Así lo han dejado en evidencia un grupo de analistas
económicos, académicos y representantes de comunidades afectadas en diversos
países de América Latina al cuestionar los empréstitos que le otorga la banca
multilateral, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los
países de la región.
Las apreciaciones fueron expuestas en Medellín durante el
Foro Popular de Afectados, en el marco de la Asamblea de los Pueblos,
reunión alterna a la 50º Reunión Anual de Gobernadores del BID, que iniciará
sesiones mañana viernes en la ciudad.
Una de las conclusiones generales que resulta de escuchar
las distintas experiencias latinoamericanas relacionadas con el modelo de
empréstito que aplica el BID a sus acreedores es contundente: son operaciones
financieras que se hacen de espaldas a los impactos sociales y ambientales de
las comunidades donde se desarrollarán los proyectos.
Necesariamente hay que partir de una realidad
incuestionable: en cualquier sistema, llámese como se llame, se necesita
apalancamiento financiero de terceros para impulsar proyectos de desarrollo. El
asunto complejo resulta de preguntarse por los propósitos de la financiación.
Al respecto, William Gaviria Ocampo, vocero del Movimiento
colombiano En deuda con los derechos,
precisa que el único propósito del BID, y en general la banca multilateral, es financiar unos proyectos,
independientemente de la prevención de los impactos sociales, ecológicos y
ambientales que generan. “Esa preocupación se la dejan a los gobiernos
locales”, advierte. “Pero a éstos sólo les interesa mostrar obras y en muy margen
muy reducido se preocupan por trabajar en la prevención de los impactos”.
Se genera entonces un círculo vicioso entre los empréstitos
internacionales y las comunidades, que deben soportar todo el peso del pago de
la deuda. “La financiación de los proyectos se hace ver como un logro para el
desarrollo, pero tiene unos costos financieros que se traducen en mayores
tarifas, nuevos impuestos, recortes fiscales y reformas tributarias para poder
cumplir con los pagos a la banca”, explica Gaviria Ocampo.
Una visión histórica del problema lo explica la socióloga
Vilma Liliana Franco, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC)
de Medellín, quien hace alusión a un empréstito que suscribió Empresas
Municipales de Cali en 1970 con el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (conocido como Banco Mundial) para financiar el plan maestro de
acueducto y alcantarillado de esa ciudad.
“Las cláusulas obligaban a la empresa a establecer un
sistema tarifario por cada uno de sus servicios para garantizar una tasa de
retorno que le diera seguridad al banco de que los pagos serían efectuados. Por
muchos años, la gente se sitió asfixiada y obligada a pagar altos costos del
crédito. Esto es natural para cualquier banquero, pero oneroso para quienes,
con muy bajos ingresos, deben pagar las altas tarifas en servicios públicos”,
comenta Franco.
Una visión actual de ese problema lo representan las poco
más de 60.000 mil familias que por atraso en los pagos de sus facturas no
tienen acceso a los servicios de energía y agua potable en Medellín y varios
municipios que atiende Empresas Públicas de Medellín (EPM), entidad de orden
municipal que precisamente acaba de recibir un préstamo del BID por 450
millones de dólares para invertir en proyectos de saneamiento de aguas
residuales.
“Históricamente, el instrumento del crédito para la
financiación del desarrollo infraestructural en el país ha sido demasiado
oneroso para los sectores más pobres de la sociedad”, agrega la investigadora
del IPC. “Lo cierto es que en esas concesiones no hay nada de altruismo, los
banqueros pocas veces pierden y odian no ganar”.
La reflexión de la socióloga Franco se ve reflejada en los
impactos sociales y ambientales que ha generado la inversión en grandes obras
de infraestructura.
Margarita Flórez, del Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales (ILSA), una estudiosa del tema ambiental advierte sobre los
efectos de la llamada Iniciativa para la Integración
de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que agrupa
una serie de grandes proyectos subregionales relacionados con la construcción
de hidrovías, autopistas, gasoductos y puertos. Son cerca de 35 proyectos que
requieren un poco más de cinco mil millones de dólares.
“Esa iniciativa tiene un valor agregado bastante peligroso
para el medio ambiente si no es analizada como un sólo conjunto de proyectos y
se deja a los estudios de proyecto por proyecto”, indica Flórez. “Con su
ejecución se van a afectar ecosistemas que hasta ahora estaban bastante
intactos como la Amazonía,
las selvas del Mato Grosso, el desierto del Chaco y la Patagonia”.
En ese conjunto de proyectos Colombia tiene varias
propuestas, entre ellas la carretera Pasto-Mocoa y las hidrovía del Meta y del
Putumayo.
Gabriel Strautman, de REDE Brasil, una organización que le
hace seguimiento a las operaciones de la banca multilateral, advierte del
impacto social y ambiental que ha generado la construcción de la hidroeléctrica
Caña Brava, en el estado de Goiás, financiada por el BID.
“Ha significado el desplazamiento de las comunidades
tradicionales de esa región”, cuenta Strautman. “Además, con ellas no se tuvo ninguna
consulta ni discusión. Además, se resisten a reconocer los derechos de la gente”.
El proceso inconsulto obligó a la gente de la región de
influencia del proyecto hidroeléctrico de carácter privado, ejecutado sobre el
río Tocantins, entre las municipalidades de Minaçu y Cavalcante, a constituir
un movimiento de afectados por represas que, basados en su experiencia, exige
respeto, participación y propone una reflexión a la manera cómo se invierte en
desarrollo en la región.
“¿Por qué en lugar de construir nuevas represas, el Gobierno
de Brasil no se dedica a una repotencialización
de las existentes o mejor aún diseña una política seria de eficiencia energética?”,
pregunta el activista de REDE. Y él mismo responde: “la construcción de una hidroeléctrica
significa una concentración muy grande de recursos de inversión que atrae a grandes
empresas interesadas en los recursos públicos para hacer su negocio. Ese es el
verdadero motivador de las construcción de represas, no es la demanda de energía”.
Se proponen salidas
Si bien el diagnóstico
es crítico, los analistas no se
limitan a quejarse. Gaviria Ocampo, por ejemplo, plantea que una salida sería
el fortalecimiento del Banco del Sur, una iniciativa de Brasil, Venezuela,
Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay que entrará en operación en mayo de este
año.
“No se trata de pedirle una reestructuración al BID, pues
sabemos que no lo hará”, precisa Gaviria Ocampo. “Se trata de construir
mecanismos de financiamiento del desarrollo más autónomos, con propósitos más
sociales y humanos, no financieros solamente”.
Otra propuesta planteada por este activista es la
constitución de una moneda única regional, similar al Euro, que le permita a
América Latina no depender del juego artificial que tienen con el dólar.
Por su parte Gabriel Strautman, considera que se debe
revaluar el concepto de financiar proyectos de desarrollo basados solamente en indicadores
financieros, en la demanda y oferta de tasas de ganancia: “Es una lógica
fallida que causa esa serie de impactos, por ello la financiación debe responder
a una lógica más social y humana”.
Finalmente, Vilma Liliana Franco advierte que también se
debería romper con la secuencia de endeudamiento para financiar el desarrollo.
“Es necesaria una reestructuración del gasto público que, en Colombia,
significaría bajo gasto militar y mínimo servicio de pago de la deuda”.
En el fondo, de lo que se trata es de crear herramientas
eficaces para que los países pobres puedan acceder a recursos que les permitan
avanzar en la calidad de vida de sus habitantes y evitar que continúe la
explotación por parte de aquellos agiotistas que sólo busca ganancias
personales.
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