El pasado 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. En varios lugares del país se realizaron acciones para conmemorar este día y en Apartadó, ocurrió algo particular. En ese municipio del Urabá antioqueño, los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín acudieron con sus togas negras para realizar una audiencia pública simbólica con el fin de escuchar a las víctimas, dándoles la importancia que ellas se merecen, en relación con los hechos cometidos por el Frente Alex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Estos administradores de la justicia comprometidos con las verdad, estuvieron presentes delante de 400 víctimas de Urabá en una audiencia que contó con una homilía por parte del Padre Javier Giraldo e intervenciones de víctimas y defensores de derechos humanos quienes narraron cómo fue el accionar de los paramilitares en alianza con las Fuerzas Militares de Colombia, cómo los empresarios legitimaban y financiaban la estructura ilegal y, adicionalmente, concluyeron que la guerra con su estrategia de terror y miedo se había apoderado de toda la zona Urabá cooptando hasta la institucionalidad pública.
En el 2012 iniciaron los procesos jurídicos contra el Bloque Bananero de las AUC, el cual estaba conformado por los frentes de Turbo y Alex Hurtado. El primer frente, que fue comandando por Ever Veloza García, alias ‘HH’, ya tiene sentencia. Pero el segundo, que fue comandado por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito”, está próximo a que este Tribunal profiera una sentencia que incluiría a otros 29 postulados.
El Tribunal tiene conocimiento de que este frente tiene la responsabilidad de haber afectado a 4.356 víctimas, de ellas 3.020 son indirectas y 1.336 directas, desagregadas de la siguiente manera: 2 por secuestros, 30 por reclutamiento, 16 por violencia basada en género, 459 afectadas por desplazamiento forzado, 348 por desaparición y 481 por homicidios.
De otro lado, el Tribunal destacó el valor de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, que ha sido acompañada por el padre Giraldo, como un modelo para las organizaciones de víctimas, quienes no se dejaron intimidar por el miedo y la muerte, exigiendo siempre la garantía de sus derechos vulnerados históricamente por el Estado.
Durante la audiencia simbólica, el Padre Giraldo, reconocido luchador de los derechos humanos y de comunidades afectadas por la violencia, recibió un reconocimiento público por parte de los asistentes y magistrados. Este respaldo se dio en contra prestación a las acusaciones realizadas recientemente por el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien relacionó al sacerdote con grupos guerrilleros.
Entre tanto, de las intervenciones de las víctimas y el Tribunal, se destacaron los siguientes hechos que quedaron como memoria histórica y hoja de ruta para apostarle a la no repetición y el fortalecimiento de la sociedad civil.
- Reconocer a los reclamantes de tierras como sujetos de reparación colectiva.
- Que las empresas bananeras, al igual que quienes colaboraron con los paramilitares aportando para su financiación 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada; como medida de reparación aporten esa misma cantidad por un periodo no inferior al que hicieron con los paramilitares; recursos que serían destinados para el fondo de reparación a las víctimas de Urabá. La propuesta fue reconocida públicamente por el Magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, como iniciativa de la sociedad civil que debería ser respaldada.
- Solicitarle a la Unidad de Atención para las Víctimas- UARIV que reclame los 25 millones de dólares con los cuales el Estado norteamericano sancionó a la multinacional Chiquita Brands, para que sean destinados para el Fondo para la Reparación a las Víctimas.
- Que gracias a las constantes solicitudes realizadas por el Tribunal Superior de Medellín de Justicia y Paz, con el fin de investigar a los empresarios que financiaron a grupos paramilitares, el pasado 3 de diciembre del 2015 la Fiscalía General de la Nación conformó un especial para iniciar investigaciones.
Esta sería la conformación de esa unidad especial de la Fiscalía para investigar a los empresarios que financiaron a los paramilitares[1]:
- Antioquia, Córdoba y Chocó (zona de influencia de los bloques Élmer Cárdenas, Héroes de Granada, Mineros, Héroes de Tolová, Cacique Nutibara, Bananero y Córdoba, y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio).
- La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre (bloques Norte, Héroes de los Montes de María y Central Bolívar).
- Santander, Norte de Santander, Arauca y el Magdalena Medio (bloques Catatumbo, Central Bolívar y Vencedores de Arauca; Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio). Uno para Valle del Cauca y Cauca (bloque Calima).
- Nariño y Putumayo (bloque Central Bolívar).
- Caquetá, Huila y Tolima (bloques Calima, Central Bolívar y Tolima, y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio).
- Meta y Casanare (bloques Centauros, y Meta y Vichada)
- Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y Boyacá (bloques Central Bolívar y Cundinamarca, Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio)
Al finalizar la audiencia tanto los participantes como los magistrados sintieron que se aportaba no solo a la verdad, sino igualmente a dignificar a las víctimas en lograr un camino donde haga presencia el Estado y no los actores armados.
“El Tribunal que va estar con ustedes, va a caminar con ustedes, tal como lo dijo en la lectura el Padre Giraldo, del profeta Isaías, aquí estaremos caminando con ustedes, en su caminar.”
Palabras de la Presidenta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, María Consuelo Rincón Jaramillo. Abril 9 de 2016. Apartadó, Antioquia.
[1] Empresarios y cacaos al banquillo por paramilitarismo. www.las2orillas.com. 12 abril de 2016. Para visualizar la nota visitar el siguiente link http://www.las2orillas.co/empresarios-y-cacaos-al-banquillo-por-paramilitarismo/