La naturaleza está de fiesta y sus defensores también. El pasado 28 de agosto y como una noticia que tenía en vela a más de uno, la Corte Constitucional Colombiana declaró constitucional y exequible el Acuerdo de Escazú, el marco jurídico internacional que garantizará el acceso a información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para la protección de los derechos del ambiente y los liderazgos.
Una de esas personas fue la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien celebró la decisión de la Corte, de cara a uno de los eventos más importantes del país, como es la COP16 de Biodiversidad, la cual se llevará a cabo en el mes de octubre en Cali.
“Esto genera una capacidad mayor de la ciudadanía de incidir en las decisiones ambientales y también, obviamente, una mayor democracia para el país. (…) Con el Acuerdo de Escazú, Colombia se vuelve corresponsable con otros estados que ya ratificaron el acuerdo en América Latina y por lo tanto rendiremos cuentas ante el mundo sobre la democracia ambiental en el país”, dijo la ministra.
Un hito histórico que convirtió al país en el número 17 en adoptar este Acuerdo.
Como lo menciona Vanesa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, ONG que integra la Alianza por el Acuerdo de Escazú, desde el 2019 varios ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, vienen haciendo un gran esfuerzo de pedagogía e interiorización del Acuerdo, no solo con los ciudadanos y las comunidades rurales, sino también al interior del Congreso de la República.
“Colombia firma el acuerdo a finales del 2019 en medio del estallido social que hubo en ese momento, dado que fue una de las solicitudes expresas por parte de la ciudadanía. A partir de ese momento iniciamos todo un proceso de pedagogía y de acercamiento al Acuerdo de Escazú en el interior del Congreso, porque al ser un tratado internacional debía pasar por una revisión y unas votaciones en Cámara y Senado, y eso fue hasta el 2022. Ese año tuvimos cambio de gobierno y finalizamos con el cuarto debate en Cámara y la aprobación de la Ley 2273”.
Y lo que podría leerse como un trámite regular dentro de cualquier proyecto o acuerdo que deba aprobarse legislativa y jurídicamente, realmente fue un camino lleno de muchos baches y piedras que se tuvieron que sortear y enfrentar. Entre esas, la politización y estigmatización que tuvo el Acuerdo por parte de algunos senadores, como María Fernanda Cabal, quien desde 2022 inició toda una campaña de desprestigio y desinformación sobre el Acuerdo, aduciendo que es una agenda que frena el desarrollo y destroza la soberanía nacional.
Esta politización e instrumentalización del Acuerdo Escazú hicieron que se archivara y aplazara en varias ocasiones en la agenda legislativa y que se tuvieran que conformar diferentes comisiones de pedagogía. Mauricio Madrigal, especialista en incidencia política en WWF Colombia y uno de los más grandes defensores y promotores del Acuerdo Escazú, afirma que esta pelea política dilató la discusión de fondo.
“El Acuerdo se vinculó con una tendencia de izquierda o con algún personaje político, cuando este es un instrumento dinámico que no surge desde Colombia sino que surge desde Latinoamérica y que, por supuesto, tiene un enfoque de derechos humanos y de justicia que se puede vincular con ciertas corrientes, pero no era una apuesta de algún presidente, persona o un grupo político partidista puntual”, argumenta Mauricio.
Además de hacer una pedagogía en un elemento tan esencial como la naturaleza misma del Acuerdo, otro de los retos fue el gran tecnicismo con el cual se redactó Escazú y que abrió una brecha para su comprensión: “es un instrumento muy técnico, con 75 obligaciones de Derechos Humanos, sobre derechos muy especializados como acceso a la información, participación y justicia, y sobre un marco básico esencial y mínimo de protección de personas defensoras del ambiente. Es explicar ese tecnicismo y simplificarlo sin quitarle potencia al acuerdo”.
A pesar de estos tecnicismos, Vanesa y Mauricio se ‘dieron la pelea’ para desmenuzar el Acuerdo y comenzar a socializar dentro de las comunidades rurales, peri-urbanas, étnicas y campesinas, poblaciones más afectadas por las contingencias ambientales y el extractivismo.
“La Alianza ha impulsado a nivel nacional y en articulación con pueblos étnicos, población campesina, la academia y con otros sectores de la sociedad, incluyendo el sector privado, aclarando las dudas y explicando la importancia del Acuerdo. En este momento, tenemos la fortuna de que muchas comunidades locales, al interior de sus dinámicas sociales, están implementando el Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, los pueblos indígenas conocen perfectamente Escazú y han trazado sus planes de vida esperando la ratificación para empezar a implementarlo de manera adecuada”, explica Vanesa.
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¿Qué sigue para las comunidades y el Acuerdo?
Escazú es un marco jurídico con tres grandes pilares: información, participación y justicia. Según explica Mauricio, el Acuerdo ve cada uno de estos pilares como un derecho humano con obligaciones específicas para el Estado: 31 obligaciones para el acceso a la información, 17 para participación y 8 para justicia. Todo esto, transversalizado con la protección de defensores de la naturaleza y el fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo.
“En cada uno de esos pasos hay un reto. Te pongo un ejemplo: en acceso a la información, el gran problema es que los sistemas de información no son incluyentes y no tienen miradas alternativas para poder llegar de una manera simple, oportuna y clara; en el tema de participación, encontramos que no tenemos una posibilidad o un procedimiento claro para que se dé el manejo de las observaciones y los aportes de las comunidades y que se valore su incidencia; y en el acceso a la justicia, el gran punto está en cómo le brindamos unas garantías de defensa sólidas a las comunidades que pueden estar en riesgo, cuando llegan al tema de judicialización de los conflictos”, explica el especialista de WWF.
Escazú será un instrumento fundamental para frenar el asesinato de líderes y liderezas ambientales en nuestro país, el cual, según el informe de 2022 de Global Witness, encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos para ese año y que duplica a lo registrado en 2021. Según el informe, quienes se dedican a la agricultura en pequeña escala y a la defensa del ambiente son las principales víctimas.
Si bien se surtió una de las fases más importantes y cruciales, la implementación efectiva de la mano de las comunidades será otro gran reto. Si bien el Ministerio de Ambiente ya ha trazado una ruta y un plan de implementación, a través de acciones como Alerta por mi ambiente, desde la ONG Ambiente y Sociedad también se vienen trazando rutas y procesos de empoderamiento de las comunidades para garantizar participación activa y transparente, como lo plantea el mismo Acuerdo.
“Todo el proceso de implementación y las decisiones que se tomen en entornos a Escazú deben contar con participación activa, no solamente de la sociedad civil sino de las comunidades vulnerables. Nos acercamos a un límite que es el 2030, donde se deberá hacer una revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y donde el Acuerdo de Escazú nos brinda una una alternativa para agilizar trámites, para fortalecer el escenario judicial en el que se han dado fallos históricos en Colombia pero en donde los jueces necesitan mucho más apoyo en materia de toda esta agenda ambiental”, explica Vanesa.
Y esta agenda ambiental que señala Vanesa, debe ir de la mano de la implementación del Acuerdo de Paz y de los demás procesos de negociación, pues ya lo han señalado la Comisión de la Verdad al mencionar que las reformas rurales que se hagan en el país deben contar con un enfoque ambiental; y lo mencionan también los magistrados Oscar Darío Amaya, del Consejo de Estado, y Gloria Amparo Rodríguez, de la JEP, cuando proponen la creación de juzgados ambientales asociados a los procesos de paz y a las zonas con mayor conflictividad armada. “Es hablar de paz ambiental territorial o paz con la naturaleza, como lo propone este gobierno, que en últimas es el relacionamiento de la protección ambiental con los procesos de paz”, puntualiza Mauricio.
Escazú de cara la COP16
El mensaje es que Escazú sea un acuerdo del pueblo y para el pueblo. De nosotros con nosotros, como lo ha dicho Sebastián Herrán, coordinador del proyecto jóvenes por Escazú, una apuesta de las juventudes colombianas por garantizar y promover la aplicación del Acuerdo en todos los rincones del país.
En 2023, durante un campamento de justicia climática, un grupo de jóvenes evidenció que uno de los grandes retos que enfrentaba Escazú era su pedagogización en las regiones y con las poblaciones vulnerables, debido al lenguaje técnico con el que estaba redactado. Mismo factor que ya señalaba Mauricio.
“¿Qué podemos hacer para que esos temas sean entendidos por nosotros y nosotras como jóvenes? Y pensamos que una herramienta fundamental podrían ser unas cartillas para infancia y otra cartilla para juventudes, pero unas cartillas que no solo tuvieran un lenguaje cercano sino que fueran construidas con las mismas comunidades. Entonces hablamos con más de 80 personas de diferentes partes del país, quienes nos contaron cómo es el proceso de participación que tienen, cómo acceden a la información y cuáles son esas problemáticas que enfrentan en el territorio”, comenta Sebastián.
Este ejercicio, que tendrá como resultado las cartillas que Sebastián menciona, será publicado y divulgado en la COP16 de biodiversidad, la cual espera poner en discusión temas como la crisis climática, la justicia ambiental, el canje de deuda por acción climática y la protección de líderes y lideresas en el marco de sus ejercicios.
“La meta 22 de la COP16 habla de la importancia de la protección de quienes se encuentran en territorios biodiversos y esto conecta directamente con el Acuerdo de Escazú, en relación a su artículo 9 y la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras”, expresa Vanesa.
El reto, de cara a la COP16, es conectar estas agendas internacionales de biodiversidad y cambio climático con las apuestas nacionales que reconocen los derechos de entes naturales como lo es el río Atrato, el río Cauca y la Amazonía. Todo esto, de la mano de las comunidades que apuestan por la protección de lo propio, de su hogar, de la fauna y flora que es el legado de sus ancestros y la herencia de las generaciones futuras.
