Dos situaciones puntuales preocuparon a la Sala de Justicia y Paz durante la audiencia al extraditado ex comandante paramilitar, Diego Fernando Murrillo Bejarano, alias “Berna”, este 31 de marzo. La primera, solo el 40% de las víctimas están debidamente representadas. La segunda, no hay suficientes garantías en Estados Unidos para que los postulados participen en los procesos de la justicia colombiana.
Sobre el primer asunto, el magistrado de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinilla Cogollo, reveló que hay 99 víctimas indirectas registradas en la Sala, y únicamente 39 han sido reconocidas con sus representantes. Por eso hizo una amonestación a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, para que realicen los procedimientos necesarios.
Adicionalmente, el magistrado llamó la atención de la Fiscalía porque no entregó a todas las víctimas las copias del escrito de formulación de cargos y dejó ver su malestar porque, previo a la audiencia, la propia Sala de Justicia y Paz debió pedir en dos ocasiones los cuadernos de los hechos. La tardanza de la Fiscalía para entregarlos ocasionó que los magistrados no tuvieran tiempo suficiente para revisar los documentos.
Pero la situación más crítica se presenta por cuenta de una decisión de la justicia norteamericana de cambiar el lugar de las audiencias en Estados Unidos. Hasta el momento las audiencias se venían realizando en la Corte Federal del Distrito, pero a partir del 1 de abril se realizarán en la Prisión Federal del Distrito Sur de la Florida donde, según la defensa de alias “Berna”, no hay condiciones para adelantar el proceso.
La defensa del ex jefe paramilitar expresó que en la prisión estaría prohibido ingresar equipos de cómputo y documentos con mapas o fotografías, lo que sería una dificultad para desarrollar la diligencia desde Miami. Además señaló que no habría espacio para refrigerios ni recesos, ni baño para necesidades fisiológicas. Por ello advirtió sobre la posibilidad de suspender la audiencia debido a las limitaciones.
Sobre dicha situación, para el magistrado de la Sala de Justicia y Paz, más que las dificultades por la falta de equipos tecnológicos, priman las condiciones humanas del postulado y su abogada, por eso pidió a la defensa gestionar ante las directivas de la cárcel un permiso para recesos, alimentación y servicio de baño.
Sobre las condiciones técnicas, advirtió el magistrado, la falta de algunos equipos no debe ser impedimento para desarrollar la audiencia, por lo que pidió apoyarse en medios manuales –tomar apuntes- y ofreció la posibilidad de darle plazos a la defensa para realizar sus consultas virtuales por fuera de la diligencia.
“La Sala de Justicia y Paz se preocupa seriamente por las condiciones de acceso a los postulados en Miami, dadas las limitaciones que hacen difíciles los procedimientos”, expresó el magistrado, al afirmar que la Sala se dirigirá al Ministerio de Justicia para atender esta dificultad.
Falta de garantías se debe a que no hay acuerdos con la Justicia Norteamericana
Para el jurista Eduardo Carreño, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de la ex senadora Piedad Córdoba en el proceso a alias “Berna”, lo que ocurre en Justicia y Paz es que el Gobierno colombiano, en cabeza del entonces presidente Álvaro Uribe, debió realizar un acuerdo con la justicia norteamericana para adelantar las audiencias a los postulados en ese país, sin embargo dicho acuerdo nunca se realizó al parecer en aras de dilatar los procesos.
“Estas dificultades lo único que ratifican es que se trató de llevar a estas personas –a Estados Unidos- para dificultar al máximo el desarrollo de los procesos penales en Colombia y para que ellos suministren la información de toda la estructura criminal y de todos los delitos que cometieron siendo protagonistas con miembros de la fuerza pública, empresas o con político, como se ha demostrado en algunas versiones de Justicia y Paz. Esto es de dilatar el proceso”, concluyó el abogado.
El jurista indicó que desde el principio el Gobierno actúo mal, porque el ex presidente Uribe no debió extraditar a los postulados sin antes firmar un acuerdo. Además, en aquel entonces se había planteado que primero se realizaran todos los procesos en Colombia y luego los ex jefes paramilitares fueran extraditados a Estados Unidos para responder por el delito de narcotráfico.
Eduardo Carreño agregó que “lo que se ha hecho ha sido por gestión fundamentalmente realizada por la Sala Penal de la Corte en los juicios que se adelantaban contra el paramilitarismo. Después de eso, la Fiscalía a través de la Oficina de Relaciones Internacionales ha gestionado y facilitado algunos mecanismos para hacer las transmisiones vía satélite, pero toda esa infraestructura ha sido aportada por el Estado colombiano y por la Vicepresidencia en particular, no por Estados Unidos.”
El acuerdo para facilitar la realización de las audiencias de Justicia y Paz con los postulados detenidos en Estados Unidos, debería ser desarrollado por las cancillerías de ambos países, las cuales tendrían que realizar un borrador inicial para realizar este tipo de procesos, indicó el abogado Carreño.
La audiencia a alias “Berna” continúa el día de hoy, 1 de abril de 2014, en el Palacio de Justicia de Medellín, bajo la incertidumbre de que la defensa considere insuficientes las condiciones locativas y materiales para avanzar en el proceso, pese a las recomendaciones del magistrado de Justicia y Paz.
IPC hace parte del proceso como víctima de alias “Berna”
En el proceso a alias “Berna” el Instituto Popular de Capacitación -IPC se espera conocer la verdad sobre los hechos que rodearon el secuestro de 4 investigadores del Observatorio de Derechos Humanos del instituto, el 28 de enero de 1999; el ataque con una bomba a la sede de la institución el 29 de agosto de ese mismo año; y las amenazas a los integrantes del Observatorio de Derechos Humanos el 9 de octubre de 2000.
Por estos hechos, un fiscal de Justicia y Paz le imputó a Murillo Bejarano los delitos de secuestro extorsivo agravado con fines políticos, terrorismo y desplazamiento forzado, bajo la modalidad de autoría mediata.
La imputación de cargos, 32 en total, se realizó entre los días 4 y 5 de septiembre de 2012, en una audiencia en la que las víctimas clamaron toda la verdad de parte del ex comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, especialmente en los casos de desaparición forzada.
Entre los cargos imputados están los asesinatos del periodista colombiano Jaime Garzón, del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, de los investigadores del CINEP y de 12 agentes del CTI, quienes según la Fiscalía adelantaban investigaciones contra las AUC y “La Oficina”.
También el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba y la masacre de ocho personas ocurrida en San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005, entre otros casos priorizados.
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