Con el propósito de apoyar a las víctimas en sus procesos de reparación y reclamación de predios y, en general, en la defensa de sus derechos; algunos concejales y organizaciones sociales de Medellín coincidieron en la necesidad de crear un modelo de atención integral y representación jurídica para las víctimas del conflicto armado en la ciudad.
Así se planteó en el debate sobre los avances en la implementación de la ley de víctimas –Ley 1448 de 2011- en la capital antioqueña. En la discusión se evidenciaron varios obstáculos, como retrasos en la valoración de formularios para el Registro Único de Víctimas por parte de la UARIV (Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas); desconocimiento de las personas sobre las rutas de atención; exceso de trámites; revictimización; falta de garantías para los reclamantes; desarticulación institucional; y saturación del ministerio público.
Sobre este último punto, el concejal Carlos Mario Mejía Múnera, uno de los citantes al debate, reveló el caso de la Defensoría del Pueblo en Antioquia donde hay 35 abogados; cada uno, en promedio, con 800 casos de representación jurídica a víctimas.
El edil fue quien planteó la “presentación de un acuerdo municipal para un modelo de atención integral, de asistencia y de representación jurídica para las personas que estén en calidad de víctimas potenciales, pasivas y activas del conflicto interno, donde tenga jurisdicción el municipio de Medellín.”
La propuesta fue apoyada por Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quien consideró que “un mensaje fundamental de la Alcaldía de Medellín, sería apoyar esa iniciativa de defensoría jurídica a las víctimas para el tema de sus derechos.” Esto teniendo en cuenta que en la ciudad hay 250 mil víctimas, que representan el 10% de la población, según cálculos de la administración municipal.
En su intervención, Herrera Duque reveló su preocupación por la revictimización de quienes hacen uso de la ley, reclamando “un espacio fundamental en materia de garantías”, y llamó la atención por la desarticulación institucional que, según él, ocasiona retrasos en los procesos de restitución y en la aplicación de medidas.
“Nosotros pensamos que son 52 instituciones las responsables de operar y garantizar los derechos de las víctimas y no solamente la Unidad de Atención a Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras o el Museo Casa de la Memoria. Vemos con preocupación que no estén por ejemplo la Secretaría de Educación y otras secretarías que, en otros temas, tienen que responder por la implementación de la ley”, expresó Diego Herrera.
Para el presidente del IPC otro elemento fundamental es el tema de la seguridad. “Pensamos que Medellín, como está manejando el enfoque de seguridad, no va por buen camino y, para algunos, una política de seguridad debe estar en una matriz de derechos humanos. En esa perspectiva se reconoce a las víctimas que la legislación hoy no reconoce.”
Y es que el incremento del desplazamiento forzado intraurbano y la victimización por parte de las bandas criminales, cuyas víctimas no son contempladas como sujetos de reparación en la ley; son dos situaciones particulares que causan preocupación en Medellín.
Según el personero municipal, Rodrigo Ardila, estas particularidades dejan a las víctimas del conflicto armado urbano “en un alto estado de vulnerabilidad y revictimización por no poder acceder a los beneficios de la ley y causan más presión en los entes municipales que serían los únicos encargados de su atención.”
Por eso el concejal Luis Bernardo Vélez, otro de los citantes, propuso “revisar el asunto del desplazamiento forzado intraurbano en Medellín para que estas personas puedan tener un apoyo, independiente de que aparezcan o no en la Ley 1448 de 2011.” La intención es incluir a estas víctimas “entre los grupos sujetos de albergues y ayudas humanitarias.”
De igual forma, el edil se refirió a las trabas que encuentran las víctimas al momento de reclamar sus auxilios y a la demora para recibirlos. Sobre este tema, el concejal manifestó que “Medellín necesita escuchar de fuente de la doctora Paula Gaviria, encargada de las ayudas humanitarias del Departamento para la Prosperidad Social, los compromisos de la nación para agilizar la entrega de ayudas a las poblaciones sujeto de protección especial.”
Por su parte, el secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía, reveló que la ciudad ha tenido que invertir dos mil millones de pesos adicionales, en la atención inmediata a las víctimas, debido a los retrasos en la valoración de las declaraciones para el Registro Único de Víctimas (RUV).
El funcionario explicó que “la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, durante todo el 2012, tuvo problemas para valorar debido a dos asuntos: dificultades con los criterios de valoración e incapacidad institucional para valorar a tantas personas. Se ha dejado de invertir entonces en soluciones duraderas para invertir en atención inmediata, lo que afecta gravemente la política local”.
Frente a este panorama de retrasos, trabas y desarticulación, en los procesos de atención y reparación a víctimas, el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, insistió en la necesidad de un modelo municipal de representación jurídica y puso de manifiesto la dura realidad: de las 250 mil víctimas, que se estima hay en Medellín, sólo 10.300 han sido reparadas hasta ahora.
Según Vega Medina, ese grupo de abogados que deberían tener las víctimas, se encargarían de darles “asesoría y asistencia en sus procesos y de representarlas ante el Juez de Restitución de Tierras o ante la Unidad de Reparación a las Víctimas del Departamento de Prosperidad Social.”
El director de Forjando Futuros afirmó además que el 75% de las víctimas de la ciudad perdieron bienes y tierras en diferentes subregiones de Antioquia y señaló que en Medellín también es posible restituir 271 predios urbanos despojados, según información de la unidad administrativa especial de restitución de tierras a nivel municipal.
“Ya un juez devolvió un bien urbano, en el municipio de Tibú, el 11 de diciembre del año pasado (…) Aquí es posible hacerlo sobre los 271 bienes que se tienen, no necesitamos un plan piloto –como anunció la unidad de tierras-, necesitamos una actitud mucho más decidida de la administración para hacerlo por vía administrativa”, explicó Vega Medina.
El asunto es entonces de voluntad política, pues queda claro que en la ciudad hay iniciativas para hacer viable la aplicación de la ley de víctimas, como lo reflejaron las propuestas presentadas en el Concejo de Medellín que le apuntaron a un modelo municipal de atención y representación jurídica. Aún así la ciudad, y en general el país, tiene un reto enorme en cuanto a la participación efectiva de las víctimas.
En desarrollo…
La lucha de las víctimas por su participación efectiva
