Decía Alfredo Molano, en su libro Desterrados: crónicas del desarraigo, que el desplazamiento “es un crimen contra la humanidad, porque destruye la vida, la dignidad y la esperanza de un pueblo”. Sin embargo, Ayineth Pérez dice que a ella y a su familia, les quitaron hasta el miedo, pero en ese despojo les inyectaron dignidad.
Esa dignidad empezó a germinar y a crecer gracias al ejemplo que le dio su madre, Ana María Galán, quien hasta el último de sus días juró recobrar su tierra, su casa, su vida. Morir en su territorio fue la consigna que la impulsó luchar todos los días, desde 2009, por la restitución de su finca Villa Ana, ubicada en la vereda Tulapa, del corregimiento de San José de Mulatos, en el municipio de Turbo, Antioquia.
Creció y se fortaleció como las palmeras que aún perduran en Villa Ana, como las semillas de arroz que sembraba su padre y con las cuales les alimentó, como la vegetación salvaje y fuerte de Urabá que se resiste en ser teca, caucho o plátano, insumos que han condenado a cientos de familias al destierro por la extracción de madera o el monocultivo, muchas veces de la mano de los grupos ilegales y desencadenando un conflicto armado que sentenció a la región
Entre trochas y caminos fogosos, cultivos de teca, de maíz y arroz, la familia Pérez Galán dejó en 1995 la casita en la que jugaron al escondite y aprendieron a bailar; dejaron animales, cultivos de pancoger y las esperanzas de que el campo sería el lugar de vida y muerte, como tanto lo habían soñado.
Hoy, 29 años después, Ayineth llora al saber que ella y sus hermanos podrán volver a ocupar y vivir en el campo, en las 24 hectáreas heredadas de sus padres. Volverán a pesar de que el desarraigo enfermó y provocó la muerte de su padre y está será una historia más que contar, una que nadie espera tener en su diario de vida, pero en el que la familia Pérez Galán tendrá la fortuna de escribir “fuimos restituidos” para empezar un nuevo capítulo.
La sentencia de restitución y reconocimiento de la finca Villa Ana fue notificada el 23 de octubre de 2024 por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia. Ayineth recibió una llamada del director de la Unidad de Restitución de Tierras en la que le decía “yo esto no me lo voy a aguantar más. Yo te tengo que dar esta noticia. Te salió el fallo, te salió la sentencia”.
Estas tres palabras finales le quitaron a Ayineth el resto de palabras de su boca y en cambio le pusieron lágrimas que rodaron por sus mejillas de piel oscura, un llanto que preocupó al esquema de seguridad que la acompañaba y quienes frenaron el carro en el que se dirigían a un evento en Arboletes, de la Agencia Nacional de Tierras.
Perder la tierra, perder la vida
La historia es larga, tan larga como la lucha de la familia Pérez Galán. La finca Villa Ana fue comprada por Adalberto Pérez y Ana María Galán, dos campesinos que se asentaron en ese territorio caluroso del Urabá antioqueño, en el que esperaban criar a sus 9 hijos y por el cual recibieron adjudicación por parte del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, mediante la Resolución no. 4010 del 30 de noviembre de 1989.
Para esa época, en la región de Urabá se consolidaba un modelo de acumulación por desposesión en el cual estaban involucrados empresarios, fuerzas armadas del Estado y grupos ilegales, quienes en conjunto crearon estrategias para acabar con campesinos y campesinas, líderes y lideresas sociales, políticos y sindicales, así como el ascenso del desplazamiento de decenas de familias, con el objetivo de acumular tierras y consolidar la agroindustria bananera.
Adalberto y Ana María fueron intimidados por hombres armados quienes les ordenaron desocupar la finca y dejar atrás el patrimonio que llevaba el nombre de la matrona de la familia. El sábado 15 de julio de 1995 es una fecha que Ayineth no olvida. Ante las amenazas tuvieron que desplazarse y la familia se desintegró. Parte de ellos migraron hacia El Totumo, corregimiento de Necoclí y otros más se desplazaron hacia Apartadó.
Y como un virus que se expande hasta ocupar el último rincón, las amenazas persiguieron a Adalberto hasta El Totumo y el destino le obligó a refugiarse en Montería y posteriormente en Cartagena.
Solo la angustia y la incertidumbre le acompañaban. El desarraigo de su territorio y la impotencia frente a la pérdida se notaban en la cara de Adalberto, un rostro triste y pensativo se dibujó en él hasta sus últimos días.
“La salud de mi papá se deterioró de una manera impresionante debido al desplazamiento. El campesino es del campo, no es de la ciudad, y eso causó la pena moral que mató a mi papá, al ver que como campesinos lo teníamos todo, porque éramos felices en esas tierras, y al ver que no ya tenía ni siquiera comida para darle a sus hijos, eso es muy fuerte”, comenta Ayineth.
El informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá, entregado a la Comisión de la Verdad en 2019 y publicado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Forjando Futuros (FFF) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), establece tres momentos claves dentro del desplazamiento y despojo material, jurídico y administrativo de tierras en el marco del conflicto armado de Urabá.
“El primero entre 1995 y 1996, el segundo entre 2002 y 2004. Ambos periodos son los de mayor despojo ‘en los que los paramilitares ejercen violencia en las zonas y los campesinos abandonan la tierra, luego son buscados por comisionistas y venden bajo coerción y a precios irrisorios’ (Vargas, 2016, p. 70). El tercer momento corresponde a los permanentes intentos de los despojadores (paramilitares, narcos y empresarios) por sanear o legalizar los predios a través de múltiples transferencias de títulos”.
Le puede interesar: El plan criminal del despojo de tierras en Urabá
“Yo quiero morir en mi tierra”, les decía Adalberto a sus hijos y esposa, quienes tuvieron que ir hasta Cartagena por él. Y a pesar de que su enfermedad deterioraba su salud física y mental, Adalberto retornó progresivamente a Tulapa. Cada tanto visitaba su pedacito de tierra, sus palmeras y las huellas de un presente que quedaba en el pasado pero que se volvía ilusión para el futuro de él y su familia.
Volvía a escondidas, sin que los grupos armados o las empresas se dieran cuenta, hasta que finalmente se asentó en una de las fincas de sus hermanos, cerca a Villa Ana, allí la enfermedad le cobró factura y fue trasladado hacia Medellín, donde murió en 1998.
La historia de la familia Pérez Galán es la fotografía del conflicto armado colombiano y que, según la Unidad de Víctimás, más de ocho millones de personas registran como víctimas de desplazamiento en Colombia. Es la historia de una familia desterrada, un padre desilusionado que muere y deja una madre con sus hijos, sin tierra, sin hogar, sin comida, buscando fuerzas para sobrevivir.
Mientras esto pasaba, Villa Ana seguía estando en la lupa de algunos que veían en estas tierras la oportunidad de generar riqueza. En 2004, un hombre desconocido le ofreció a Ana María 250 mil pesos por hectárea. Ofrecimiento al que ella y su familia se negaron, pues no tenían interés en vender. Sin embargo, ante la presión y persecución, tuvieron que negociar su finca por 5 millones de pesos, acuerdo del que no se suscribió ningún documento.
Luego, en 2007, el predio fue vendido a Yadira Aguirre, actual poseedora del terreno y quien, dice Ayineth, no fue reconocida en la sentencia de restitución del predio. “Me queda en mi corazón algo muy maluco, porque conociendo como somos nosotros los campesinos, se aprovechan de nuestra inocencia y desafortunadamente se aprovecharon de ella”, puntualiza Ayineth.
Según la sentencia de reconocimiento de Villa Ana, en la cual también se reconocen los predios de Carlos Rafael García Serna, Gabriel Antonio Pereira y Nubia Elena Casarrubio, en estos predios ubicados en la vereda Tulapa existe un fuerte interés de explotación de petróleo. Por eso, se dispuso “suspender los trámites de solicitud para exploración y/o explotación de hidrocarburos que se estén adelantando en relación con los predios objeto de la solicitud de tierras y remitir los expedientes correspondientes al juzgado” por parte de Pluspetrol Colombia Corporation y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
La mujer es como la tierra: un símil de gestación y vida
Como un instinto de supervivencia, ante la falta de su esposo y de un hogar que les permitiera vivir su vida como campesinos y campesinas, Ana María buscó todas las formas posibles de resolver lo que había ocurrido con Villa Ana en Tulapa. En 2009, estando en Apartadó con Ayineth, conocen a Asovirestivi (Asociación de Víctimas para Restitución de Tierras), organización que reunía a reclamantes de tierra de Urabá.
Ayineth comenzó a trabajar con ellos y descubrió que ayudando a otros y otras podía ayudar a su familia, podía darle una luz a ese vacío oscuro en su historia que dejó el desplazamiento.
“Yo estoy segura que esa fue una de las razones por las cuales yo emprendí este liderazgo, de ahí nació. Yo veía que estas mujeres y hombres lloraban contando las historias y yo lloraba con ellos, me temblaba la mano escribiendo el relato de cada uno de ellos, mujeres que fueron violadas, que presenciaron la muerte de sus hijos, hermanos o esposos. Ahí entendí que yo debía estar para apoyar a muchísimas personas”.
De Asovirestivi nació Tierra y Vida y luego Tierra y Paz, la asociación actual a la que pertenece Ayineth y dentro de la cual han acompañado a más de 500 hombres y mujeres en su proceso de restitución de tierras. Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), un total de 10.419 sentencias proferidas y 158.924 solicitudes presentadas ante la URT.
En Urabá y en el marco de los procesos de restitución, Ayineth es una lideresa y un referente de tenacidad para muchas mujeres. Su liderazgo le ha costado la tranquilidad y la ha puesto en el ojo de quienes no quieren que estos procesos tengan un final feliz. Desde hace 4 años cuenta con un esquema de seguridad que la acompaña en sus momentos de trabajo, de angustia, de lucha y de sosiego.
“A mi madre también la amenazaron y con su muerte, en 2017, siguieron conmigo. Uno sentía miedo de salir de la casa porque no sabe si va a regresar. El miedo sí sentía, porque él está ahí, pero también ves que allá, al otro lado, hay un campesino al que apoyar. Uno siente esa necesidad, como si esa persona fuera tu hijo o tu familia. Yo que sé, como esa vaina. Esa vaina tan grande que se siente. Y tú ahí pierdes el miedo. A mí me quitaron hasta el miedo, ya no lo siento como antes, pero me dejaron la dignidad, la dignidad por hacer”, relata Ayineth.
Vea también: «Quiero morir en mi tierra»: Ayineth Pérez
29 años y Ayineth y sus hermanos aún no lo pueden creer. Lo primero que harán, dicen, será construir las tres casas que tenían antes. Casas grandes en las que puedan compartir con sus hijos y nietos, en las que puedan criar animales, sembrar maíz, plátano y yuca y cuidar las palmeras que tenía su padre.
Celebran esta dicha con sus amigos y amigas, con la familia que estuvo, con los y las compañeras de lucha. El acompañamiento de organizaciones como Forjando Futuros y el IPC fueron elementos claves para continuar, para persistir y para creer que algún día, su tierra volvería a sus manos.
“Decirles gracias, agradecidos de corazón -dice Ayineth-. Al Instituto Popular de Capacitación – IPC, por todo este apoyo que nos ha brindado, a la Fundación Forjando Futuro que también ha estado con nosotros ahí, son las organizaciones que han estado con nosotros dando la pelea, han llorado con nosotros hoy no queda sino agradecimiento, pero que también decirles que sigan con nosotros, que no nos dejen solos, que solo no lo vamos a lograr”.
