Aunque en Colombia algunos terratenientes y hasta algunos funcionarios del Gobierno han insistido en señalar a los reclamantes de tierras como falsas víctimas, un estudio de la Fundación Forjando Futuros que analizó las primeras 1.000 sentencias de restitución confirmó que no es así, pues en los fallos el 98% de los reclamantes fueron reconocidos por los jueces como verdaderas víctimas.
Contrario a esto, “las sentencias demostraron que el 89% de los opositores adquirió los predios aprovechándose de las condiciones de violencia; lo que demuestra que el problema fundamental son los falsos propietarios”, concluye el estudio.
De ahí que el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, afirme con vehemencia que en el proceso de restitución de tierras “hay verdaderas víctimas, pero lo que NO hay son verdaderos propietarios; hay testaferros y opositores de mala fe”.
Solo en Antioquia, según el estudio, tres personas representan el 50% de las oposiciones en los 53 casos con oposición que se adelantan en el departamento. Estos tres opositores son: Benjamín José Alvarado Bracamonte (investigado por despojo), Adriano Pino Palacios (vinculado a un proceso judicial) y Álvaro Mesa Cadavid, este último detenido recientemente por despojo y hermano del actual diputado a la Asamblea Departamental, Rodrigo Mesa Cadavid. Capturan a hermano de diputado antioqueño por despojo de tierras en Urabá
A nivel nacional el panorama no es más alentador, encuentra que 10 personas representan el 50% del total de las oposiciones y asegura que 9 empresas se beneficiaron de la violencia para adquirir tierras o títulos mineros. Ver gráfica
Por eso, al analizar los resultados, el estudio concluye que: “la tesis de las falsas víctimas lleva a desconocer el principio de la buena fe de los reclamantes de tierras y a revictimizar a las familias despojadas, pone en riesgo la vida de los reclamantes, legitima a los victimarios, protege a las élites regionales causantes del despojo y esconde los escasos resultados en la implementación de la Ley en la Restitución de Tierras.”
El análisis de las 1.000 sentencias de restitución es una publiación de la Fundación Forjando Futuros y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia; con financiación de la Unión Europea, Oxfam, la Asamblea de Cooperación por la Paz y el Ayuntamiento de Barcelona; y con el apoyo de la Fundación Paz y Reconciliación, Redepaz, el Instituto Popular de Capacitación, la Alcaldía Mayor de Bogotá – Bogotá Humana, y Dignificar.
“Lo invertido cuesta tres veces más que lo restituido”
El segundo componente del análisis de las 1.000 sentencias de restitución consistió en indagar por la relación costo-beneficio del proceso. En este aspecto concluyó que “lo invertido cuesta tres veces más que lo restituido.”
Según el estudio, desde el año 2012 hasta marzo de 2015 el Gobierno Nacional ha invertido $836.719 millones de pesos en el proceso de restitución por intermedio de la Unidad de Restitución de Tierras, el Incoder y la Rama Judicial. La cifra fue contrastada con el valor comercial estimado de los predios restituidos, en ese periodo, que asciende a $263.304 millones de pesos.
El director Forjando Futuros piensa que “con lo invertido se podría comprar tres veces lo que el Gobierno ha devuelto en tierra a los campesinos despojados, se habrían evitado 69 asesinatos de personas reclamantes y se habría hecho más rápido el procedimiento.”
Por eso, Gerardo Vega, piensa que el Gobierno debería contemplar estrategias de compensación o pago en efectivo a los reclamantes, pero a la vez continuar persiguiendo los predios despojados para llevarlos a “un fondo de tierras en el posconflicto, con el fin de que haya alguna redistribución de la tierra en el país, evitando así más asesinatos, más tragedia, más demora y más burocracia.”
A este paso la restitución tomará cinco siglos
El análisis de las 1.000 sentencias revela que la restitución sigue siendo ‘gota a gota’, porque solo el 2% de las solicitudes de reclamación han sido resueltas. A ese paso, concluye el estudio, tomará 500 años cumplir la meta.
Según las cifras del informe, de 73.127 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución, 7.472 han sido llevadas ante los jueces a marzo de 2015. De estas, 1.980 (correspondientes al 2%) han sido resueltas en 1.000 sentencias.
Del 98% de solicitudes restantes, el 84% se encuentran represadas por falta de microfocalización mientras el otro 14% están en trámite o han sido rechazadas. De seguir así, indica el informe, para el año 2021 se lograría únicamente el 4,4% de la meta de restitución.
Pero además de la lentitud que acusa el estudio, Gerardo Vega advierte que el Gobierno Nacional viene “cambiando las cifras para mejorar sus resultados.” Según el director de Forjando Futuros, inicialmente el Gobierno habló de 360.000 solicitudes de restitución esperadas y ahora habla de 77.000.
“Han venido reduciendo las cifras. Datos oficiales del sistema Único de Información de la Fiscalía General de Justicia y Paz, y también del INCODER construyeron un estimativo de 360.000 casos. El ex Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, siempre planteó esa cifra: 360.000 casos (6´500.000 hectáreas despojadas). Pero el Gobierno hoy dice: ‘no son sino 77.000’ y que de esos ‘el 40% son falsos reclamantes’. ¡Pues vamos a nada: de 360.000 casos se pasaría a 30.000! El Gobierno no puede ir cambiando las cifras de manera tan alegre, sacándoselas del sombrero”, explicó Gerardo Vega.
El director de Forjando Futuros concluyó aclarando que el análisis de las 1.000 sentencias de restitución se realizó con fuentes oficiales y está puesto al debate público para que con el Gobierno se hable sobre este tema y que se pueda corregir lo que sea necesario.
URT tiene coincidencias y discrepancias con el informe
Sobre el informe de la Fundación Forjando Futuros, la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, Paola Andrea Cadavid, manifestó lo siguiente:
“Frente al tema de las víctimas yo estoy de acuerdo con la Fundación Forjando Futuros. A todas las personas que llevamos a estrados judiciales es porque les hemos hecho un examen consciente de que tienen calidad de víctimas. En eso tenemos coincidencia y es verdad, solo el 2% de los casos han sido desfavorables a las víctimas y NO necesariamente —y esto es bueno aclararlo— es porque no tengan la calidad de víctima, puede pasar por ejemplo que no sea la temporalidad del hecho o que no tengan la calidad de propietario, poseedor u ocupante.
El informe en algunas partes señala cosas que son importantes. Por ejemplo, empieza a mostrar que tenemos que mirar hacia la rama judicial para que se le inyecten recursos y así dar una respuesta más ágil a los reclamantes, eso es bueno, pero también hay partes del informe que son descontextualizadas.
¿En qué no coincidimos con la fundación? Frente al tema de los costos de la restitución. A mí me parece que ese dato incluso discrimina, porque aquí estamos atendiendo al campesinado pobre no al hacendado, y sí, hay unos recursos que se invierten en predios que son pequeños, que son informales, que obviamente no son tan valorizados como predios de gran extensión y en sectores donde la tierra es costosa. Entonces yo llamaría la atención sobre el informe y preguntaría: ¿A quién atendemos? ¿A los predios que son rentables? ¿A los predios que generan riqueza? Y al campesino pobre que perdió una hectárea de tierra y que no es la más valiosa porque está en el filo de una montaña: ¿A ese no le restituimos? ¿No le invertimos para que pueda recuperar su patrimonio? Entonces ese es un discurso que discrimina y, con honestidad, me parece hasta ofensivo.
Frente al tema de los opositores también difiero un poco de la fundación. No sé de dónde sacan la estadística de que 10 personas se oponen al 50% de los fallos. Por ejemplo, en los fallos que tenemos en Antioquia muchos de ellos no tienen opositor, porque son víctimas que buscan una formalización. Estamos hablando de víctimas en el Oriente antiqueño, en el municipio de Granada, en San Carlos; en el Suroeste: Montebello. Son casos donde la gente busca que la restitución llegue vía formalización porque esa es una reparación transformadora. En el caso del Urabá antioqueño donde ya tenemos un número significativo de fallos, muchos de esos fallos tampoco tuvieron opositor; porque la gente se allanó o porque la persona nunca se opuso al proceso. Entonces no sé de dónde sacan esa cifra de que en la mitad de los fallos son 10 opositores, eso tampoco lo hemos evidenciado nosotros.
Me parecía muy curioso en el informe el tema de las empresas palmeras, sin entrar a defender al gremio palmero porque sabemos que algunas de las empresas tuvieron vínculos con los paramilitares. Pero por ejemplo algunas empresas que señalan ahí —en el informe de Forjando Futuros— en algunos predios en Urabá no fueron ni siquiera opositores porque eran tenedores. Estamos hablando por ejemplo de Palmagan, esa empresa no es opositor nuestro en ningún proceso. Entonces empiezan a haber una serie de interpretaciones que se salen de lo jurídico y llegan más a lo especulativo, pero desde el punto de vista procesal en la traba de la Litis en estos procesos de restitución los opositores son claros: los que llegan al proceso a ejercer una defensa.”
Vale agregar que sobre el dato de 360.000 reclamaciones, mencionadas en el documento Conpes 3712, la Unidad de Restitución de Tierras a través de un comunicado difundido el 9 de julio de 2015 informó que esa cifra hace “referencia a un estimativo sobre el número de casos a atender que se realizó para el diseño de la política. Un estimativo no es un universo y mucho menos una meta.”
Además indicó que a la fecha se habían recibido 77.833 solicitudes de restitución de tierras y reveló que la meta actual del Gobierno, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, es llegar a un total de 50.000 solicitudes tramitadas en el actual cuatrienio.
