Diversos colectivos en el Oriente antioqueño han manifestado que la región no soporta una hidroeléctrica más. Esta región está compuesta por las cuencas de los ríos Nare y Samaná Norte. Mientras el primero está fraccionado en varias partes porque alimenta, entre otros, embalses como el de Peñol-Guatapé, el río Samaná aún no tiene hidroeléctricas, pero sí la amenaza de varias pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) sobre algunos de sus afluentes en municipios como Sonsón, El Carmen, San Francisco, San Luis y San Carlos.
En el Oriente antioqueño hay 17 hidroeléctricas en funcionamiento, la corporación ambiental Cornare otorgó 18 licencias ambientales más para proyectos que están sin construir y en los últimos cinco años otorgó 95 permisos de estudio para futuros proyectos.
Ante este panorama es que organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación, la Corporación Penca de Sábila y la Corporación Jurídica Libertad han interpuesto acciones de nulidad ante el Consejo de Estado, pues consideran que se cometieron irregularidades al otorgar algunas licencias ambientales como en Porvenir II, Cocorná I,PCH Argelia, Paloma III y Paloma IV, estas últimas tres sobre el río La Paloma, en Argelia.
Santiago Valencia, abogado de esa corporación, asegura que “hemos identificado problemas en esas licencias: uno, el tema de víctimas, muchas de esas PCH están ubicadas en zonas afectadas por el conflicto armado, donde hay sentencias y solicitudes de restitución, y el proceso de licenciamiento no ha dado cuenta de ello”. En segundo lugar, agrega, Cornare “no ha respetado ni llevado de manera adecuada los principios de participación ambiental, como derecho a la información adecuada, oportuna y la posibilidad y las garantías que tienen las comunidades frente a escenarios de participación”. Y lo tercero, señala, “es una interpretación amañada, flexible y favorable del procedimiento ambiental para las empresas que solicitan este tipo de proyectos.”
Valencia asegura que en varios procesos de licenciamiento identificaron que la corporación ambiental “otorgó de manera arbitraria plazos de más a las empresas para entregar información y que esos plazos contradicen la normatividad ambiental”. El mismo argumento tienen el IPC, la Corporación Penca de Sábila y la Corporación Jurídica Libertad en la acción de nulidad que presentaron para revocar la licencia a la PCH Cocorná I, que Cornare otorgó a la firma Taborda Vélez & CIA el 13 de febrero de 2020, para generar 7.72 megavatios de energía.
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Para María Botero, abogada de Penca de Sábila, la ampliación de los tiempos desconoce las normas que rigen esta toma de decisiones en materia ambiental. Que el plazo de dos meses se haya extendido a trece, según Botero, significa que “Cornare está entendiendo que el derecho sustancial que tiene que garantizar no es el de quienes habitan en la zona de influencia del proyecto, sino el interés de quien quiere realizar el proyecto. Desnaturaliza la licencia ambiental. Por eso está vulnerando el principio de imparcialidad”.
Además de los tiempos de más que habría dado Cornare, hay otros argumentos que señala el abogado Isaac Buitrago, quien elaboró la acción de nulidad contra la PCH Churimo en San Rafael, municipio en el cual ya amenazaron a dos líderes ambientales que se oponen a este proyecto que beneficia al hermano del senador Germán Hoyos.
Agrega Isaac que “hay un concepto de la ANLA que dice que el estudio de impacto ambiental debe estar completo para la audiencia.” Según él, el 4 de marzo de 2021, cuando Cornare hizo la audiencia pública del proyecto PCH Churimo, dicho estudio no estaba completo.
“No es dable pensar en la realización de una audiencia pública ambiental con un estudio de impacto ambiental incompleto –dice la acción de nulidad. CORNARE debió entonces verificar que estuviera debidamente allegado al expediente el estudio de impacto ambiental y la información adicional solicitada a más tardar el 11 de mayo de 2021, fecha límite que tenía la empresa para entregar el complemento solicitado mediante acta AC-00862-2021. En caso de no haberse realizado la entrega de la información o de haberse entregado sin cumplir con lo solicitado se debió proceder con el archivo, tal y como lo manda el numeral 3 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015.”
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Porvenir II, un hito a favor de las víctimas
El Consejo de Estado, a través del Auto del 16 de mayo de 2019, estudió unas medidas cautelares solicitadas por la Corporación Jurídica Libertad como parte de una acción de nulidad contra esta hidroeléctrica que se pretende construir sobre el río Samaná Norte, para generar 352 megavatios de energía. Este proyecto implica construir un muro de 140 metros de altura.
La licencia que otorgó la Anla al proyecto fue suspendida por el Consejo de Estado, pues en la zona de influencia del proyecto hay 33 familias víctimas del conflicto en condición de retorno, que reclamaron sus tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Para el Consejo de Estado, desplazar de nuevo a esas familias significa revictimizarlas, lo que va en contra de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas. Para este deben prevalecer los derechos de las víctimas del conflicto y el Estado debe garantizarlos. Otro proyecto en el que se solicitó la acción de nulidad es la PCH Palagua, la cual también estaría sobre el río Samaná Norte.
Si bien en este caso prevalecieron los derechos de las víctimas, en otros proyectos como la PCH Churimo hay 21 solicitudes de restitución en las dos veredas donde estará el proyecto. Nueve predios reclamados coinciden con el terreno donde estará la hidroeléctrica.
Citando a la URT, Cornare le respondió a la Agencia de Prensa IPC que la “ubicación de los predios solicitados en restitución se modifica de conformidad con el avance de los procesos, por lo que en muchos casos se cuenta con ubicaciones preliminares”, es decir, “los resultados de las consultas que se presentan ante esta entidad pueden variar en el futuro”. Este argumento, de acuerdo con Valencia, va en contra de la prevalencia de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Un estudio de capacidad de carga
En reiteradas ocasiones Oladier Ramírez, secretario general de Cornare, ha señalado que han cumplido las normas cuando otorgan las licencias ambientales. “Nosotros somos un operador de la norma y tenemos que atender esas solicitudes. En el Oriente tenemos condiciones de montaña y agua, que hacen que inversionistas quieran asentarse en el territorio para desarrollar estos proyectos”, dice.
Atendiendo un reclamo de los colectivos y organizaciones de esa región de Antioquia, esta corporación ambiental pagó un estudio de capacidad de carga con la empresa TNC para determinar si la cuenca del río Samaná Norte soporta más hidroeléctricas.
“El estudio de capacidad de carga se realizó con el fin de establecer un mecanismo que establezca limitaciones para este tipo de proyectos. Lo que sigue en este momento es que tenemos que socializar este acuerdo con las comunidades, pero se está trabajando para que todas ellas sepan en qué consiste este estudio de capacidad de carga”, dice.
De acuerdo con Ramírez, en ese estudio se tuvieron en cuenta indicadores relacionados con sedimentos, calidad de agua, agroquímicos, de especies vulnerables, conectividad hídrica, hábitat, vulnerabilidad hídrica, de gestión de riesgo de desastres, indicadores económicos, entre otros.
Ahora bien, mientras este estudio es socializado en la región y aplicado en futuros procesos de licenciamiento ambiental, siguen su curso acciones de colectivos y organizaciones para frenar algunos de los proyectos de generación de energía que ocuparían los ríos de esa región.
