El listado de preguntas de Diana Arango es extenso y se puede notar en esta entrevista con la Agencia de Prensa IPC. Describe las irregularidades en la búsqueda de personas desaparecidas en el cañón del río Cauca desde antes de que se inundara la represa.
La directora de Équitas, una organización creada en el 2004 y compuesta por un equipo forense independiente que ha investigado de graves violaciones a los derechos humanos en el país, cuestiona a la Fiscalía por ocupar un papel secundario en la búsqueda de los desaparecidos, a Socya por cumplir una tarea judicial que no le correspondía y a la Universidad de Antioquia por adelantar una intervención de tres cementerios irregulares que no le correspondía.
Esta entrevista hace parte de la investigación Los desaparecidos que negó Hidroituango
IPC. En primer lugar, hablemos de la intervención de los cementerios irregulares de La Fortuna (Buriticá), Barbacoas (Peque) y Orobajo (Sabanalarga). ¿El traslado administrativo que hizo la Universidad de Antioquia se trató de un trabajo forense?
Diana Arango. Esa es la gran pregunta. Lo que dice la profesora Timisay Monsalve en la audiencia de la JEP y lo que se establece en distintas intervenciones es que no fue una intervención forense sino administrativa de traslado de los cementerios. Sin embargo, nos asalta una pregunta: lo que dice la profesora es que la Fiscalía le dio un visto bueno, una certificación, en la que se afirma que en los cementerios que iban a intervenir no había personas que habían sido asesinadas o que eran víctimas del conflicto armado y que, por lo tanto, se iba a hacer el traslado administrativo. Hasta ahí está bien, porque no está por fuera de la ley.
Sin embargo, cuando ya empezaron a intervenir el cementerio, y en las palabras de la profesora en la audiencia, ella establece que lo que empezaron a encontrar en el cementerio no correspondía con la información preliminar que tenían. Ellos empezaron a exhumar las tumbas y lo que encontraron es que en el cementerio de Barbacoas esperaban encontrar un individuo de tales condiciones, pero encontraban tres personas en una tumba o no encontraban nada. El estado del cementerio era de tal magnitud en términos del desorden, que ellos no podían determinar claramente qué era lo que había en el cementerio. Tan es así que ellos decían que entre el 5% y 6% de las tumbas del cementerio tenían información. Es decir, que del 95% de las tumbas del cementerio no tenían información confiable.
Aquí sí hay un problema muy grande, porque el estado del cementerio no correspondía con lo que decía la Fiscalía de que el cementerio ya estaba listo para el traslado. El error más grande fue haber continuado con una intervención administrativa cuando debió convertirse en una intervención de corte forense, porque no se podía establecer claramente la trazabilidad de la inhumación de las personas que iban encontrando en las exhumaciones.
IPC. ¿Cuál es la diferencia entre un traslado administrativo y una intervención de tipo forense?
D.A. Básicamente los protocolos son los mismos. No soy forense, pero en los protocolos se deben tener las mismas precauciones en términos del embalaje, la trazabilidad, los informes de campo, la recopilación de la información. Lo que pasa es que cuando involucras lo forense tiene que ver con un proceso judicial. Es cuando tienes un claro indicio de que las personas pudieron haber muerto por causa violenta.
Aquí lo que tienes que hacer es revisar si los cuerpos que estás recuperando tienen lesiones visibles que pueden corresponder a una muerte violenta. Entonces ya no es un traslado administrativo como tal, sino que tienes que manejar un ente judicial. Cuando una persona muere de manera violenta, ese cuerpo tendrá una cadena de custodia hasta que cese la investigación. Incluso cuando esta termine, la Fiscalía tiene un tiempo después en el que estos cuerpos no pueden ser cremados, ni cambiados de sitio, ni removidos. El cuerpo es una prueba misma de lo que sucedió. Para tocar esos cuerpos debes tener primero una orden judicial.
Estamos hablando de que la evidencia asociada a esas personas no puede ser alterada de ninguna manera porque estás afectando la prueba judicial. Una de las cosas que decía la profesora Timisay es que ellos lavaron todas las prendas de todas las personas que recuperaron en el cementerio y que lavaron los cuerpos también. Las personas que fueron trasladadas de esos cementerios correspondían a víctimas de algún hecho violento, con esa actuación afectó las pruebas, afectó tanto el cuerpo como el material probatorio que pudiera haber en las prendas. Eso no se puede hacer.
Ahí hay problemas grandes por el manejo de las personas trasladadas porque presuntamente son víctimas de muerte violenta o en el marco del conflicto. Ese es el problema: los coordinadores de la intervención al darse cuenta del estado tal de los cementerios, no podían dar cuenta de que era un traslado administrativo porque la información no correspondía, eso debió pararse y debieron solicitar la presencia de la Fiscalía.
IPC. La profesora Timisay le dijo a la JEP en la audiencia que trasladaron dos cuerpos con signos de violencia. ¿Si lo identificó en campo, qué debió hacer?
D.A. Debieron suspender la exhumación. Si estoy en una intervención administrativa, y me encuentro unos cuerpos con claros signos de violencia, yo ahí mismo suspendo porque esos cuerpos tienen custodia judicial. Cualquier persona que toque esos cuerpos altera la prueba judicial. Ahí se debe parar la exhumación y llamar a la Fiscalía.
El paz y salvo que a la profesora Timisay le dieron no es válida. La Fiscalía dijo que en ese cementerio no había ninguna persona que pudiera corresponder a una víctima de una muerte violenta. Claramente, si yo me encuentro dos cuerpos, eso significa que no es como dice la Fiscalía, por eso se debió parar la exhumación, llamar a la Fiscalía para que asumiera la continuación de la exhumación del cementerio y para que hiciera la investigación de lo que había en el cementerio. En el afán de trasladar el cementerio para continuar con la inundación de la represa no se procedió de la manera adecuada por la investigación que requería ese cementerio.
IPC. ¿Cuál información se perdió con la intervención de la Universidad de Antioquia?
D.A. El problema es cuando no sabes qué exhumaste, cuando hay personas con signos visibles de violencia y se continúa con un procedimiento que no es permitido, porque altera la prueba. Los residuos que había en esa ropa, de pólvora o sangre, ya se perdieron. Se perdió todo.
IPC. ¿Se puede asegurar que no había personas desaparecidas en los cementerios de La Fortuna, Barbacoas y Orobajo como dice EPM?
D.A. Claramente no había cómo asegurarlo. Una de las grandes contradicciones es cuando la Fiscalía responde a la intervención de la profesora TImisay y dice que no emitieron ningún certificado. La responsabilidad recae, primero, en la Fiscalía, porque, sin tener conocimiento del cementerio, como dijo un magistrado de la JEP, estamos en una zona donde era de conocimiento público que hubo masacres, desapariciones, homicidios y que se arrojaron personas al río. Y lo más preocupante, sabiendo esta información, uno debe asumir de entrada que los cementerios son un sitio donde pueden estar las personas asesinadas y arrojadas al río.
Si solo se tiene registro del 5% de las tumbas, si no se puede hacer una trazabilidad clara de a quién inhumaron y dónde y las causas por las que murió, me haría más preguntas y pensaría que no es solo un escenario administrativo. Lo que me asalta la duda es que nadie dijo nada. Nadie dijo que el cementerio era un desorden, que había personas con signos de muerte violenta, aquí hay un montón de irregularidades, con la injerencia de EPM en decisiones judiciales. Estamos hablando de hechos muy graves y nadie dijo nada, como si eso fuera normal. Y cuando se les increpa dicen que no sabían nada. Son respuestas que no se compadecen con lo que pasaba en la región.
IPC. Además de los cementerios, está la búsqueda de personas desaparecidas en jurisdicción del proyecto Hidroituango. El fiscal 221, Alonso José Alvear, dijo que hicieron 195 diligencias de exhumación hasta octubre de 2019. ¿Fue esto suficiente para dar paso al llenado de la represa?
D.A. No. Esa es una de las cosas que nosotros dijimos desde el principio y es que puedes decir que hiciste mil exhumaciones, pero cuando no tienes un universo determinado de víctimas, pues las mil exhumaciones pueden corresponder al 10%. Uno de los grandes problemas y de las cosas que se les preguntaba a la Fiscalía y que no supieron responder era cuál era el universo de personas desaparecidas que estamos buscando en la zona de influencia de Hidroituango.
Lo que les decimos a la Fiscalía desde el principio es que pueden decir que hicieron 195 exhumaciones, pero ¿cuál es el universo? ¿Son solo 195 personas en Hidroituango, conociendo los antecedentes de masacres, desplazamientos, de tomas? ¿En los doce municipios de influencia solo había 195 personas? La respuesta es que no. La Fiscalía hizo 195, a las que pudo tener acceso, pero no tienen claridad del universo de personas desaparecidas que pueden estar en la zona de influencia del proyecto. No era suficiente ni era la totalidad de las víctimas.
IPC. Por otro lado, está el papel que cumplió Socya. Leyendo los informes de ellos, ustedes dijeron en la audiencia de la JEP que esa empresa asumió un rol que no le correspondía, ¿por qué?
D.A. Frente a lo de Socya hay temas muy preocupantes. Lo primero es que una empresa que fue contratada con un propósito claro, con una licitación para hacer un proceso más antropológico, social, de recoger las experiencias de las comunidades, de saber en términos culturales qué se estaba perdiendo, cambie de un momento a otro su misión y establezca un proyecto para buscar personas desaparecidas.
Buscar personas desaparecidas no es una tarea fácil, tampoco es una tarea que pueda hacer cualquiera, y mucho menos una empresa que no tiene ningún tipo de formación, experiencia ni trabajo forense. Y ellos asumieron un rol de búsqueda de personas desaparecidas que pareciera, de acuerdo con la información de la audiencia, que se hubiera hecho en conjunto con la Fiscalía.
Uno de los cuestionamientos de Équitas a a Socya es a cuenta de cuál experiencia ellos asumieron un rol de búsqueda de personas desaparecidas en el cañón del río Cauca. Ellos reiteran que no asumieron ese rol, pero nosotros citamos varios informes que ellos entregaron a la JEP que hablan sobre la búsqueda de personas desaparecidas en el cañón del río Cauca y cómo ellos le avisaban a la Fiscalía de puntos que identificaban como posibles zonas de exhumación.
Si uno hace una comparación entre los periodos en los cuales la Fiscalía realiza el mayor número de exhumaciones con la entrada en vigencia del proyecto de Socya, las dos tienen sentido. Podría decir, sin ninguna contundencia, pero sí levanta una pregunta: ¿las acciones de búsqueda de la Fiscalía se supeditaron a lo que Socya estaba haciendo en el territorio? Eso es muy preocupante porque la Fiscalía es la entidad encargada de hacer la investigación criminal, no Socya. Y más que Socya es un socio de EPM en la construcción de este proyecto.
¿Cómo se da la relación entre Socya y la Fiscalía? Porque en los informes se habla que Socya apoyaba de manera logística el traslado de la Fiscalía, alquilaban los carros, las yeguas, se encargaban de los refrigerios y la alimentación para que la Fiscalía se encargara de la exhumación.
IPC. Socya aseguró que identificaron 30 puntos donde habría personas desaparecidas en la zona de influencia de Hidroituango. De estos, descartaron tres puntos, ¿por qué no se intervinieron?
D.A. Cuando se empezaron a hacer las denuncias de la existencia de personas desaparecidas en el cañón del río Cauca, la Fiscalía había dicho que había elaborado un plan y que por eso habían exhumado 195 personas, estaban convencidos de que la zona estaba intervenida y que no había más que hacer.
Sin embargo, cuando se lee los informes de Socya, nosotros lo hicimos, se ve que cada vez que la retroexcavadora hacía intervenciones en las riberas del río exhumaron cuerpos y los tiraron al río. Y eso lo vieron varias personas y lo ponen en los informes. Es decir que el proyecto sí estaba afectando las fosas de las personas que fueron rescatadas por los barequeros e inhumadas en las riberas y la empresa no paró su intervención, y si informó a la Fiscalía, ellos tampoco hicieron nada, pues eso significaba que había más cuerpos y que debía haber un plan extensivo. Pero no pasó nada, el proyecto siguió y la represa se inundó. En un oficio del 30 de octubre de 2015, que envió el director Ambiental, Social y de Sostenibilidad de EPM al fiscal 91 le informaba que en [la playa] Napé, las máquinas de EPM removieron los restos y muchos quedaron dispersos en el lugar y muchos arrojados al río.
¿Por qué la Fiscalía no hizo nada si en los informes de Socya se reiteraba que seguían encontrando enterramientos y que estos se afectaban por las retroexcavadoras?
Y, con relación a los descartes, en su trabajo con las comunidades Socya identificó posibles lugares de enterramiento. No sabemos con cuál equipo. En los informes dice que encontraron 30 puntos y tres fueron descartados. Nuestra pregunta es ¿qué significa que una organización sin experiencia forense y que no es autoridad judicial, descarte o confirme puntos? Eso lo debe hacer la Fiscalía.
Lo que dice el informe de Socya es que en 27 puntos se adelantaron prospecciones y excavaciones. Y dicen que, como resultado, en 18 de esos lugares hallaron personas inhumadas. Cada vez que Socya encontraba un punto iba la Fiscalía. Es muy diciente que la Fiscalía, en su capacidad, no haya hecho una investigación con mayor profundidad.
IPC. Ustedes manifestaron, leyendo los informes, que Socya hizo prospecciones en terreno. El representante de esta empresa lo negó. ¿Qué es una prospección?
D.A. Una prospección es cuando tengo un plan técnico para ir a revisar un sitio en donde tengo una probabilidad de que haya una persona inhumada, y yo hago la verificación del terreno a través de un instrumento intrusivo como una sonda, un barreno, para confirmar o descartar que hay una persona inhumada. Si lo hace la Fiscalía corresponde a un caso que está enmarcado dentro de un proceso para la búsqueda de una persona desaparecida. Por ejemplo: yo tengo información de una persona inhumada en una vereda. La Fiscalía establece una comisión para ir a buscar esa persona. Ese proceso de búsqueda en el terreno, de buscar a alguien, se llama prospección.
Aquí cuando una empresa habla de una prospección, la pregunta es cuál es el mandato. Le preguntamos a Socya y nunca respondieron: ¿qué es para ellos una prospección?
IPC. Gina Camacho, coordinadora técnica de Équitas, dijo a la JEP que hubo 15 puntos que no se intervinieron. ¿Cómo llegaron a esta información?
D.A. No puedo decir los puntos porque forman parte de la reserva judicial. Pero sí podemos decir que están reportados por personas que hacen parte del movimiento Ríos Vivos o por personas de las comunidades que se refieren a puntos que no fueron intervenidos por la Fiscalía. En enero de 2018 nosotros iniciamos una misión internacional de verificación e información y pudimos recoger varios testimonios de las comunidades que decían dónde podrían estar las personas desaparecidas, tanto en la zona de llenado como en otras aledañas. Esta información se puso en conocimiento de la Fiscalía, con quienes nos reunimos. Se necesitaba un plan integral, porque no se habían terminado las labores de búsqueda, no había un universo de víctimas ni un plan de búsqueda de cómo se intervendrían esos puntos y se buscarían las personas. Eso finalmente no se hizo y se llenó la represa.
