Antes de comenzar su relato, este morador de la comuna 13 empezó por plantear que ese es el sector más militarizado de Medellín y, sin embargo, el conflicto sigue siendo fuerte, lo cual refleja que la solución no es un asunto puramente militar.
En esa comuna hay alrededor de 20 espacios acondicionados para la policía o el ejército, indicó este ciudadano. “Entre ellos la Casa de Justicia de la comuna 13, la Casa Orión, la base de policía de El Corazón y tres CAI: en La Loma, San Michel y el Salado parte alta. El resto son viviendas acondicionadas para que habite el ejército o la policía.”
El poblador agregó que en esta zona hay aproximadamente 650 uniformados de la policía y el ejército y de otros grupos especiales de la fuerza pública, como son el CTI de la Fiscalía, la Policía Militar y el Grupo de Operativos Especiales, GOES.
El panorama de grupos ilegales también fue descrito por este hombre, quien refirió un mapeo del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, según el cual hay 25 combos en la comuna 13.
Este residente explicó que “hay grupos con un gran aparato organizativo y militar, como La Agonía, que en este momento es el más fuerte en la zona y controla los barrios San Javier, El Socorro, Las Peñitas, Altos de la Virgen y Nariño. El otro combo, de alto nivel organizativo, es el que funciona en la cuenca de La Iguaná. Esos son los llamados Pesebres, que están con alias Carlos Pesebre. Ese combo controla los barrios El Pesebre, El Paraíso, Blanquizal y una parte de La Divisa.”
De acuerdo con este habitante, habría un tercer grupo que le está disputando el territorio a La Agonía. Se trataría de un combo del corregimiento de San Cristóbal que hace presencia en el sector La Loma. Desde allí estaría dirigiendo enfrentamientos con La Agonía en zonas como Eduardo Santos y Quintas de San Javier.
“Pero por otro lado hay unos grupos con bajo poder organizativo y poco poder militar, que son los que están ubicados en Independencias, El Salado, Nuevos Conquistadores y 20 de Julio. Algunos de estos grupos tienen 5 ó 10 personas”, explicó este ciudadano.
Entre esos grupos pequeños, según este habitante, están: Los Pirusos, en el barrio Las Independencias I; La Torre, entre Belencito e Independencias II; Los Conejos, Los Picuas y La Urba, en las Independencias; El Hoyo, en El Salado; La 115 en el sector El Depósito del barrio El Salado; El Seis, en El Salado parte alta; Los de Cuatro Esquinas, en Nuevos Conquistadores parte alta; y La Arenera en el sector del mismo nombre.
Este residente agregó que “en las zonas de Belencito, Corazón, La Asomadera y Villa Laura, hay otros grupos como La Sexta y, se supone que por allá, también están Los Urabeños copando territorio. Eso no se ha confirmado aún, pero la gente dice que ellos están copando territorio sobre todo porque hay un corredor hacia Alta Vista.”
Los combos de bajo nivel organizativo están articulados a las grandes bandas de la comuna 13: La Agonía y Los Pesebres, y suelen mutar con facilidad o crear débiles alianzas para combatir a otras estructuras, según explicó este poblador. “Un día entre algunos grupos se alían para atacar a otros, eso puede ser de dos días o de uno, pero después vuelven y se fragmentan y se siguen tirando entre todos.”
Esa proliferación de grupos de bajo nivel militar también facilitaría los cambios de bando, porque según este ciudadano, está claro que La Agonía está con Los Urabeños y los de El Pesebre están con una facción de La Oficina; pero con los grupos pequeños “es más complicado, porque por decir a un combo como Los Pirusos les dan 100 mil a la semana para cada persona y si mañana yo les ofrezco 120 mil pues se van para allá.
Para este habitante, las dinámicas de fragmentación de los combos también generan una disputa por la comunidad misma, que en algunos casos deviene en agresiones a familiares de los integrantes de estos grupos.
De otro lado, una particularidad actual de los grupos ilegales, “es que están integrados por personas muy jóvenes, incluso niños desde los 12 hasta los 18 años”, reveló este morador, quien agregó que los menores de edad ingresan a los combos empujados por la pobreza y atraídos por las ofertas económicas que les hacen.
Pero una situación adicional estaría relacionada con los deseos de venganza, pues algunos de esos jóvenes vivieron la fuerte violencia de los años 2001 y 2002, cuando se enfrentaban los grupos subversivos y paramilitares.
“Entonces el dicho es que hay armas y hay un negocio rentable, que son las vacunas y la droga, pero también hay un condicionante y es que muchos de esos pelados venían de ese periodo de violencia con resentimientos y con situaciones sin resolver, además con pocas posibilidades para acceder a un empleo digno o a educación de calidad”, explicó este habitante.
Otro elemento que es necesario destacar, en relación con la conformación de los combos, es que hubo una fragmentación de las estructuras paramilitares, que aún mantenían su hegemonía, luego de la extradición de los jefes de las AUC. Esas estructuras terminaron por dividirse en varios grupos y, bajo diferentes liderazgos, comenzaron a pelearse el poder.
Para el caso de Medellín y de la comuna 13, esa fragmentación ocurrió en el año 2008 cuando el comandante del Bloque Cacique Nutibara, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, fue extraditado a Estados Unidos.
“Después de la desmovilización aquí se consolidan estos grupos haciendo control territorial, generando desplazamiento, pero también vacunando y comerciando droga. Entonces muchos de esos pelados que venían del proyecto paramilitar crearon sus pequeños grupos con intención de tener poder en el territorio”, explicó este ciudadano.
Pero de acuerdo con este poblador, los grupos actuales carecen de la connotación ideológica que tenían las organizaciones subversivas y, en algunos aspectos, paramilitares. Por esta razón no convocan a la comunidad ni implementan normas para controlar la convivencia en el sector.
“Ellos tienen una connotación más económica y más de dominio del territorio para acceder a asuntos económicos. Por ejemplo la guerrilla hacía reuniones o campañas con mensajes de lo que venían posicionando en la ciudad. Los paramilitares también hacían reuniones. Entonces ahí hay una clara condición de generar adeptos para el movimiento. Pero ahora esa no es la intención, por el contrario lo que menos quieren los combos es generar enemigos en el territorio”, argumentó este morador.
Sin embargo, los combos actuales si entran a resolver problemas de la comunidad, relacionados con conflictos familiares, riñas y deudas. Según este hombre, los castigos que implementan van desde golpizas hasta desplazamientos e incluso la muerte. Lo lamentable es que en algunas ocasiones los grupos aprovechan las disputas para vincular a los jóvenes en sus organizaciones.
“Por ejemplo en el 2008 había unos conflictos entre grupos de pelados del sector de Cuatro Esquinas, pero no tenía connotaciones de conflicto armado. De manos de un líder de la zona nos dimos cuenta que uno de los combos, que estaba consolidado, les dio 10 armas a los pelados para que resolvieran el conflicto. Lo que pasó es que los pelados recibieron los fierros y quisieron resolver el problema a través de las armas, pero el otro grupo de pelados también se armó y eso terminó siendo un conflicto armado” relató el poblador de la comuna 13.
Un asunto adicional, en relación con la intervención de los combos en las dinámicas comunitarias, estaría relacionado con las presiones de algunos integrantes de los grupos ilegales para conseguir empleos en la construcción de obras públicas.
“Por ejemplo, para el caso de la construcción de las escaleras eléctricas había algunas solicitudes de los grupos armados para que algunos de sus jóvenes trabajaran en la construcción, en el proceso de demolición de casas y adecuación de esos espacios. La vuelta es que exigían que fueran los pelados de los grupos armados”, relató este ciudadano.
Y agregó: “Uno entiende que los pelados que están en estos combos son víctimas de estas lógicas de marginación y de exclusión; de que el modelo de ciudad planteado para Medellín excluye a las comunidades y a unas demandas históricas en el territorio. Entonces uno entendería que, si los pelados piden camello a la brava, es también por las condiciones económicas que están atravesando”.
De otro lado, el poblador afirmó que una de las afectaciones más directas que vive la comunidad, aparte de los enfrentamientos armados, son las fronteras invisibles, las cuales se habrían incrementado en los últimos años con la fragmentación y proliferación de diferentes grupos ilegales. Esta situación estaría restringiendo, cada vez más, la movilidad de las personas por el territorio.
“Casi toda la comuna está en disputa. Los que no están en disputa armada serían San Javier I y II y el 20 de Julio. Son muy pocos. Pero todos están en disputa y por ejemplo si en San Javier y el 20 de Julio no hay confrontación pero si hay control, en cualquier momento lo paran y le preguntan para dónde va. Y también hay vacuna al comercio”, reveló este habitante.
También la fuerza pública estaría incidiendo en prácticas de control social que vulneran los derechos de la comunidad, denunció este ciudadano al poner como ejemplo las batidas a la población juvenil. “Lo de las batidas es muy complicado porque la Corte Constitucional las declaró como una práctica ilegal, por el hecho de que la retención es contra la voluntad de la gente. Pero aquí eso se ve cada semana.”
Otra estrategia de la fuerza pública en la comuna 13, que en este caso va contra el Principio de Distinción del Derecho Internacional Humanitario, es la conformación de un grupo de Policía Cívica Juvenil, que según este residente estaría integrado por unos 250 niños y jóvenes de la zona. Este hombre agregó que la comunidad “ha manifestado que eso es una práctica directa de vinculación de niños y niñas en la institución militar y policiva”.
Además de reiterar que la población tiene poca confianza en la fuerza pública, por la forma como han actuado en ocasiones anteriores, este morador expresó que, en general, el Estado ha sido muy lento en impartir justicia y ha sufrido altos niveles de corrupción.
“Adicionalmente el Estado ha sido muy reduccionista con ese asunto de la seguridad. Ellos plantean que la seguridad es incremento de fuerza pública y eso no es. Por eso ha fracasado la intervención aquí, aunque ha habido avances en educación e infraestructura. Pero las escaleras eléctricas no solucionan la desigualdad o la inequidad estructural en Medellín o en la comuna; ni la Pantalla de Agua soluciona la estigmatización histórica”, afirmó el habitante.
Valdría agregar que, en algunas situaciones, la militarización del territorio no ha resultado tan efectiva como se esperaba, según explicó este morador. “Las autoridades dicen que no hay territorio vedado para la policía en la comuna 13 y que territorio va a estar vedado si ellos están en todos los barrios. Pero hace 15 días hubo un enfrentamiento de tres horas. Eso es vergonzoso, al lado de un CAI periférico y de una base militar.”
Además este residente criticó expresiones que “en algún tiempo se escuchaban en ciertos territorios donde la policía decía: no que se maten entre ellos mismos. Esa es una forma de articulación o de permitir que los grupos armados actúen. Porque parece que una tendencia de la ciudad, para tratar de pacificar el territorio, es la hegemonía de uno de los grupos.”
Los casos de inoperancia de las autoridades también son evidentes en problemáticas como la extorsión, que no logra ser erradicada de la zona. De acuerdo con este ciudadano, “el tema de la vacuna es muy difícil porque ellos dicen: ‘pague 10 mil pesos semanales para la vigilancia’, pero frente a qué amenaza, frente a ellos mismos. Entonces es págueme para que no lo atraque o no le dañe su chuzo. Esas vacunas las cobran al transporte y a las tiendas o supermercados. Por ejemplo hay supermercados a los que les exigen el pago en efectivo pero también en especie.”
Este tipo de particularidades hacen que el conflicto difiera en algunos aspectos del que se vivía antes de la Operación Orión. “La diferencia en comparación con hace 10 años, es que por ejemplo la guerrilla pedía vacunas pero era a consideración de la gente, ahora hay tarifas. Además antes uno se podía mover porque, al estar ellos con la hegemonía del poder, pues había posibilidades de que los jóvenes fueran a otros sectores”, relató este residente.
El 29 de junio de 2002, los paramilitares incursionaron en el barrio El Salado, el cual era controlado por la guerrilla. Ese día hombres del bloque Cacique Nutibara asesinaron a un habitante, quemaron nueve ranchos y agredieron a los lugareños. Esto originó el desplazamiento de unas 170 familias del sector.
“Esa incursión no debilitó a la guerrilla pero si les incursionaron en un territorio de fortaleza guerrillera. Pero yo creo que los paramilitares solos no hubieran sido capaces de derrotarlos. Eso también explica un poco por qué la articulación entre fuerza pública y paramilitares; […] por ejemplo en las operaciones anteriores a la Orión la guerrilla respondió militarmente. El hecho de que nos tocaran combates de dos días mostraba que la guerrilla tenía con qué responder”, argumentó el poblador de la comuna 13.
Pero finalmente la guerrilla fue desplazada de la comuna con la Operación Orión y muchos de los lugares que fueron fortines de la subversión, hoy son usados por la fuerza pública para tratar de ejercer control sobre el territorio.
“Eso es muy charro simbólicamente. Por ejemplo, la guerrilla se metió en una casa grandísima de las Independencias II, que la dejaron abandonada los dueños, y cuando entró la policía convirtieron eso en una base militar. En El Corazón hay un filo que era fortín de la guerrilla y preciso hoy es una base militar. Eso es un asunto simbólico. Se cambió el nombre pero se mantiene el lugar y se mantienen los armados”, concluyó este ciudadano.
Simbologías de este tipo son las que encuentran a diario los habitantes de la comuna 13, que han sobrevivido a distintas épocas de conflicto y aún esperan que el Estado pueda garantizarles bienestar y paz en sus territorios; pero no a fuerza de más violencia sino de trabajo social.
