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El Decreto de reparación por Vía Administrativa recae en los vacíos de la ley 975 al no considerar las víctimas del Estado pero además, tiene una serie de dificultades analizadas en su momento. En vez de ser una reparación integral a satisfacción de las víctimas, se queda en un concepto de emergencia y ayuda humanitaria para paliar los efectos de la violación de los derechos humanos. De igual forma, se entrega una indemnización sin considerar un aspecto importante como lo es el despojo de bienes y su valoración, por lo cual la indemnización del desplazamiento es valorado como la violación de un derecho menor que aún en la conciencia de funcionarios y víctimas no se considera como tal a quienes han sido obligados a salir forzosamente de sus territorios, como lo indica el bajo registro de víctimas del desplazamiento.

Se cierra el concepto de víctimas desde varios aspectos: el listado de victimizaciones acordadas en el Decreto (hay victimizaciones que no se incluyeron), en relación al universo si son las que se inscriben para la reparación administrativa (algo mas de trescientas mil) o las que hay por lo menos en las bases de datos oficiales (incluyendo las que están inscritas como desplazados en Acción Social que son cerca de tres millones), en relación al periodo considerado desde cuando se consideran víctimas del conflicto armado y hasta cuando se tienen en cuenta y allí lo del cierre de la inscripción para el pasado 22 de abril; si la tasación se hace con base en el daño causado o en el derecho, con lo cual el Estado se ahorraría por lo menos unos 38 billones de pesos que perderían las víctimas y frente al cual se dejo la posibilidad de que éstas recurran al incidente de reparación, que hasta ahora no se ha fallado ninguno y que los funcionarios obstaculizan y desinforman a las víctimas al señalar que si recibieron la indemnización por Vía Administrativa no podrán reclamar la reparación judicial.

Otro de los vacíos es que es una reparación individual y no se incluye la reparación colectiva (casos de organizaciones sindicales, indígenas, ONG, comunidades, territorios), sumado a la gradualidad en los pagos de esta indemnización, contemplada en plazos de hasta diez anos para pagarla. La satisfacción es uno de los aspectos importantes no resueltos, lo mismo que las garantías de no repetición que desdibujan desde ahora las medidas de reparación por el temor de las víctimas en el reclamo de las tierras y bienes despojadas y por la continuidad de la existencia de nuevas víctimas no reconocidas de un conflicto armado no reconocido.

Hoy existen tres bases de datos de registro de víctimas: el registro único de población desplazada (RUPD) de Acción Social; el registro de víctimas que tiene la Fiscalía y el registro que se tiene de las víctimas para la reparación por la Vía Administrativa. Cada uno tiene una cifra que se mueve en los cerca de tres millones de desplazados (Codhes habla de cuatro y medio millones de desarraigados), algo mas de trescientos mil inscritos para la reparación administrativa (a marzo 30 de este año) y una cifra cercana a los doscientos cuarenta mil inscritos en la Fiscalía. En este punto en general solo se consideran víctimas del desplazamiento unas pocas que están inscritas en esa base de datos y no el gran universo que están inscritas en el RUPD. Tanto a éstas como al resto que no se han inscrito por el miedo ante la presencia y continuidad del conflicto armado en sus territorios, sumado a la baja cultura en la exigibilidad de los derechos, les tocará seguir luchando por su reconocimiento e inclusión en las políticas publicas.

Si la situación de la reparación universal por la Vía Administrativa tiene estos problemas y vacíos, la reparación judicial aún no se ha iniciado, pues como se dijo antes no hay hasta al momento ningún fallo que muestre como se va a tasar el daño causado. Se parte de que de los cinco millones de víctimas existentes en el país solo una pequeña parte podrá ser reparada por la vía judicial pues ello exige individualizar al victimario, que la víctima lo reconozca y lo demuestre en el proceso y además, pensar en los recursos que, en principio, aportarían los victimarios al fondo de reparación. Hasta ahora son pocos los recursos aportados al Fondo (unos treinta mil millones), son más los prometidos por los jefes paramilitares para entregar que no han sido recibidos y otros que más parece una burla a las víctimas como el caso de la electrificación de ocho veredas en Sonsón y una carretera en San Francisco, entregada al Fondo por Macguiver que, de paso, denota que el Estado sabía de estos hechos y no actuó a tiempo o convivió con ellos.

Hay varias razones para proponer de un lado la ampliación del plazo de inscripción:

- La poca cantidad de inscritos o reconocidos para la reparación por Vía Administrativa frente al universo general de víctimas existentes en el país, que hace nugatoria la pretensión de universalidad en esta indemnización.

- El hecho de que muchas víctimas no se hayan inscrito por el miedo existente ante la presencia de actores armados en sus territorios y las debilidades en la institucionalidad local para recoger esa información.

- El que no haya una voluntad general en la sociedad encabezada por el jefe de Estado de dejar atrás el conflicto y pactar con todos los sectores de la sociedad una nueva forma de gobernarse, donde tenga vigencia el Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, el hacer una transición a la paz, la democracia y la vigencia de los derechos humanos, en poder tener de verdad una justicia transicional con transición.

De otro lado, estamos en el momento de seguir exigiendo una ley para las víctimas que retome los temas de restitución de bienes, de la reparación integral, de los componentes de verdad y esclarecimiento histórico, de desmonte de las estructuras armadas que le han dado continuidad al conflicto y de los aspectos que lo motorizan como el narcotráfico.

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