
dureza de las discusiones contra los resultados de la investigación
académica sobre las relaciones de la clase política con
el proyecto paramilitar podría haber incidido en la decisión
de la “Oficina de Envigado” de ordenar la muerte de los
investigadores de Nuevo Arco Iris. De ello es consciente Valencia y
en todo ello ve una contradicción.
“Los
propios paramilitares están confesando, la gente está
señalando a los políticos, entonces no entiendo por qué
nos amenazan a nosotros, que hicimos una investigación social
y académica sobre el tema. Es una posición un poco
extraña”, aseveró el director ejecutivo de la
Corporación, pues reconoce que hay un proceso de paz con el
Gobierno y las evidencias apuntan a que algunos sectores del
paramilitarismo sigue delinquiendo.
Una
explicación al respecto estaría centrada en los
pronunciamientos en contra de la investigación que difunden
diversos sectores sociales y políticos, que podría ser
el combustible que estimula a los grupos armados ilegales que actúan
bajo prácticas paramilitares para actuar en contra de todo
aquello que les sea adverso o no encuadre en los parámetros
ideológicos dominantes.
Por
ahora los investigadores de la Corporación Nuevo Aro Iris
están valorando el riesgo que generan las amenazas y la orden
dada a la “Oficina de Envigado”. Por el momento tienen a su favor
un pronunciamiento de la Presidencia de la República que
señala que su labor investigativa es legitima, así sea
controversial y crítica del Gobierno; y también hay un
compromiso de las autoridades para mejorar la protección de
las personas que están amenazadas si deciden quedarse en el
país.
La
situación no es fácil para los investigadores de la
parapolítica, y por ser una tensión generada desde
Antioquia se convierte en un reto para las autoridades, pues queda
establecido que la llamada “Oficina de Envigado” no es un mito,
como los han afirmado algunas autoridades, y reclama acciones
contundentes en su contra para capturar a quienes están detrás
de ella y desmontarla de una vez por todas.
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