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Justamente
la ciudad que diseñó un modelo de reinserción
urbana para los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia
(Auc), considerado como exitoso en el país y en el extranjero,
ahora plantea un debate profundo sobre su futuro, en términos
de comenzar a pensar en sus límites temporales, ya sean de
aplicación gradual o de manera inmediata.
Son
ya poco más de cuatro años los que lleva el proceso de
reinserción liderado por la Alcaldía de Medellín
al cual se le han invertido más de 42 mil millones de pesos en
los distintos programas de atención a los desmovilizados.
Iniciado
en noviembre de 2003, con la dejación de armas de 863 hombres
y mujeres del bloque Cacique Nutibara, y engrosado con cerca de 2.100
integrantes del bloque Héroes de Granada, cuya desmovilización
se dio en agosto de 2005, la administración local ha defendido
sin miramientos este proceso, dados sus buenos resultados en materia
de seguridad y convivencia, y a pesar de la falta de coherencia con
el Gobierno nacional en el diseño de políticas claras
al respecto.
El
alcalde Alonso Salazar ha planteado en diversos escenarios públicos
y privados que es necesario ir “cerrando” el proceso de
reinserción liderado por la Alcaldía de Medellín
con poco más de 4.000 desmovilizados de los bloques Cacique
Nutibara, Héroes de Granada, Calima y Pacífico de las
Auc que operaron en la capital antioqueña, así como en
diversos municipios del Valle de Aburrá, el Oriente y el
Nordeste del departamento.
La
idea expuesta por el mandatario local es “cerrarlo” por dos
caminos: el primero es continuar acompañando a aquellos
hombres y mujeres que optaron por la legalidad hasta graduarlos y
lograr que dependan de sí mismos; el segundo es judicializar a
quienes permanecen en la ilegalidad y desaprovecharon la oferta del
Estado para reinsertarse a la legalidad.
La
apertura de esta discusión ha coincidido con los hechos
ocurridos durante los últimos meses en la ciudad, centrados en
escándalos que involucran a reinsertados que acabaron presos o
asesinados y en infiltraciones del narcoparamilitarismo en la
Fiscalía y en la Policía, así como en el
incremento los homicidios en la ciudad, cercano a un 18% con
respecto al año pasado.
Si
bien el proceso ha sido mostrado a Colombia y al mundo como exitoso
en términos de sus logros, desde distintos sectores sociales,
tanto nacionales como internacionales, se ha cuestionado el hecho de
haber sido una desmovilización parcial y no haber evitado que
se le arrebatara el monopolio de la criminalidad a los líderes
paramilitares, quienes persistieron en mantener controles sociales en
los barrios, acompañados de intimidaciones, asesinatos, cobro
de extorsiones, manejo de negocios ilegales y vínculos con el
narcotráfico.
A
estas apreciaciones, la administración del entonces alcalde
Sergio Fajardo respondió que quienes le hicieron trampa al
proceso sólo era un 10% de los desmovilizados paramilitares,
lo que equivaldría a decir que por lo menos 400 personas
continuaron en actividades ilegales. Alonso Salazar ha sido más
crítico al respecto: en declaraciones divulgadas por una
revista de circulación nacional, el mandatario afirma que ese
porcentaje aumentó al 20% y por eso plantea la necesidad de ir
cerrando el proceso.
Al
respecto, especialistas en el tema consultados por la Agencia de
Prensa IPC recomendaron que es necesario dar pasos seguros sobre
aquellas decisiones que se tomen en relación con el proceso de
reinserción, pues cualquier modificación improvisada
podría traer graves consecuencias locales, regionales y
nacionales.
Con
precaución
Alonso
Cardona, director de Conciudadana, organización no
gubernamental que ha estudiado el proceso con perspectiva regional,
destaca el liderazgo que ha tenido la ciudad para adelantar un
proceso de reinserción y la inversión de recursos en
programas específicos para los desmovilizados de las Auc,
convirtiéndolo en modelo para el resto del país.
“Medellín
ha sido considerado el programa estrella, el ejemplo para el país;
por ello creo que hay que dar pasos muy bien dados para tomar
decisiones”, considera Cardona, dado que la población
desmovilizada es “altamente vulnerable al delito”, en particular
a factores como el narcotráfico y la conformación de
bandas delincuenciales organizadas.
Además,
agrega en su análisis, que las decisiones que tome la Alcaldía
de Medellín no sólo tienen efectos en la capital
antioqueña sino en diversas subregiones del departamento, de
donde provienen muchos de los desmovilizados paramilitares.
“Ellos
si vinieron para Medellín porq ue había programas y
beneficios; además, aquí había cierto control de
esa población, si eso se acaba por ejemplo, se verán
obligados a regresas a sus municipios de origen donde no les hacen
caso para absolutamente nada. En esa perspectiva, la situación
sería muy grave”, precisa el especialista.
Jorge
Giraldo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Eafit, coincide con la apreciación del Alcalde de
Medellín, al señalar que todo proceso de reinserción
debe tener algún tipo de horizonte temporal.
Esos
tiempos, agrega, no necesariamente deben tener los tiempos dados a
los procesos adelantados durante los inicios de la década del
90 con las guerrillas del M-19, el Ejército Popular de
Liberación (Epl), la Corriente de Renovación Socialista
(Crs), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el
Quintín Lame, cuyo cierre oficial se logró, previos
acuerdos con el Gobierno nacional, entre los años 2002 u 2003.
“En
el caso de Medellín se ha establecido un proceso que implica
lo que el Programa de Paz y Reconciliación llama la graduación
de los desmovilizados, que es cuando terminan sus fases del proceso,
ahí se hace una especie de cierre, pero parcial, pues las
graduaciones se van dando a medida que los muchachos vayan alcanzando
esa meta”, explica Giraldo.
No
obstante, este analista opina que el proceso de reinserción
habría que terminarlo por un asunto, a su juicio, muy
sencillo: “el país, de alguna manera, fracasó en una
parte muy importante del proceso de reinserción y es el que
tiene que ver con la estigmatización de los ex combatientes”.
Al
compararlo nuevamente con los procesos de paz alcanzados durante de
la década del 90, Giraldo piensa que esos fueron relativamente
exitosos por cuanto la sociedad se abrió a recibir los ex
combatientes, pese a algunos problemas durante el proceso de
negociación, como la muerte de algunos de ellos y la
reincidencia de otros.
“Pero
en el caso de las Auc es problemático: el 90% de los 4.500
reinsertados que hay en Medellín digamos han respetado el
proceso de reinserción, pero siguen cargando encima el estigma
de haber sido combatientes. A mi manera de ver, eso es un obstáculo
para el proceso, por eso darlo por terminado y permitir la
vinculación de estas personas a otro tipo de programas
sociales de la Alcaldía puede ser lo mejor”, dice.
Este
analista coincide con Alonso Cardona en considerar el narcotráfico
como un factor influyente en el destino de los desmovilizados, cuya
característica individual, a diferencia de los guerrilleros
reinsertados en la década del 90, es su origen urbano y su
vinculación a la criminalidad común.
“Eso
le genera una fragilidad muy grande a este proceso y a todos los
procesos que siguen, incluidas las guerrillas”, apunta Giraldo.
Juan
Carlos Palau, investigador de la Fundación Ideas para la Paz,
recomienda un desmonte gradual del proceso de reinserción,
puesto que dentro de los beneficiarios hay personas que se han
mantenido dentro de la ley, pero no ha logrado condiciones para
lanzarse a la vida ciudadana, lo que, a su juicio, requiere un
proceso de análisis individualizado.
Además,
insiste en que ya es el momento de priorizar otros sectores sociales,
entre ellos el de las víctimas de la violencia, “que también
requieren apoyo y atención”.
Agrega
Palau que cualquier decisión que se tome debe considerar
seriamente el efecto que ello tendría en la seguridad urbana,
dadas las características de los desmovilizados y la
influencia de actividades como el narcotráfico, tal como lo
han advertido Cardona y Giraldo.
Por
último, el investigador sugiere que se contemple la
posibilidad de que las decisiones y medidas que se tomen sean
discutidas de manera colectiva y políticamente sustentadas, y
no una decisión administrativa cuya responsabilidad sea
exclusiva del Alcalde: “habría que tomar precauciones para
involucrar a distintos sectores sociales, políticos y
empresariales, para entender el alcance de la decisión”.
Así
como Medellín marcó un camino de intervención
con los ex paramilitares de las Auc que dejaron sus armas, ahora está
planteando las maneras de ponerle fin al proceso. El debate esta
abierto.
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