Agencia de Prensa IPC

Entre el 9 y el 13 de noviembre de 2015 se desarrollarán en Medellín (Colombia) la XXV Asamblea General de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales...

 

Comunicado a la opinión pública

Las graves acusaciones hechas contra los Magistrados evidencian la profundidad en la  crisis de legitimidad de la justicia y ponen como reto a la sociedad avanzar en la construcción de una institucionalidad afín al Estado Social y Democrático de Derecho, en el que no solo se garantice el equilibrio de poderes sino también una función judicial que efectivamente sea un bien público al servicio del colectivo y no de intereses privados.

Hay que llegar al fondo, pero no como una cruzada del bien ni como una jauría detrás de su presa herida. Esta es la oportunidad para hacer un diálogo de sociedad sobre la justicia que necesita la paz a la que se aboca el país; para develar la profundidad de los tentáculos de esta captura criminal del sistema judicial.

Editorial por José Girón Sierra

Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

En reiteradas oportunidades el Gobierno colombiano ha insistido ante las críticas que, dentro del Estado y por fuera de él, se oponen al proceso de paz con la guerrilla de las FARC que se lleva a cabo en La Habana (Cuba), expresando que en dicho proceso hay dos claros imponderables: la doctrina militar o de seguridad y el modelo de desarrollo.

Muchos analistas y sectores de opinión, a partir de abordajes concretos  de las causas de esta guerra, consideran que sin  cambios importantes en estos llamados imponderables, los resultados de esta negociación, así culmine de manera exitosa, serán en extremo débiles e insustanciales. La fundamentación de dicha valoración procede de ejercicios académicos sólidos y de conocimientos muy cercanos a la realidad social, económica y política de las comunidades que han sufrido el rigor de un conflicto prolongado, degradado y cruel.

En la edición Nº 33 de la serie Relecturas, titulada “El péndulo de la violencia: rupturas y continuidades del conflicto en Antioquia”, el Instituto...

Traduction Trommons: http://trommons.org/

Fourteen families from the Nuevo Oriente district in the Turbo municipality of Urabá Antioquia were attacked this Tuesday, February 10, 2015, by a group of approximately 80 men. The attackers, some of whom were masked, entered the village carrying sticks, machetes, and, it appears, handguns.

 

Editorial por José Girón Sierra

Analista de paz, conflicto y seguridad del Observatoriod de Derechos Humanos del IPC

El 27 de febrero el Estado colombiano pedirá perdón a la sociedad, y de manera específica a la antioqueña, por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, a raíz de la condena proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este hecho mirado en el contexto de la negociación del conflicto armado entre el Gobierno y la insurgencia, debe motivar algunas reflexiones atinentes a las causas de esta guerra y al qué hacer, una vez se pacte la terminación de la misma como muchos aspiramos.

La inequidad y la exclusión social y política están de fondo como causas insoslayables, según lo demuestran muchísimos estudios, incluido el reciente informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, realizado por 12 reconocidos académicos por encargo de la mesa de negociaciones  desde La Habana, (Cuba).

Foto Archivo familiar - Cortesía del Programa de Egresados de la Universidad de Antiqouia

Perfil por Darío Arcila Arenas

Jesús María Valle Jaramillo nació el 28 de febrero de 1943 en La Granja, corregimiento de Ituango; fue bachiller y abogado de la Universidad de Antioquia, acatado dirigente estudiantil y respetado profesor de ética profesional, derecho procesal penal y oratoria forense. Integró el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, Seccional Antioquia, desde su conformación y asumió valientemente su presidencia en febrero de 1988, después de que paramilitares habían asesinado a varios miembros y presidentes de ese comité, entre ellos los médicos Pedro Luis Valencia, Leonardo Betancur y Héctor Abad, y los abogados Luis Fernando Vélez y Carlos Gónima.

Editorial por José Girón Sierra

Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC 

El 5 de agosto de 2014, el Gobierno colombiano y las FARC acordaron crear la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Con este hecho, los protagonistas  del conflicto armado más antiguo del continente y del mundo, depositaban la confianza en doce académicos para que, en un esfuerzo plural, contribuyeran con sus lecturas y análisis a la producción de “un insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y para el esclarecimiento de la verdad“