El pasado 11 de septiembre, el presidente de
La noticia, que nació como un rumor, se convirtió en hecho de alerta para toda la comunidad luego que el sábado 12 del mismo mes (tan sólo 24 horas después) fuera asesinado un hombre llamado Oscar, desmovilizado del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de quien se dice, estaría también en esa lista.
Aunque no es la primera vez que los dirigentes comunales de este sector son intimidados, señalados y hasta acusados de pertenecer a grupos armados ilegales, los afectados sienten que esta vez las amenazas sí van en serio, a tal punto, que ya varios de ellos piensan seriamente en salir del barrio.
“A mí también me advirtieron que estaba en esa lista y que seguíamos nosotros. No es la primera vez que nos atemorizan, pero es que esta vez las cosas sí están muy malucas. Por lo menos ya somos varios los que estamos pensando seriamente en desplazarnos”, señala Janeth Martínez, otra integrante de
Según Martínez, en días pasados uno de los líderes fue objeto de seguimientos por parte de personas extrañas y hasta ella misma ha sido víctima de este tipo de situaciones. “Yo también noté unos movimientos muy raros ayer por mi casa. Sinceramente esto nos tiene aterrorizados”, apunta la líder comunal.
Al parecer, las amenazas provienen de un grupo armado que opera desde hace varios años en el barrio y que ya había sido denunciado por la comunidad ante las autoridades pero que, en vez de desarticularse, tiende a fortalecer su poder intimidatorio y sus acciones delictivas.
La preocupación de los habitantes de Nuevo Amanecer, principalmente de los miembros de
Precisamente el mes pasado, el Juez 17 Administrativo del Circuito de Medellín visitó el barrio en desarrollo de la inspección judicial contemplada en el proceso de Acción de Grupo, interpuesta por cerca de 100 familias de Nuevo Amanecer en septiembre de 2007 contra las entidades antes mencionadas.
Con su visita, el Juez constató que las demandas de la comunidad son mucho más que simples inconformidades. “El Despacho observa que el barrio se encuentra ubicado en frente de la montaña. Se puede apreciar humedad y cómo ésta se ha venido derrumbando, afectando las viviendas”, indica el Juez en su inspección judicial.
Asimismo, la labor de peritazgo corroboró el mal estado en que se encuentra un buen número de viviendas por cuenta de las humedades y que la prestación de servicios públicos domiciliarios, como el acueducto y el alcantarillado, son deficientes.
“Se accede a la vivienda distinguida con el número 90-26. Para acceder al segundo piso se observan unas escalares en mal estado. En el segundo piso se observa la humedad del cielorraso, presentando goteo permanente, tanto que ya se visualiza el hierro oxidado y deteriorado”, dice el informe en uno de sus apartes.
El documento también reseña los problemas de salubridad derivados del taponamiento constante de las alcantarillados, el derrame de aguas producto de tuberías rotas que no han sido reparadas por las Empresas Públicas de Medellín (EPM); el deterioro progresivo de los senderos peatonales y la falta de zonas de recreación y espacios para reuniones de la comunidad, estos últimos contemplados en el proyecto inicial.
Si bien el resultado de la inspección judicial constituye un respaldo bastante sólido a las peticiones de la comunidad de ser indemnizadas, el ánimo entre quienes lideran este proceso ya no es el mismo luego de las extrañas intimidaciones.
“¿Qué si hay relación entre las amenazas y la reclamación? Yo estoy segura que sí. Nosotros ya llevamos cinco años en este proceso, cada vez somos más insistentes, hay organizaciones que nos están acompañando. Entonces, dice uno, alguien debe estar molesto por todo esto”, agrega Martínez.
