Durante la sesión, quedó en evidencia que aún persisten los hostigamientos hacia las ONG.El Concejo de Medellín pidió a la Administración Municipal brindar mayor acompañamiento y respaldo a la labor de los defensores de derechos humanos de esta ciudad, cuya situación se ha tornado bastante compleja en los últimos meses debido al proceso de desprestigio emprendido desde sectores oficiales así como a los hostigamientos e intimidaciones provenientes de grupos armados al margen de la ley.
La petición fue hecha este viernes 18 de junio al término del debate citado por el concejal Luis Bernardo Vélez, que buscaba precisamente analizar el entorno que rodea a los activistas de la capital antioqueña. La sesión contó con la presencia de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de la ciudad, dirigentes sindicales, líderes comunitarios, miembros del movimiento estudiantil y la Personería de Medellín.
Si bien la citación fue extendida a la Fiscalía Regional de Medellín, a la Procuraduría Regional de Antioquia y a la Secretaría de Gobierno Municipal, ninguna de estas entidades se hizo presente, lo que dejó un mal sabor entre los asistentes.
“Lamentamos que no esté presente ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, mucho menos el doctor Jesús Ramírez, secretario de Gobierno, lo que nos deja la sensación que al tema de los defensores de derechos humanos no le están dando la importancia que se merece”, expresó el corporado citante.
A lo largo de las intervenciones de los activistas y líderes sociales sobresalieron dos aspectos en común: la campaña de desprestigio hacia la defensa y promoción de los derechos humanos, propiciada desde Gobierno nacional, y las falsas imputaciones que desde organismos de seguridad del Estado se hace contra quienes se dedican a esta actividad.
Pero lo más grave aún, según los defensores, es que la actual Administración Municipal, en cabeza del Secretario de Gobierno y del propio alcalde Alonso Salazar, ha deslegitimado el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y no ha brindado las suficientes garantías para el desarrollo de sus actividades.
“Una de las quejas reiteradas de las organizaciones es que la Alcaldía no las ha respaldado y las ha dejado solas. Algo extraño proviniendo del doctor (Alonso) Salazar, que cuando fue secretario de Gobierno de la pasada administración realizó una importante labor de acompañamiento hacia las ONG, pero parece que esa actitud se acabó”, señaló Jairo Herrán Vargas, personero de Medellín.
Dicho planteamiento fue reforzado por el edil Vélez, quien pidió a la Secretaría de Gobierno no limitar sus acciones en este campo a lo que desarrolle la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh), entidad que funciona en convenio con la Personería de Medellín. “Creo que este despacho tiene que mostrarnos mucho más que eso, que realmente está comprometido con proteger y respetar lo que hacen los defensores”, puntualizó.
En este mismo sentido se refirió Fernando Quijano, director de la Corporación para el Desarrollo Social y la Paz (Corpades), quien dijo que debido a su labor de denuncia sobre la presencia de grupos armados integrados por desmovilizados, así como de la vigencia de prácticas paramilitares en las comunas de la ciudad, ha sido tildado como “enemigo de la Administración Salazar”.
“Nosotros advertimos sobre la presencia de la estructura de alias don Mario en el barrio La Sierra, denunciamos en su momento la comisión de actos delictivos por parte de desmovilizados en la comuna 8; mostramos con pruebas cómo integrantes del programa Jóvenes en Alto Riesgo estaban comprando armas con los subsidios de la Alcaldía ¿Cuál fue la respuesta del Secretario de Gobierno? Que Corpades era enemigo de la ciudad”, señaló Quijano.
Panorama complejo
Pero no sólo de la falta de interlocución con la Administración Municipal se quejaron las organizaciones presentes. El diagnóstico hecho por las ONG antioqueñas Medellín muestra un panorama bastante complejo.
La Fundación Sumapaz, organización que adelanta procesos de promoción de los derechos humanos en las comunas del nororiente de Medellín, mostró su preocupación por la detención, el pasado 10 de junio, de unos de sus líderes, Wiston Gallego Pamplona, ordenada por la Fiscal 74 Seccional Delegada ante la Red de Inteligencia Militar Adscrita a la Brigada IV.
Al final, la Corporación hizo una llamado para que cesen los señalamientos a los defensores de DD.HHSu captura se produjo cuando decidió presentarse voluntariamente ante el ente investigador, a fin de aclarar su vinculación al proceso radicado con el número S- 0686/F74, mediante el cual se sindica a un número importante de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y partidos políticos del departamento con estructuras de las Farc y el Eln.
Además de violársele derechos fundamentales como la libertad individual, que sólo puede ser limitada en casos excepcionales, y la presunción de inocencia, en el caso de Gallego Pamplona se presentaron otras irregularidades no menos alarmantes.
El pasado 7 de mayo, en las afueras de la Universidad de Antioquia, dos hombres de civil que portaban armas de fuego, lo abordaron a él y a un amigo, y los obligaron a entregar sus documentos de identidad, los cuales nunca les fueron devueltos. Ante la presencia de unidades de la Policía Nacional en el lugar, los dos desconocidos se vieron obligados a identificarse y mostraron sus credenciales como integrantes del Ejército Nacional.
Pero este no es el único caso preocupante. El Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia “Gustavo Marulanda” denunció que a lo largo de esta año han recibido correos electrónicos y llamadas telefónicas amenazantes el claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, La Asociación de Pensionados y Jubilados de la U de A (Apenjudea) y estudiantes vinculados al movimiento.
Por su parte, Luis Mosquera, director de la Corporación Convivamos, que adelanta trabajo social en la comuna 1, mencionó que entre febrero y marzo de este año la sede de esta institución fue objeto de dos robos, en los que solamente fueron sustraídos discos duros con valiosa información.
Asimismo, advirtió que varios de sus integrantes han sido objeto de seguimientos por parte de extraños, por lo que llamó la atención de las autoridades para que se brinden las garantías de seguridad para la labor que adelantan en uno de los sectores más álgidos de la ciudad.
“No se trata de tener un policía todo el día en la sede: se trata de contar con garantías políticas para desarrollar nuestro trabajo”, manifestó Mosquera. Sobre este particular, María Victoria Fallón, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (Gidh), recordó que entre los años 2002 y 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) encontró méritos para otorgar medidas cautelares a 12 líderes sociales y organizaciones de Medellín.
“Para Medellín se han dictado más medidas cautelares que para cualquier país centroamericano”, expresó Fallón quien agregó además que: “Hoy, la vida de varios defensores de derechos humanos está protegida por organismos internacionales, donde hemos encontrado más solidaridad, porque el Estado colombiano no cumple con sus obligaciones constitucionales”.
Al final, los concejales hicieron un llamado a los organismos de seguridad del Estado para que se revisen los protocolos de seguridad para los defensores de derechos humanos y para que se investiguen las amenazas y los robos de que han sido víctimas recientemente varios de ellos, con el mismo ahínco con que se indagan sus supuestos vínculos con la insurgencia.
