Presuntas detenciones ilegales, retenciones de cédulas de ciudadanía y toma de fotografías en puestos de control militar, fueron algunas de las denuncias que hicieron líderes campesinos de Urabá, durante las audiencias sociales del proceso de garantías realizadas en los municipios de Dabeiba y Mutatá.
Las actividades, realizadas entre el 3 y el 5 de agosto del presente año, fueron desarrolladas por varias organizaciones defensoras de derechos humanos que recibieron el acompañamiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con las denuncias recopiladas en el corregimiento La Balsita, del municipio de Dabeiba, algunos miembros de la Brigada Móvil Nro. 11 del ejército al parecer estarían deteniendo a campesinos de manera ilegal y además estarían infundiendo temor entre la comunidad, manifestando que habría órdenes de capturas contra algunos campesinos señalados de pertenecer o colaborar con la guerrilla de las FARC.
Según el comunicado enviado por el nodo Antioquia de la Corporación Colombia Europa Estados Unidos, del cual hace parte el Instituto Popular de Capacitación, la comunidad también denunció “que la fuerza pública utiliza escenarios públicos como canchas y parques para fines militares y para el establecimiento de campamentos, más o menos permanentes, cerca de las escuelas y de las viviendas de algunos pobladores; en una clara y abierta violación del principio de distinción consagrado en las normas del Derecho Internacional Humanitario.”
De igual forma en el corregimiento San José León del municipio de Mutatá, se registraron acusaciones contra la fuerza pública. Allí los habitantes afirmaron que las presiones al parecer provendrían de algunos integrantes del Batallón Carlos Bejarano Muñoz, adscrito a la Brigada XVII del Ejército, el cual habría allanado la vivienda de un campesino sin presentar una orden judicial y presuntamente con la presencia de personal civil armado.
Los labriegos también rechazaron el asesinato de “los campesinos Carlos Torres el 22 de mayo y Wilson Giraldo el 23 de mayo, quienes al parecer fueron ultimados por integrantes del grupo paramilitar los Urabeños que operan en cercanías la vereda La Fortuna, justamente en un lugar cercano a donde se encuentra instalado un puesto de control militar permanente.” Señaló el comunicado del nodo Antioquia de la CCEEU.
Por esta razón los líderes rurales de Urabá manifestaron que existe mucho temor entre la población campesina que continúa siendo víctima de los actores del conflicto, incluida la fuerza pública.
Las organizaciones que participaron en las audiencias señalaron que estas situaciones representan graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario e instaron al Estado Colombiano a garantizar y respetar los derechos de los líderes y campesinos de la región y a investigar y sancionar a los funcionarios que al parecer están implicados en estas agresiones.
Las audiencias sociales del proceso de garantías fueron convocadas por la Asociación Campesina de San José de Apartadó y acompañada por el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa- Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías Antioquia, la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, Asociación Campesina del Norte de Antioquia- ASCNA-, Cahucopana, Fundación Sumapaz, la Corporación Jurídica Libertad, Corporación en Derechos Humanos Contrarriente, Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, El Periódico Tinta Tres, La Red Jóvenes sin Fronteras, de la comuna dos de la ciudad de Medellín, y La Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, de la comuna ocho de la ciudad de Medellín.
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