Las recientes declaraciones de Juan Manuel Santos sobre la necesidad de blindar la Ley de víctimas y proteger a los reclamantes de tierras es antesala de una tarea que sobreviene con más retos para el 2012.
Tras las denuncias del asesinato en menos de un mes de dos reclamantes de tierras y luego de que la Misión Internacional de Verificación reafirmara la necesidad de “una política de protección efectiva para los procesos de reclamación y restitución de tierras”, se pronunció recientemente el presidente Juan Manuel Santos, reiterando que la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es prioritaria para su administración.
“No vamos a permitir que los enemigos de esta Ley se salgan con la suya (…) Vamos a reafirmar nuestra voluntad política y nuestra decisión clarísima de seguir adelante”, afirmó Santos en rueda de prensa posterior a la reunión que tuvo con líderes de la Asociación Nacional por la restitución y el acceso a Tierras, Tierra y Vida, Organizaciones No Gubernamentales acompañantes y representantes de la Fuerza Pública.
Para Carmen Palencia, Representante nacional de Tierra y Vida, el espaldarazo de Santos y las acciones a implementarse permitirán una disminución del riesgo en el que se encuentran los reclamantes y facilitará su movilización en el territorio. “El Presidente habló de apoyar la marcha que estamos planeando, una en Urabá y la otra en Bogotá, y propuso ir a Necoclí a un evento con alcaldes para hablar del tema de restitución de tierras”, añadió Palencia.
La Alianza de organizaciones de la sociedad civil acompañante de Tierra y Vida, conformada por REDEPAZ, la Corporación Nuevo Arco Iris, CODHES, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Forjando Futuros saludaron con beneplácito las declaraciones del Presidente y reiteraron su disposición a contribuir en la implementación de dicha ley.
Medidas a implementarse Vs. Realidad de facto
“Vamos a ofrecer recompensas a quienes nos den información que lleve a la captura y condena de estos criminales”, señaló Santos haciendo referencia a los responsables de las amenazas y asesinatos de víctimas y reclamantes de tierras. Para ello dijo que buscará una mayor coordinación con la sociedad civil de modo que la información fluya más rápido y se logre una reacción efectiva por parte de las autoridades.
Según Álvaro Villarraga, Director de la Fundación Cultura Democrática y relator de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), informes por él liderados en el país hablan de rezagos del paramilitarismo, de rearme de grupo armados ilegales, redes mafiosas y penetración de espacios institucionales que dificultan la aplicación de la Ley de Víctimas. “Es conocido que Urabá aparece ahora como el escenario de mayor riesgo. En un foro que tuve el fin de semana anterior en la zona ese fue el tema: en Urabá no se cumplen las garantías de no repetición”, aclaró.
Carlos Páez, líder reclamante de tierras en el Urabá, afirmó que durante la campaña electoral los candidatos a las distintas alcaldías de la zona mencionaron su apoyo a la Ley. Sin embargo, “lo que yo creo es que en algunas partes va a estar muy cooptada por algunos empresarios, enriquecidos bajo el acomodo de paramilitares, que montaron alcaldes”, denunció Páez aunque a la par reconoció que habrá otros alcaldes que, por su elección transparente, podrán aplicar la ley.
Ante este panorama, y de cara a la implementación que comenzará el primero de enero de 2012, Villarraga añadió que es una responsabilidad del Estado y de sus instituciones dilucidar y poner al descubierto el riesgo en el que se encuentran las víctimas y tomar las medidas para que puedan ejercer sus derechos sin ser revictimizadas.
Los retos que tiene la Ley de víctimas y su implementación recién comienzan. Solo el tiempo dirá si Colombia es capaz de dar pasos certeros para regresarles a los campesinos las tierras que les arrebató la violencia.
