Así lo sentenciaron diversos activistas de América Latina
presentes en el foro Migraciones y Desplazamiento,
que tuvo lugar este viernes en el auditorio María Cano de la Escuela Nacional
Sindical (ENS) y que hace parte de la programación de la “Asamblea de los
Pueblos”, evento alterno a la 50º Asamblea Anual de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que se desarrollará en Medellín entre el 27 y 31 del mismo mes.
Como su nombre lo indica, el Foro buscaba presentar una
radiografía, mediante la exposición de casos puntuales, de lo que ha
significado para algunas poblaciones de Centro, Suramérica y el Caribe el
desarrollo de grandes obras de infraestructura en términos de vulneración de
derechos, desconocimiento de normas jurídicas, ambientales, sociales y de
protección de patrimonios culturales.
Uno de esos casos puntuales expuestos fue la
hidroeléctrica de Caña Brava, proyecto localizado en el río Tocantis, estado de
Goiás, al centro-oriente de Brasil, con capacidad para generar 450 megavatios.
La obra, cuya construcción finalizó en el año 2001 y fue comenzada a llenar en
el 2003, fue financiada con préstamos del BID por valor cercano a los 75 mil
millones de dólares.
Según la norteamericana Laura Carlsen, integrante de la Alianza Nacional
para las Comunidades Latinoamericanas y del Caribe (Nalacc), organización que propende
por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad latina en Estados
Unidos y los países de la región, la construcción de la hidroeléctrica generó
el desplazamiento de por lo menos 200 familias campesinas asentadas durante
años en las zonas de influencia del proyecto.
Basada en el seguimiento que ha hecho de éste y otros
megaproyectos, Carlsen aseguró que si bien el gobierno del vecino país
implementó un programa para el reasentamiento de familias residentes y
afectadas por la construcción de la obra, muchas no lograron beneficiarse de
dichos programas, lo que afectó sensiblemente su calidad de vida.
De acuerdo con la activista norteamericana, el proceso de
reubicación de las familias no fue efectivo ni integral, toda vez que no logró
mejorar, ni siquiera equiparar, las anteriores condiciones de vida de esta
población, atentando así contra el derecho de las comunidades a una vida digna
y el derecho individual al patrimonio.
“Esa es una característica de los megaproyectos, que para
su construcción es necesario desplazar, reubicar o desalojar, muchas veces a la
fuerza, comunidades que viven en las zonas de influencia de los mismos y esos
desplazados nunca logran ser ubicados en condiciones iguales o mejores a las
que ya traían, sino que les comienza a ir de mal en peor”, señaló Carlsen.
Otro de los ejemplos presentados para caracterizar cómo
los megaproyectos atentan contra los derechos de los pueblos, fue el de la
construcción de un complejo agroindustrial en el estado de Guerrero, en México,
que supondría el desplazamiento de por lo menos 15 mil integrantes de
comunidades indígenas de la región.
La tensión ha ido incrementándose en dicho Estado dada la
orden impartida por el gobierno mexicano de militarizar la zona a fin de
proteger los intereses de los inversionistas, que coincidencialmente cuentan
con financiación del BID.
Para Carlsen, este caso sigue el mismo patrón del ejemplo brasileño
–y de otros casos en Colombia y Perú- y es que mientras se genera abundante
información sobre los efectos e impactos que tendrá el proyecto en la economía
y el desarrollo local, es escasa (incluso nula) la información que poseen los
responsables de los mismos sobre los impactos ambientales o sociales.
“Y esto se convierte en un generador de conflicto entre
las mismas comunidades. La población comienza a desconfiar de las bondades de
los megaproyectos y sus responsables no son capaces de dar información sobre
los impactos porque casi siempre carecen de estudios confiables sobre los
costos y beneficios en materia ambiental y social”, agregó.
¿Y Colombia qué?
Al mirar la situación 
colombiana, los expositores
presentes en el evento coincidieron en señalar que buena parte de los casos de
desplazamiento forzado que se han registrado en el país y que son atribuibles a
grupos paramilitares encierran un proyecto de apropiación de tierras fértiles
para el impulso de proyectos agroindustriales.
Fabián Ollaga, miembro del Instituto Latinoamericano de
Servicios Alternativos Legales (ILSA),
con sede en la cuidad de Bogotá, reveló un estudio que da cuenta de cómo en los
procesos de desplazamiento forzado los grupos paramilitares se habrían
apropiado de por lo menos 6 millones de hectáreas de tierra productiva que, a
su vez, componen el 10.8% de la superficie agropecuaria del país.
“Si se mira con detenimiento dónde se presentaron mayores
desplazamientos y en qué años y se compara con el proceso de concentración de
tierras, se observan coincidencias preocupantes. Pero más preocupante es saber
que este gobierno quiere impulsar proyectos basados en el cultivo de palma
africana, para lo cual van a solicitar préstamos al BID, y que necesitan mucha
tierra para ello”, manifestó Ollaga.
Lo anterior también plantea un interrogante sobre el enfoque
que encierra el actual proceso de reparación de víctimas del conflicto armado,
donde, según lo aprecia Ollaga, se está privilegiando la capacidad de generar
riqueza por parte de un sector propietario de las tierras por encima de los
derechos de restitución de bienes de los afectados de un crimen catalogado como
de lesa humanidad.
Frente a este panorama, los conferencistas fueron
enfáticos en ratificar que el modelo de desarrollo que privilegia la
construcción de megaobras, como hidroeléctricas, vías, hidrovías y autopisas,
está atentando contra los derechos humanos sociales, económicos y culturales de
los pueblos.
¿Qué hacer entonces? La sentencia de Laura Carlsen resumió
la opinión de los presentes, aunque de seguro va en contravía de la opinión de
los gobiernos latinoamericanos: “lo mejor es oponerse a la construcción de
megaproyectos”.
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