- Delegado de Unicef expresó sus reparos a iniciativa de aumentar penas a jóvenes
- A nivel nacional también se escuchan voces rechazando esta propuesta gubernamental
Aumentar las penas privativas de la libertad para los adolescentes que cometan delitos de alto impacto como el homicidio y el terrorismo, tal como lo propone el Gobierno nacional a través del proyecto de Ley 164, no sólo significa un retroceso en las políticas públicas dirigidas a atender la población infantil y juvenil sino que además, no resuelve el problema de la criminalidad en el país.
Así lo manifestó Eduardo Gallardo, representante adjunto de Unicef en Colombia, durante su intervención en el seminario internacional: “Niños en conflicto armado y violencia armada organizada”, organizado por la Corporación Paz y Democracia y que tuvo lugar este jueves 16 de febrero en la ciudad de Medellín.
Allí, Gallardo expuso sus reparos sobre la iniciativa gubernamental que actualmente cursa trámite en el Congreso de la República y que busca reformar el actual Código de Infancia y Adolescencia para aumentar hasta en dos años las penas contra los adolescentes que participen en delitos como el homicidio, el terrorismo y la violencia sexual.
Según el Representante Adjunto, lo delicado de dicha iniciativa es que se intenta construir toda una política represiva contra los adolescentes partiendo de excepciones, sin duda graves, pero que no reflejan la generalidad de la situación toda vez que las estadísticas señalan que una mínima parte de los delitos que impactan en la sociedad son cometidos por menores de edad.
“Unicef ha dicho que no hay ninguna razón para modificar lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño: que la privación de la libertad será el último recurso posible. Las estadísticas muestran que la mayor parte de los delitos graves para la sociedad los cometen los adultos”, aseguró Gallardo.
Para el Representante Adjunto, modificar el Código para aumentar las penas contra los menores de edad tiene que sustentarse en “una gravísima situación de orden público” que además impacte toda la política criminal, aspecto que a su juicio, no ocurrirá. De acuerdo con Gallardo, la privación de la libertad de los adolescentes infractores a la Ley podría tener efectos contraproducentes por cuanto la medida no previene que la población infantil y juvenil continúe siendo usada por actores armados para cometer delitos ni tampoco existen sistemas que garanticen su resocialización.
“Hay cuestiones más de fondo que resolver; por ejemplo: cómo prevenimos la delincuencia juvenil, cuáles son las políticas de prevención dirigidas a esos jóvenes de las comunas de Medellín que están en mayor riesgo de ser reclutados por las bandas criminales. Ahí es donde está el tema”, añadió.
Casi de manera simultánea, en la ciudad de Bogotá y en desarrollo de una mesa de diálogo convocada por el Ministerio Público y la Alianza por la Niñez Colombiana, la procuradora delegada de los Derechos de Infancia y Adolescencia, Ilva Hoyos, proponía no aprobar la reforma al Código de Infancia y Adolescencia tras considerarla no sólo como ineficaz e insuficiente sino que también generará más problemas de los que pretende solucionar.
En su pronunciamiento público, la Procuradora Delegada también llamó atención sobre la poca participación que tienen los menores de edad en los delitos de alto impacto y los efectos que podría generar el que los adolescentes cumplan sus penas en centros de reclusión con lógicas penitenciarias, por lo que hizo un llamado al Legislativo y al Ejecutivo para que no se apruebe la citada reforma y, en vez de ello, se formulen políticas de prevención para la población juvenil y cambios profundos en el Código de Infancia y Adolescencia.
La experiencia de Brasil
Como se evidenció durante el Seminario Internacional, el fenómeno de los jóvenes vinculados a fenómenos de violencia criminal, pandillismo, delincuencia común, grupos armados ilegales o ejércitos irregulares golpea a diversos países en el mundo, principalmente en América Latina y África. En Brasil, por ejemplo, se ha impuesto el término “niños del tráfico” para referirse a los menores de edad que han sido reclutados o vinculados forzosamente por los grupos narcotraficantes que operan en las favelas de ciudades como Rio de Janeiro.
Al respecto, Francisco Potiguara Cavalcante, coordinador del Área de Educación de Viva Rio, organización que trabaja en el estudio y prevención del reclutamiento y vinculación de menores de edad a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en esa ciudad brasileña y quien estuvo presente en el Evento, sostuvo que la experiencia acumulada durante más de 10 años les ha mostrado que la judicialización no es precisamente el mejor camino para combatir este fenómeno.
“Algunos sectores políticos conservadores de Brasil proponen recurrentemente medidas de este tipo. Pero ese es el reconocimiento de la incapacidad del Estado para resolver sus problemas estructurales. Es como decir que hay unos jóvenes que están causando problemas y debemos salir de ellos. De alguna manera se institucionaliza la exclusión, la falta de acceso a educación y salud porque es más fácil señalarlos como criminales”, aseveró Potiguara Cavalcante.
“Pero afortunadamente –continuó el funcionario- ha habido una fuerte reacción en contra por parte de las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Nosotros tenemos oficinas, con estatus de ministerio, que trabajan por los derechos humanos, por los derechos de la mujer, por la diversidad racial, que vienen desarrollando políticas públicas que apuntan a la convivencia, pero hay sectores que no gustan de las políticas de prevención y prefieren la represión”.
Durante el Seminario, el representante de Viva Rio expuso la experiencia de trabajo que han adelantado en los sectores más marginales de Rio de Janeiro, donde han logrado articular esfuerzos del orden municipal, federal y no gubernamental para la prevención de este flagelo con excelentes resultados. Para el mes de marzo, esta organización brasileña presentará un informe en donde compara la situación de la niñez y la juventud inmersa en contextos de violencia armada en varias ciudades latinoamericanas, entre ellas Medellín.
