El Tribunal Administrativo de Antioquia falló en segunda instancia a favor de los Consejos Comunitarios Bahía Colombia, Martin Luther King Esperanza 2000, Los Mangos, Manaties y Bocas del Atrato y Leoncito, quienes solicitaron el cumplimiento de sus derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada, identidad cultural étnica, derecho de participación, debido proceso, igualdad y no discriminación, frente a las obras que se realizan en el marco del proyecto Puerto Antioquia.
A pesar que los Consejos Comunitarios solicitaron en la tutela suspender inmediatamente cualquier obra relacionada con el proyecto y sus obras complementarias relacionadas con la red de energía en Nueva Colonia y la ampliación de la vía en Río Grande, el juzgado no accedió a esta pretensión considerando que no es necesaria para garantizar el derecho a la consulta previa y que por el contrario “sería lesiva para el interés general del país” en un proyecto que ya lleva una ejecución del 85%.
En la tutela, los Consejos Comunitarios asentados ancestralmente en sector Río León, Río Suriqui y la costa de la Bahía del Golfo de Urabá, expusieron que el proyecto inició planeación y ejecución de obras sin realizar la consulta previa, como lo señala el Convenio 169 de la OIT, ratificado en Colombia mediante la Ley 29 de 1991, y que exige que las comunidades o “pueblos tribales” deben ser consultadas y garantizar su participación sobre medidas que les puedan afectar directamente.
¿Qué exigen las comunidades?
El 10 de julio de 2025 el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo amparó la tutela promovida por estas cinco comunidades en contra de Puertos, Inversiones y oBRAS S.A.S., Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., Ministerio del Interior, Corpourabá, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Infraestructura y el Distrito de Turbo
En los antecedentes de esta sentencia de primera instancia, se menciona que, en certificación del 4 de febrero de 2010, el Ministerio del Interior señaló que “no se registra presencia de comunidades indígenas y/o negras dentro del área de influencia directa del proyecto Puerto Granelera de Gran Calado”. Igualmente hizo la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior el 4 de agosto de 2015, quien estableció que no se registra “presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom” ni “comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras” en el área del proyecto.
“Un completo desconocimiento del territorio”, así lo menciona Dary Luz Chaverra, representante del Consejo Comunitario Los Manatíes del municipio de Turbo, una comunidad conformada por más de 40 familias y que cuenta con titulación y reconocimiento desde el año 2000.
“Desde el 2018, los cinco Consejos Comunitarios hemos estado dando esta pelea, de que nos reconozcan, escuchen y nos hagan parte de los procesos de consulta previa. Ellos solo reconocieron a los de Omanuco y a Puerto Girón, y con ellos sí han llegado a acuerdos. ¿Cómo van a decir que no hay más comunidades y que solamente encontraron esas dos? Es algo terrible y sobre todo viniendo desde el Ministerio”
Dary Luz Chaverra
Sin embargo, el 5 de agosto y a través de la sentencia 052-2025, se confirmó el fallo en segunda instancia y confirma la sentencia de la tutela: amparar los derechos fundamentales solicitados por los Consejos Comunitarios. Además, ordena al Ministerio del Interior, adelantar la consulta previa con ellos; determinar los impactos ambientales, culturales, económicos y sociales del proyecto; crear mecanismos de diálogo permanente con las comunidades; y proponer e implementar medidas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar y/o reparar los impactos ya generados.
“Es un paso muy importante y un gran reconocimiento de nuestras comunidades, pero hemos solicitado que visiten nuestro territorio y miren las afectaciones que estamos viviendo. Por eso pedimos la suspensión del proyecto porque ya tenemos unas afectaciones que no tienen correcciones, como el ahuyentamiento de algunos peces y mamíferos, y la sedimentación de los ríos León y Suriquí”, agregó Dary Luz.
Según el relato de la lideresa del Consejo Comunitario Los Manatíes, las obras de infraestructuras que se están desarrollando para la construcción de plataformas, puentes y vías, está afectando las actividades de agricultura y pesca que realizan los y las habitantes del área de influencia, generando pérdida de sus saberes ancestrales, inundaciones en los cultivos y desplazamientos a causa de los impactos económicos, sociales y ambientales.
Dentro de las acciones de monitoreo que realiza la comunidad, han evidenciado una disminución significativa en las actividades de pesca a causa del dragado y sedimentación del río, lo que ha hecho que las comunidades pasen de tener tres comidas diarias a solo dos. Esta sedimentación también está generando inundaciones en los cultivos de pancoger que es otra de las actividades de autosostenibilidad y comercialización.
“Otra cosa, cuando ellos comenzaron a clavar esos pilotes para construir, el ruido era tan fuerte que ahuyentó a gran parte de los jaguares que habitaban en nuestro territorio. Nosotros sabíamos que el jaguar existía porque mantenía el equilibrio del ecosistema, se alimentaba de otros animales que hoy están acabando con nuestros cultivos”.
Los intereses detrás del proyecto Puerto Antioquia
En 2012, la Autoridad de Licencias Ambientales otorgó la Licencia Ambiental al proyecto Terminal Portuario de Graneles Sólidos que estaba enfocado en la importación y exportación de graneles sólidos como el cereal, maíz, soya y trigo, con una capacidad proyectada de 2.2 millones de toneladas por año.
Sin embargo, en 2016, la resolución 0079 concedió la modificación de esta licencia ambiental a raíz de cambio de objeto del proyecto, el cual pasó a denominarse Terminal Portuario Multipropósito, y que tenía unas pretensiones más amplias: exportar alimentos perecederos como el banano y las frutas exóticas, ampliar la infraestructura e incrementar la capacidad de carga, la cual pasaría a movilizar 6,6 millones de toneladas por año.
Ante estos cambios y transformaciones, los y las habitantes de esta región han encontrado que el desarrollo de este proyecto aumentó el dragado del río, la movilidad de sus habitantes, la pérdida de la biodiversidad y las actividades ancestrales y de subsistencia como la pesca y la agricultura.
Muchos son los intereses que existen detrás de Puerto Antioquia. En Urabá, desde inicios del XX se pensó la consolidación de un modelo de desarrollo que permitiera conectar el mar con el centro del departamento. Según el informe publicado por Freddy Ordoñez, en 2019, los proyectos Puerto Antioquia, Puerto Pisisí y Puerto Darién Internacional, se pensaron para conectar la región con los otros megaproyectos de Antioquia: autopistas como Mar 1 y Mar 2, la conexión con el túnel del Toyo y la Ruta del sol.
En el informe, además, se señala que Guillermo Gallo, quien fungía como miembro de la Junta Directiva y Gerente de Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., y su hermano Jaime Henríquez Gallo, fueron acusados por Raúl Emilio Hasbún, exjefe de las AUC, como financiadores de este grupo paramilitar.
Por otra parte, se dio a conocer que más de 70 predios de la empresa Chiquita Brands están ubicados en zona estratégica del proyecto Puerto Antioquia y se encuentran nombre de Agrícola El Retiro S.A., empresa socia fundadora de Banadex, y propiedad de Chiquita Brands, cuyos exdirectivos fueron condenados por financiar el paramilitarismo.
