Medellín presenta preocupante balance de derechos humanos

En materia de derechos humanos, el año 2009 deja para la ciudad de Medellín un balance desolador: se incrementaron los homicidios en más de un 80%; aumentaron los casos de desplazamiento forzado intraurbano; las denuncias sobre reclutamiento forzado de menores de edad fueron la  constante y, en términos generales, se presentó un fuerte deterioro de la vida comunitaria, barrial y al interior de las instituciones educativas.

Así lo señalaron las organizaciones no gubernamentales pertenecientes al Comité Municipal de Derechos Humanos, que este miércoles 9 de diciembre presentaron sus informes sobre la situación de la ciudad en la IV Asamblea Ciudadana, que tuvo lugar en el Centro para el Desarrollo Cultural del barrio Moravia, desde las 9:00 de la mañana.

Allí, en presencia de habitantes de diversos barrios de la ciudad, las organizaciones del Comité expresaron nuevamente su preocupación por el imparable aumento de los homicidios en la capital antioqueña, los cuales suman a noviembre 30 un total de 1.949. De no presentarse un quiebre en la tendencia del año, la cifra de personas asesinadas podría superar las 2.100, igualando así la cifra de 2002 que se situó en 2012.

A diferencia de las autoridades civiles y policiales, quienes vienen sosteniendo que lo que sucede en Medellín obedece a una disputa entre bandas delincuenciales por el control del micro-tráfico de estupefacientes, para el Comité la situación actual de la ciudad tiene sus raíces en la historia de marginalidad y exclusión de un grueso de la población, hecho que se ha convertido en caldo de cultivo para el surgimiento de diversas manifestaciones de violencia.

A ello se suma el fracaso del proceso de desmovilización y reinserción de los ex – combatientes de los bloques Héroes de Granada y Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), liderado por la Alcaldía de Medellín, aspecto que se refleja tanto en el número de reinsertados asesinados por vendetas como en la cifra que reincidentes que integran actualmente los denominados “combos y bandas de delincuencia organizada”.

“Estas bandas, a las que se les atribuye la escalada violenta, no son nuevas en el contexto de la ciudad. En su momento fueron funcionales al proyecto paramilitar y antes lo habían sido a las milicias guerrilleras. Entonces, lo que hoy tenemos es un relevo generacional de unas bandas con un gran acumulado producto de su participación en diferentes guerras”, manifestó Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, organización integrante del Comité.

Bajo esta perspectiva, el Comité sostiene la tesis según la cual lo que pasa en la ciudad va mucho más allá de un simple enfrentamiento entre delincuentes organizados. “Es una lucha politizada toda vez que lo que está en juego es el poder. No hay una confrontación directa con el Estado, pero sí una disputa por el control de territorios y actividades ilícitas desde lo barrial hasta lo regional”, agregó Arboleda.

De ahí que el deterioro de la seguridad no sólo se vea reflejado en el incremento de muertes violentas sino en la proliferación de disputas territoriales entre estos grupos armados, lo que está generando una fuerte alteración en la cotidianidad de las comunidades. Un seguimiento realizado por el Comité al actual conflicto de la ciudad refleja que las comunas con mayor número de organizaciones criminales presentan las tasas más altas de homicidios de la ciudad.

Así por ejemplo, comunas como la 1, 3 y 4 reportan presencia de 20 grupos armados en promedio y registran tasas de homicidios superiores a 90, mientras que la comuna 2, donde se tiene conocimiento del accionar de 5 bandas, presenta la quinta tasa más baja de homicidios de la ciudad, con un 46.4.

Se incrementó el éxodo

Otro de los aspectos que generó preocupación entre el Comité es el aumento de las denuncias de desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad. Según la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería, a noviembre 17 la Entidad había recibido 543 declaraciones de hechos ocurridos en el presente año. Esto supone un aumento de 336 casos frente a todo 2008, año en que se recepcionaron 207 denuncias.

Casos como el éxodo forzado de 101 personas del barrio Santo Domingo Savio, registrado en septiembre de 2009, y el de 36 personas del barrio Pablo Escobar, en junio del mismo año, evidenciaron el dramático recrudecimiento de este flagelo en la ciudad. Al respecto, La comuna 13 lidera las estadísticas, seguido de las comunas 9 y 3. El fuerte proceso de reclutamiento forzado de menores de edad que se vive en algunos barrios y las intimidaciones directas, figuran como las principales causas del desplazamiento.

Y es que si algún sector poblacional padeció con mayor fuerza los rigores de esta nueva confrontación armada urbana fueron los jóvenes. Según el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), de los 1.717 homicidios registrados hasta el 31 de octubre de 2009, 102 correspondían a mujeres y 1615 a hombres. De ellos, el 69% de víctimas masculinas tenían edades entre los 18 y 35 años y el 48% de las mujeres asesinadas también tenían el mismo rango de edad.

Como si fuera poco, la población juvenil de la ciudad se vio acosada por el accionar de las bandas de delincuencia organizada, pues en muchos barrios, particularmente en las comunas 13, 6, 8 y 3, éstas nutrieron sus filas gracias a la vinculación y reclutamiento forzado de menores de edad.

Lo anterior convirtió a los niños y adolescentes en blanco no sólo de los ilegales, sino también de la Fuerza Pública. Casos conocidos por las organizaciones del Comité dan cuenta de constantes abusos por parte de miembros de la Policía Nacional hacia esta población. Donde mayores quejas se presentaron al respecto fue en la comuna 6. Allí, la comunidad ha denunciado delicadas irregularidades que van desde excesos en las requisas hasta el caso de la desaparición forzada de un joven cometida presuntamente por efectivos de esta Institución.

Igual de preocupante fue la situación vivida por la comunidad educativa en 2009. El Comité documentó, solamente en Medellín, el asesinato de 11 estudiantes, muchos de ellos saliendo o ingresando a sus respectivas instituciones educativas. Las comuna 6 (Doce de Octubre); 2 (Santa Cruz); 3 (Manrique); 5 (Castilla); 9 (Buenos Aires) y los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado fueron las más afectadas por esta situación.

El número de docentes amenazados pasó de 79 en el presente año; más de 150 estudiantes de diversas comunas, especialmente en la 6, 13 y 3, fueron amenazados de muerte, lo que generó un incremento en la desescolarización al interior de los centros educativos. Si bien no hay cifras consolidadas al respecto, la Personería de Medellín estima que cerca de 250 alumnos no pudieron regresar a sus instituciones debido a la situación de orden público.

La labor de los defensores de derechos humanos también se vio afectada a lo largo del año. Organizaciones como la Corporación Convivamos fueron objetos de robos al interior de sus instalaciones. Un líder juvenil fue asesinado en la comuna 13 (Héctor Enrique Pacheco) y otra más (Yenifer Cárdenas) fue atacada con arma blanca en la misma comuna.

Varias organizaciones del Comité fueron objeto de investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada, por supuestos vínculos con la guerrilla de las Farc. De hecho, Winston Gallego Pamplona, defensor de derechos humanos perteneciente a la Fundación Sumapaz, se encuentra detenido en un penal de La Dorada (Caldas), por este proceso.

Por ello, al término de la presentación de informes, el Comité en pleno reiteró su llamado a la Administración Municipal para que reconozca que lo pasa actualmente en Medellín va más allá de “simple enfrentamiento entre bandas”, cuya intervención requiere primordialmente romper los lazos existentes entre la legalidad y la ilegalidad que por décadas ha coexistido en la ciudad.