*Artículo escrito por Lina María Velásquez Escobar, comunicadora social e integrante de la Mesa Ambiental de Jericó.
Lo que ha estado ocurriendo en Jericó es irregular.
Entre noviembre y diciembre de 2022, Ana Sofía Loaiza Gaviria fue una de las líderes querelladas por Anglogold Ashanti, para ese momento tenía 15 años cuando el campesinado y líderes realizaron un plantón para oponerse a la instalación de una plataforma minera en su territorio. Con el agravante de que la menor de edad fue agredida verbalmente por una empleada de la empresa minera, tal como quedó registrado en video que se publicó en redes sociales y que desencadenó una serie de acusaciones, intimidaciones y acoso contra la menor.
Ana Sofía creció en medio de los cafetales de la vereda Vallecitos de Jericó, municipio del Suroeste antioqueño. Mientras aprendía a plantar sus pies sobre la tierra y a decir sus primeras palabras fue testigo de las preocupaciones que su abuelo William Gaviria compartía con la familia por la amenaza de la minería, de las reuniones de los vecinos para proteger el agua de la vereda e incluso recuerda las arengas que entonaban en las marchas que se hicieron en el pueblo contra la minería.
Hoy integra el colectivo juvenil Imagina Jericó, estudia derecho y se siente orgullosa de la lucha de su abuelo. Está convencida de que si la empresa minera no hubiera llegado a Jericó, su abuelo, los vecinos y hasta ella misma no estarían enfrentando las querellas producto de una defensa de más de 14 años.
Ana Sofía fue la vocera del Colectivo Imagina Jericó en un evento preparatorio de la COP16 que se realizó en Medellín y contó con la presencia de la ministra de Ambiente Susana Muhamad. Ante un auditorio repleto de jóvenes del departamento expresó: “estamos en riesgo porque, además, como producto de nuestras acciones pacíficas por defender el territorio, el agua y la naturaleza hemos sido querellados adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, campesinos y campesinas. En palabras sencillas, nos han hostigado judicialmente para que no sentemos posición sobre un megaproyecto de desarrollo que evidentemente tendrá impactos ambientales y sociales irreversibles”.
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Querellar a una menor de edad es vulnerarle el derecho al buen nombre, a la honra, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, a la protesta social y a la participación. Además se incumple la sentencia 38 – 2019 que reconoce al río Cauca como sujeto de derechos y que directamente reconoce también a las generaciones futuras como sujetos de especial protección. A la fecha se han realizado tres audiencias públicas, la última el jueves 19 de septiembre del presente año, en donde el Inspector de Policía de Jericó, Mauricio Escobar Rúa, sigue convocando a Ana Sofía como querellada y en su lugar ha tenido que asistir su mamá, Liliam Gaviria Henao.
Aunque la Comisaría de Familia de Jericó y la empresa minera ´pidieron en el expediente retirar a Ana Sofía Loaiza de la querella, hasta la fecha el Inspector de Policía de Jericó no lo ha hecho, lo que evidencia negligencia o desconocimiento del expediente, tal como lo ha expresado la defensa de los y las querelladas.
Pero no solo se ha visto afectada por la querella. Cuando la empleada de la empresa minera agredió verbalmente a Ana Sofía, ésta acudió junto con su madre a la Comisaría de familia para denunciar el caso, quienes lo remitieron al Inspector de Policía de Jericó para el restablecimiento de los derechos.
La abogada defensora de Ana Sofía, integrante del Instituto Popular de Capacitación -IPC-, ha solicitado al Inspector que se vincule a la empresa minera en el proceso, pues hasta ahora sólo se ha vinculado a la empleada Leidy Johana Zapata Ramírez. Sin embargo, para el Inspector, lo que ha sucedido es un conflicto civil y no encuentra razones para vincular a la empresa en el proceso.
El alegato de la abogada defensora se ha basado en tres aspectos: primero, el vínculo de Leidy Zapata con la empresa minera; segundo, que ella estaba en ejercicio de funciones para la empresa minera; y tercero, que Leidy ha sido cara visible de la empresa al aparecer en un video promocional de AngloGold Ashanti.
Sin embargo, según la información suministrada por la empresa minera a la Comisaría de familia de Jericó, Leidy Zapata Ramírez es contratista a través de la empresa Zoft Security, la cual presta servicios de seguridad electrónica para Quebradona. Lo que genera dudas y suspicacias es por qué la empresa minera tiene publicidad en su redes sociales con Leidy en primera plana.
Además se le ha solicitado al Inspector que la empresa minera ofrezca disculpas públicas a Ana Sofía y se comprometa a que estos hechos de violencia no vuelvan a ocurrir, y que además condene los mensajes de estigmatización contra la menor de edad, el campesinado y los líderes defensores del agua y del territorio que se han propagado a través de las redes sociales y que los ponen en peligro.
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En la última audiencia pública de este caso y para sorpresa de la abogada defensora y de la misma Ana Sofía, el Inspector le dio un vuelco al proceso: en lugar de hacer un restablecimiento de los derechos de Ana Sofía como persona que hace parte de un grupo especial de protección, según el artículo 40, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016; el Inspector Mauricio Escobar Rúa afirma que lo que ocurrió fue una riña, amparado en el artículo 27, de la Ley 1801 de 2016.
Es decir, Ana Sofía pasó de querellante a querellada o presunta infractora.
La abogada defensora de Ana Sofía solicitará una reconstrucción de la audiencia debido a la pérdida de la grabación de la primera audiencia donde se dejaron varias constancias que no fueron recogidas en el acta escrita. Así mismo, la necesidad de que estén presentes el personero y la Comisaria de familia para garantizar los derechos de la líder ambiental.
Cuando se le pregunta a Ana Sofía acerca de lo que significa para alguien tan joven estar viviendo este proceso judicial, expresa: “viendo a mi abuelo que lleva más de 15 años en esta defensa, eso hace que yo no me rinda”.
