La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) dio a conocer nuevas amenazas de muerte en contra de varios integrantes de esa organización social de la ciudad de Medellín.
La ONG atribuye estas intimidaciones a las investigaciones que viene realizando esa corporación sobre la relación de algunos agentes del Estado con el crimen organizado en la capital antioqueña.
De acuerdo con el comunicado de CORPRADES, “hay serios indicios de posibles atentados contra nuestra organización y sus miembros, por parte de integrantes de las “Convivir” al mando de alias “Monín” de Barbosa (conocido también como el “Mono del Picacho”), los cuales contarían con la participación de uno de sus lugartenientes, alias “Gabrielito”, de sicarios como alias “Gago” y “Candelo”; e incluso con reconocidos criminales de la “Oficina del Valle de Aburrá” como alias “Chuman” y alias “Saya”, jefe de la zona de Aranjuez, Campo Valdés y con influencia en la “Convivir” de Prado Centro.”
Según la ONG, pese a que continúan las amenazas, la respuesta de las autoridades para brindarles protección a las personas en riesgo continúa siendo nula. Por ello CORPADES “responsabiliza a la inteligencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL) y específicamente al brigadier general José Ángel Mendoza Guzmán por hacer caso omiso de las denuncias y por lo que les pueda ocurrir a los integrantes de nuestra corporación.”
La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social es una organización no gubernamental integrada al Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU), una plataforma nacional de Derechos Humanos.
En el año 2012, el 28 de mayo, fue asesinado uno de los escoltas del director de CORPADES, Carlos Mario Arenas. El guardaespaldas Rubén Darío Palacios fue baleado frente a la casa del señor Arenas. Hasta ese año habrían sido asesinadas 13 personas pertenecientes a la corporación, fundada en 1998.
Tras denunciar públicamente las nuevas amenazas, CORPADES hizo un llamado a la dirección general de la Policía, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al Ministerio de Interior, a la Presidencia de la República, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, pidiéndoles su apoyo para la protección y seguridad de los investigadores que estarían amenazados.
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