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La decisión que tomó el confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano de comparecer nuevamente al proceso de Justicia y Paz sólo hasta después de que sea condenado en Estados Unidos no sólo desatiende el plazo de 45 días que le dio un juez federal norteamericano el pasado 4 de marzo para atender a los fiscales colombianos desde su sitio de reclusión en ese país, sino que dilata aún más su versión sobre el proyecto paramilitar que imperó en diversas regiones del país por más de 20 años.

La determinación de alias don Berna fue dada a conocer el pasado viernes por el Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán Arana, luego de una reunión que ambos sostuvieron en la Metropolitan Correccional Center de New York, a donde fue conducido el narcotraficante y jefe paramilitar tras su extradición el 13 de mayo de 2008. Allí aguarda la audiencia de condena, programada para el 22 de abril próximo, por el delito de conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

Al respecto, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), a través de una carta enviada al abogado Diego Álvarez, conmina a Murillo Bejarano y a su defensa a que aporten de manera seria y eficaz a la verdad, la justicia y la reparación integral en Colombia.

“Esta real contribución debe servir para develar los sectores gremiales, políticos y militares que hicieron del paramilitarismo un modelo de control social, organizado con la finalidad de promover una contra reforma agraria y profundizar  un modelo económico excluyente”, precisa el Movice.

La misiva también indica que el derecho de las víctimas no puede estar supeditado a que alias don Berna sea convocado por la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación a versión libre, pues, según el Movice, alias don Berna tiene la posibilidad de acudir a otros instrumentos, como las declaraciones juramentadas para aportar al esclarecimiento de la verdad.

“Invitamos a Diego Fernando Murillo Bejarano y a su defensa a desistir de su estratagema de dilatar el aporte a la verdad, la justicia y reparación integral que reclaman las víctimas, y por el contrario los convocamos a contribuir eficazmente al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por los bloques que comandó”, expresa el Movice.

Ante la decisión tomada por alias don Berna, cabe preguntarse entonces por las verdaderas intenciones del capo del narcotráfico y jefe paramilitar: ¿a qué realmente le apunta con postergar su continuidad en el proceso de Justicia y Paz a la espera de la sentencia condenatoria?

Con esa estrategia de dilación, Murillo Bejarano estaría buscando que su participación en el proceso de Justicia y Paz, a través del cual se juzgan a los paramilitares que se acogieron a los acuerdos de desmovilización con el Gobierno colombiano, sea tenida en cuenta por la justicia de Estados Unidos para negociar posteriores rebajas de pena.

De otra manera no se entiende su decisión, pues tal como quedó consignado en el acta de audiencia especial celebrada el 4 de marzo en la Corte del Distrito Sur de New York, su abogada Margaret Shalley solicitó un aplazamiento de la audiencia de sentencia por 60 días para que, según ella, su defendido pudiera “seguir adelante y cumplir con los fiscales colombianos” en las audiencias de versión libre a las que debe comparecer si quiere obtener los beneficios jurídicos estipulados en la Ley 975 de 2005, que establecen una pena alternativa máxima de 8 años para aquellos que cuenten la verdad y reparen a sus víctimas, pero el juez Richard M. Berman, del Distrito Sur de New York, sólo les concedió 45 días.

En su momento, la Fiscalía norteamericana se opuso a que el juez postergara la audiencia de sentencia, tras considerar que si en tres años alias don Berna no había comparecido de manera relevante a las audiencias de versión libre en el marco del proceso de Justicia y Paz, menos podría hacerlo en ese corto tiempo.

Diego Álvarez, quien asiste a Murillo Bejarano en el proceso de Justicia y Paz, sostiene que los 45 días otorgados por el juez Berman servirían para establecer los mecanismos que le permitieran a su defendido continuar aportando su testimonio en Colombia. “Se trata de establecer unos mecanismos para continuar realmente, porque hasta el momento no existen”, asegura el jurista.

No obstante, no trascendió a la opinión pública si esos mecanismos técnicos fueron tema de conversación entre el Fiscal General Mario Iguarán, las autoridades norteamericanas y alias don Berna en la visita realizada a ese país la semana pasada.

Murillo Bejarano ha sido particularmente esquivo en dar detalles sobre su responsabilidad en la conducción de los bloques paramilitares Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, así como desde su condición de Inspector General de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los posibles acuerdos políticos y económicos que fortalecieron no sólo sus propósitos contrainsurgentes, sino sus intereses económicos, incluido el negocio del narcotráfico.

De hecho, ha reconocido desde Estados Unidos que no ha dicho ni el 10% de todo lo que sabe. Una verdad que esperan por lo menos 13.000 personas que han sido registradas como víctimas de su accionar paramilitar en la segunda ciudad de Colombia.

En las cinco de las 16 versiones a las que concurrió antes de que fuera extraditado el 13 mayo de 2008, se dedicó a hablar generalidades de su accionar paramilitar, atribuyendo muchas acciones a integrantes de esa organización criminal ya muertos, entre ellos a Carlos Castaño Gil, quien fuera el vocero político de las Auc.

Pese a su aparente voluntad de colaboración con el proceso de Justicia y Paz, la decisión de alias don Berna tiene un tono más de condicionamiento que de real disposición, pues requiere conocer primero la condena que le impondrá el juez federal, que ha sido estipulada en un rango entre 324 y 405 meses. Al respecto, la Fiscalía norteamericana ha solicitado que se le imponga la pena máxima, equivalente a 33 años y 7 meses; en tanto la defensa ha pedido la pena mínima dentro del rango, es decir, 27 años.

La dinámica de la justicia norteamericana permite que una vez se profiera condena, se inicien una serie de negociaciones que logren sustanciales reducciones de la sanción penal. Tal parece entonces que el confeso narcotraficante y capo de la criminalidad del Valle del Aburrá por varios años estaría jugando a dos bandas: de un lado, a entregar información valiosa de los negocios y sus socios del narcotráfico en Colombia, que conoce bastante bien. A su favor ya tiene la aceptación de cargos que hizo el 17 de junio de del año pasado ante el juez Berman.

De otro lado, a fortalecer su participación en Justicia y Paz, para que sea tenida en cuenta en posteriores rebajas de la pena en el sistema judicial norteamericano; además, si se le llegase a condenar en Colombia, su pena podría ser cumplida en el exterior, tal como lo prevé el artículo 30 de la Ley 975.