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“La
cuenca del Naya requiere un lavado para limpiar toda la sangre
derramada en sus tierras”, dice José
Santos Caicedo, líder
de las comunidades afrodescendientes que habita en esa gran cadena
montañosa que divide los departamentos de Cauca y Valle
del Cauca.
Detrás
de esa limpieza profunda hay una exaltación de la vida de
quienes habitan esa región del suroccidente del país,
escenario desde hace varios años de cruentos choques armados
entre Ejército, paramilitares y guerrilla que afecta a las
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, y cuyas
consecuencias en este amplio corredor natural hacia la Costa Pacífica
colombiana han provocado una gran crisis humanitaria de grandes
proporciones que pone en riesgo a por lo menos 23 mil personas.
Su
estratégica posición geográfica, unida a su gran
diversidad y riqueza natural, convirtieron a la cuenca del Naya en
una región ambicionada por diversos empresarios que buscan
explotar sin equilibrio alguno los territorios. Madereros, mineros,
ganaderos, palmicultores y coqueros vienen penetrando en la zona
desplazando las economías tradicionales y socavando la
seguridad alimentaria de sus pobladores.
El
clamor por la vida de todos los habitantes ancestrales del Naya fue
expresado este martes en Medellín por diversas organizaciones
sociales indígenas y afrodescendientes durante la presentación
del Informe Internacional
sobre la problemática del Pacífico Colombiano, caso
Alto Naya, el
segundo que se hace en América Latina. El primero de ellos,
realizado en el 2006, se centró en los indígenas Inaka
Honhat, que habitan el Chacho argentino.
Patricia
Tobón, abogada del colectivo de trabajo indígena
Jenzera, organización que suscribe este documento junto a
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas,
explica que el caso del Alto Naya es el emblema de lo que pasa en
todo el Pacífico colombiano. Por sus especificidades, el
informe será llevado al Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas.
“El
propósito nuestro es que Naciones Unidas le dedique una sesión
a este caso, examinen los expedientes, conozcan la historia y pueda
realizar un llamamiento y plantearle algunas recomendaciones al
Gobierno colombiano”.
Urgencia
manifiesta
“El
desarraigo de la población está en marcha con la
implantación de economías que hacen de la cuenca del
Naya un lugar imposible para la vida, pero también a través
de campañas de exterminio sistemático o masivo”,
señala el informe.
La
abogada y líder indígena advierte que el desarraigo
territorial es el objetivo central de aquellos actores legales e
ilegales que se quieren apropiar del territorio. “No es una
consecuencia del conflicto armado, es un objetivo fundamental que
pretende sacar a las comunidades para transformar el
uso de estas tierras, lo que acaba con los sistemas culturales que
integran a la gente”.
La
población de esta región de 300 mil hectáreas de
extensión se define como interétnica, dado que en ella
confluyen las comunidades indígenas de las etnias Eperara
Siapidaara y Paeces, representada por cerca de 5 mil personas;
afrodescendientes, que son mayoría, con cerca de 18 mil
pobladores, y campesinos, un grupo de cerca de 600 personas.
La
presión  para cambiar las costumbres agrícolas
provienen, especialmente, de grupos externos a la región que
buscan ampliar la frontera de los cultivos de uso ilícito y
reemplazar los sembrados de hoja de coca que han sido erradicados en
los departamentos de Guaviare, Putumayo y Nariño. Con la
intensificación del cultivo de hoja de coca se están
afectando la producción de maíz,
papa china, yuca y plátano, así como la minería
artesanal, la caza y pesca artesanal.
“Las
comunidades están siendo desplazadas por esos empresarios de
la coca, que vienen a comprar tierras o a poseerlas por la fuerza,
destruyendo procesos organizativos y culturales, y afectando la
producción de alimentos”, indica Tobón. La situación
ha llegado a tal punto que en una región en apariencia rica en
recursos naturales sus habitantes consumen comida enlatada que
transportan a la región desde municipios vecinos.
José
Santos Caicedo, líder
afrodescendiente, reitera lo que dice Patricia Tobón, pero
tiene una visión más optimista del asunto: “si bien
los cultivos de uso ilícito afectan de manera muy negativa a
nuestras comunidades, ahora muchos se están resistiendo a eso,
en un proceso de autonomía, y concluyendo que la coca genera
riesgo y los cultivos hay que sacarlos”.
De
allí que existan experiencias de erradicación autónoma
de cultivos de uso ilícito, sin la presencia del Estado, pero
con fuertes discusiones con los actores armados ilegales que circulan
por el territorio y con aquellos que llevaron la coca a la zona.
“Todo ello ha significado amenazas, asesinatos de jóvenes,
zozobra en la gente”, precisa José.
El
líder indígena Elí Ramos, de la etnia Paez,
considera que en el Naya “la gente está totalmente olvidada
por el Gobierno” y advierte que la única forma de
subsistencia es cultivando hoja de coca en grandes cantidades. “La
crisis económica y el olvido del Estado obligan a las
comunidades a a buscar fuentes de ingresos, y la coca es ahora la
única”.
Pero
los temores del indígena Ramos van más allá,
pues a la crítica situación económica, le agrega
la represión estatal, la presencia de la guerilla y la amenaza
de una próxima entrada de grupos paramilitares. “Esos
grupos, que ahora se llaman Águilas Negras, entrarán
supuestamente en persecución de la guerrilla, pero lo que
andan buscando es desplazar a la gente para apropiarse de las tierras
y cultivar otros productos impulsados por el Gobierno, como la palma
africana”.
Su
situación de riesgo llevó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a otorgarles medidas cautelares a
los comuneros de la cuenca del Naya, “en reconocimiento del alto
nivel de riesgo de la población con que se han agredido sus
derechos fundamentales de uno y otro lado de la contienda”.
Buscan
titulación
El
despojo de tierras por parte de los extraños a la región
para aumentar los cultivos de hoja de coca se facilita porque no hay
un proceso de titulación de tierras que le permita a sus
poseedores ancestrales tenerla en calidad de dueños. “Eso es
un problema al que el Estado no le ha prestado mayor atención”,
expresa la abogada Tobón, quien no vacila en responsabilizar
al Estado de ayudar, por acción y omisión, a aquellos
que se quieren apropiar de esos territorios.
En
ese sentido, el informe muestra cómo desde hace varios años
en esta región del Naya y, en general, en el Pacífico
colombiano, se está configurando lo que algunos mecanismos
internacionales llaman genocidio premeditado, perpetrado por actores
armados legales e ilegales que recurre a diversos mecanismos para
afectar a las comunidades asentadas en un territorio específico.
La
lucha de los pobladores ancestrales de la cuenca del Naya es lograr
que los territorios que habitan les sean titulados de manera
colectiva. Hasta el momento esto no se ha logrado de manera
satisfactoria; así como tampoco se ha logrado que la masacre
perpetrada por un comando paramilitar en alianza con el Ejército
en abril de 2001, que dejó 37 campesinos muertos, haya sido
reparada de manera integral.
En
sus conclusiones, el informe consigna lo que, en la práctica,
podría representar aquel “lavado de los territorios” que
invoca el líder comunal José Santos Caicedo y que le
significaría un nuevo camino a los pobladores del Naya: “La
opción por una titulación colectiva e integral de las
tierras y los territorios del Naya y la consideración de una
modalidad de reparación de los daños colectivos que
integre la titulación colectiva, la recuperación de las
economías familiares y la reconstrucción del medio
ambiente, así como la recuperación de la
institucionalidad y la solidaridad interétnica”. Vea además: Jóvenes del Naya: entre la exclusión social y el conflicto armado Fotos: Jorge Mata/Surimages - IPA
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