“Es cierto que nos falta y que tenemos problemas, pero desconocer lo que ha hecho ésta y la anterior administración en materia de seguridad, de enfrentar todos los fenómenos delincuenciales, es algo injusto e impreciso”.
Así, de manera enfática, respondió Juan Felipe Palau, secretario de Gobierno de Medellín, los cuestionamientos formulados por las organizaciones defensoras de derechos humanos durante la sesión del Concejo de Medellín del pasado 28 de abril, donde se debatió las acciones adelantadas por
A lo largo del debate las secretarias de Salud, Educación, Bienestar Social, Desarrollo Social y Gobierno presentaron sendos informes que dieron cuenta del incremento de la inversión en programas de prevención y atención especiales para esta población, como “Buen Comienzo”, “
Sin embargo, las inquietudes tanto de Corporados como de las organizaciones presentes en el recinto se centraron en el tema de seguridad y las afectaciones que el conflicto en la ciudad está generando en niños y jóvenes.
Sobre el particular, el Comité Metropolitano de Derechos Humanos presentó un informe en el que se advierte que 47 niños fueron asesinados entre enero y marzo del presente año, para un promedio de un menor de edad acribillado cada 1.8 días. Los registros de 2009 muestran un total de 120 homicidios en menores de edad, para un promedio de un niño asesinado cada tres días.
El Comité también llamó la atención sobre los casos de reclutamiento, uso y vinculación forzada que se viene registrando con fuerza en algunas zonas de la ciudad, especialmente en la 13. Además, las organizaciones no gubernamentales dejaron ver su preocupación por las situaciones que se vive al interior y exterior de las instituciones educativas, principalmente en aquellas ubicadas en barrios de alta confrontación armada.
“Las organizaciones del Comité tenemos conocimiento de un caso donde un grupo armado pidió que le desalojaran un aula de clase para ellos realizar una reunión. También conocemos de las presiones a que son sometidas las niñas y jóvenes por parte de estos grupos para involucrarlas en sus redes de explotación sexual”, expuso
Para las organizaciones, es claro que iniciativas del Gobierno Local como el programa “Fuerza Joven” y la instalación de más bases de Policía en los barrios, en muchos casos en viviendas que servían como sedes de acciones comunales o de grupos juveniles (como sucedió en la comuna 1), no han contribuido a frenar la ola de violencia en los barrios ni las afectaciones hacia los más jóvenes.
“Por el contrario, se afectó el derecho de las comunidades a la participación ciudadana, la recreación y la organización y se militariza cada vez más la vida de los jóvenes en los barrios”, como lo expresó
“No se escatiman esfuerzos”
Al respecto, el Secretario de Gobierno rechazó estas apreciaciones calificándolas de “imprecisas e injustas” y señaló que las acciones que viene adelantando este despacho se circunscriben en una estrategia integral que busca atacar todos los factores generadores de violencia que ya comienzan a mostrar resultados.
“Los problemas que hoy tiene Medellín se enfrentan con autoridades legítimas pero fuertes y consolidadas. El reto para la cuidad en los próximos años es la seguridad y en esa materia, ya comenzamos a mostrar resultados porque estamos quebrando la tendencia al alza en las muertes violentas”, señaló Palau.
Dicha disminución, explicó el Funcionario, se ha logrado gracias a las medidas y programas adelantados por
“Si el Alcalde no hubiera tomado la decisión de instalar esas bases de Policía en la comuna 1 se nos hubiera presentado una deserción masiva de estudiantes, porque no podían pasar de un barrio a otro por culpa de las bandas. Ahí no podemos hablar de militarización de la ciudad”, agregó el Secretario de Gobierno, quien de paso defendió el polémico programa “Fuerza Joven”.
“También se están brindando las oportunidades a jóvenes en riesgo a través de Fuerza Joven. Es cierto que hay unos 600 que no nos están cumpliendo, y los tenemos detectados, pero hay unos 1.500 que siguen firmes”, declaró el Funcionario.
Las posturas de Palau fueron secundadas por el jefe del Despacho de Educación, Felipe Andrés Gil Barrera, quien agregó que ha faltado mayor reconocimiento a los grandes esfuerzos de esta Administración por parte de algunas ONG. “Es cierto que hay dificultades y que hay presiones de grupos por vincular a algunos niños escolarizados en sus actividades ilegales. Pero las problemáticas están diagnosticadas y nosotros hemos actuado rápidamente”, manifestó Gil Barrera.
Frente a las problemáticas denunciadas por las organizaciones en el sector educativo, el Jefe de este Despacho aclaró que dichas situaciones corresponden más a dinámicas externas a las instituciones educativas pero que de igual forma se vienen combatiendo en asocio con
“La gran estrategia ha sido el programa de ‘Escuelas en Convivencia’. Allí hay un programa muy fuerte de prevención con los estudiantes y profesores. Pero lo que más nos ha servido para evitar dificultades al interior de las instituciones es que los maestros han consolidado estrategias muy creativas que han permitido arrebatarle jóvenes a la violencia en los barrios”, puntualizó Gil.
