Seguridad: en el centro de debate para la Veeduría Cuidadana
10/08/08
Si en
algo coinciden la Administración
Municipal y las organizaciones no gubernamentales que
integran la Veeduría Ciudadana
al Plan de Desarrollo Medellín 2008-2011 es que en materia de seguridad y
convivencia no bastan las medidas de orden coercitivo; es necesario promover
una mayor participación ciudadana en la construcción de un modelo que garantice
la tranquilidad de los habitantes de la capital antioqueña.
Sin embargo, existen marcadas diferencias en la forma en
que ambos entes conciben lo que ha sido y será la política de seguridad de la
ciudad.
Así quedó claro al término del segundo Diálogo Público, evento
académico promovido por la
Veeduría y que contó con la presencia de representantes de
este ente de control ciudadano a la gestión pública y representantes de la Alcaldía de Medellín.
Durante el evento, realizado en la
Casa Museo de Antioquia, representantes de
ONG como el Instituto Popular de Capacitación (IPC), Viva la Ciudadanía y la Personería de Medellín,
presentaron un balance general de lo que fue el Plan de Desarrollo 2004-2007 en
materia de seguridad.
Si bien las instituciones destacaron la reducción
significativa en el índice de homicidios y otras manifestaciones de violencia
como los hurtos, el secuestro y las extorsiones, lo que a su vez incidió
fuertemente en el aumento del grado de confianza de la ciudadanía en su
Administración Municipal, también recalcaron que El Plan no cumplió con su
tarea de desarticular estructuras armadas delincuenciales que operan en la
ciudad.
“No hay una definición clara sobre esas estructuras: para
algunos son paramilitares, para otros son bandas emergentes, para otros
simplemente bandas de delincuentes. Lo importante aquí es señalar que todavía
se detecta esa presencia y está afectando seriamente la convivencia en los
barrios”, señaló Patricia Fernández, presidenta de la Veeduría.
Instituciones como el IPC fueron más allá en el análisis,
al plantear que en la disminución de la criminalidad en Medellín durante el
cuatrenio pasado confluyeron varios factores como el diseño de políticas
públicas que motivaron en mayor medida la participación ciudadana y “pactos
tácitos” entre la Administración
Municipal y poderes ilegales.
Según Jesús Balbín, director del IPC, luego del traslado
de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, de la cárcel de Itagüí al
penal de Combita, Boyacá, y de ahí a los Estados Unidos, se registra un alza
sostenida en los homicidios, lo que refuerza la tesis de que don Berna, en su
momento jefe máximo del Bloque Cacique Nutibara, logró contener a sus
subalternos inmersos en un proceso de reinserción a la vida civil con la Alcaldía de Medellín.
El planteamiento fue reforzado por Fernández, al asegurar
que la Alcaldía
pasada administró un pacto celebrado entre el Gobierno nacional y los máximos
jefes de las AUC, que a su vez permitió la desmovilización del Bloque Cacique
Nutibara, pero que no se opuso a prácticas ilegales y a unos actores estructurales
que hoy todavía persisten en la ciudad.
“Eso que se dejó de hacer en el cuatrenio pasado, que a su
vez es un acumulado histórico de Medellín, se ve reflejado ahora en los niveles
de criminalidad”, agregó Fernández.
La participación
ciudadana
La pregunta que movió parte del debate se centró en cómo
enfrentar la criminalidad que vive la capital antioqueña. El director del IPC
resumió lo que para muchos es el nuevo dilema de la ciudad.
“Mientras existió un “patrón” en la ciudad, alguien con
quien negociar, la criminalidad disminuyó, pero ahora que no lo hay, sube. El
dilema está en si se negocia con un nuevo actor hegemónico o se fortalece la
justicia para combatir la delincuencia”, afirmó Balbín.
Para la veeduría, el camino está en incentivar la participación
ciudadana y en involucrar a todos los actores sociales, desde el empresariado
antioqueño hasta la sociedad civil.
“El Plan de Desarrollo 2008-2011 plantea un enfoque de
seguridad integral, de convivencia ciudadana desde la seguridad. Eso sugiere
una continuidad con las políticas en esta materia. Claro esta que aún no se
pueden hacer balances del Plan, pero también cabe decir que una cosa son las
políticas y otra la personalidad de los gobernantes y en eso Alonso le
imprimirá un carácter distinto al de Fajardo. De eso podemos estar seguros”,
añadió la presidenta de la
Veeduría.
Carlos Andrés Pérez Múnera, subsecretario del Orden Civil
de la Secretaría
de Gobierno, indicó que el problema de seguridad de Medellín no es un asunto de
ahora, sino que es una herencia histórica de varias décadas y que para
erradicar este problema no bastan cuatro u ocho años.
“El Alcalde (Alonso) Salazar ha sido realista y ha dicho
que todavía tenemos problemas serios con las empresas criminales, sobre todo
las dedicadas al narcotráfico, pero también ha sido claro en plantear la
política de seguridad que necesita Medellín”, declaró Pérez Múnera.
Al respecto, el Subsecretario defendió la labor hecha por la Administración
Anterior en materia de seguridad, calificando además como
“irresponsable” la afirmación que hacen ciertos sectores de la sociedad sobre
la celebración de “pactos tácitos”con
los poderes ilegales.
“Tenemos que dejar claro que la Administración Municipal,
esta y la anterior, fueron y están siendo consecuentes con el Estado de Derecho
y eso implica la no connivencia ni la complacencia con los estamentos ilegales
ni las empresas criminales, para ningún fin”, sentenció.
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