Agencia de Prensa IPC

 

Editorial por María Soledad Betancur Betancur

 

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Valiente fue la actitud Sandra Gutiérrez, propietaria de uno de los 377 apartamentos desalojados el 26 de abril en la unidad residencial Colores de Calasania. Ella decidió sentar su protesta desde el momento en que se ordenó el desalojo, Hoy está acompañada por unos pocos vecinos que hacen una solicitud simple: tener una reunión con los representantes de la constructora CDO, con la Alcaldía de Medellín y con algunos gremios de la ciudad.

Conflicto y formas expresivas de la violencia en contextos situados: aproximación a cuatro territorios de Antioquia, es el título de la edición número 35...

Editorial por: José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Ocuparse de los efectos, más no de las causas de los problemas, entraña la manera como procede la real política o la pragmática de la política. No es algo que atañe exclusivamente  a nuestros gobernantes, tan dados a maquillar la realidad. Es  la forma como se obvia lo de fondo, lo causal y lo estructural para mostrarle a la sociedad acciones marginales buscando tranquilizarla. Al final de los mandatos, que siempre parecen cortos para lo que se proponen, se publicitan balances que parecen más bien listas de mercado, pero que poco han arañado las causas de los problemas. No es casual que los programas de gobierno en épocas electorales se ocupen siempre de lo mismo.

Recientemente el país ha vivido momentos elocuentes al respecto, en cabeza de quien aspira a reelegirse. Los  109 puntos que en su primer mandato se comprometió a llevar a cabo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condensados en sus cinco locomotoras: Agro, infraestructura, minería e innovación, le quedaron bien grandes. Lo insulso de la actual campaña, más ocupada de las peleas entre Santos, Vargas Lleras y Uribe, no ha permitido un balance cuidadoso de esta presidencia, que presentó como uno de sus eslogan: el buen gobierno.

Bajo el título Modelo de desarrollo y conflictividad social, el Boletín Nº 17 del Observatorio de Derechos Humanos del IPC hizo una aproximación a...

Editorial por Carlos Hernán Montoya Suárez

Agencia de Prensa del IPC

El pasado domingo 6 de abril, se llevaron a cabo las elecciones atípicas de revocatoria de mandato del Alcalde del Municipio de Bello, Antioquia. El gran ganador de la contienda fue el abstencionismo, permitiendo que el actual alcalde, Carlos Muñoz, se mantenga en el cargo hasta el 2015.

Se necesitaban casi 40 mil votos para alcanzar el umbral, pero sólo votaron 12.459 personas, de las cuales 11.255 lo hicieron por el “SI”.

Esta iniciativa de revocatoria de mandato hace parte de las 44 que se han presentado desde la Constitución de 1991 en Colombia. Sin embargo, lo ocurrido en Bello deja puntos para la reflexión en torno al control político a los funcionarios públicos y al papel del Estado para garantizar la votación ciudadana.

 

Foto tomada de: galeríapolítica.com http://bit.ly/KBkyUv

Más que justa la restitución que hace el Consejo de Estado de los derechos políticos del ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, después de haberle impedido que los ejerciera, por ejemplo en las elecciones parlamentarias que acaban de pasar. En ese periodo se causó un daño irreparable, que hoy se logra revertir con el fallo del Consejo de Estado. 

Debieron pasar más de dos años para que se hiciera justicia con Alonso Salazar. El 29 de febrero de 2012 la Procuraduría afirmó que "el grado de culpabilidad con que actuó el doctor Salazar fue a título de dolo debido a sus declaraciones en el periódico El Colombiano del 7 de octubre de 2011 y con los trinos que escribió en el Twitter interfirió en el proceso electoral…” Por ello lo destituye (aunque ya no estaba en ejercicio) y lo inhabilita por 12 años. El dolo para la procuraduría consistía en que se denunciaba la posibilidad de que al gobierno llegaran actores políticos para cooptar el Estado local. En octubre de 2011, Salazar afirmaba lo siguiente: "La hipótesis mía es que ellos tienen tomados todos los aparatos sociales, tienen el 80 por ciento de las acciones comunales y han creado un conjunto de corporaciones para captar todo el presupuesto público"[1].

Hoy jueves 27 de Marzo, el alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo, informó a los medios de comunicación que “la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO… sí se construirá.” Explicó que actualmente a través de una Alianza Público Privada se está presentando una propuesta al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para su elaboración.

Editorial por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

En el caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, muchos creíamos que una medida de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería acatada por el Gobierno, puesto que así lo había prometido el presidente, Juan Manuel Santos, dentro y fuera del país. La sorpresa fue su abierto desacato, lo que invita a sopesar sus implicaciones.

Como era de esperarse, la justicia colombiano tomó la decisión de dar por terminado el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Salvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue nuevas medidas de protección que sí se hagan efectivas y no sean ignoradas por el Gobierno Nacional como ha ocurrido hasta ahora, la sanción impuesta por la Procuraduría seguirá siendo efectiva y los sectores de la elite bogotana, beneficiaria desde hace un buen rato del jugoso presupuesto distrital y herida en lo más profundo por quien develó sus prácticas corruptas, habrán logrado su objetivo, no sólo de impedir que gobernara si no de imponer una sanción por un hecho que, guardadas las proporciones, debería tener en iguales situaciones a no pocos funcionarios del Estado.

GRAVE RUPTURA DEL GOBIERNO COLOMBIANO CON EL SISTEMA INTERAMERICANO DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA ENTREGARLE BOGOTÁ A UNA ELITE RENTISTA Y CORRUPTA

 

Gustavo Petro no deja pasar el complot de la alianza público privada corrupta en contra de la “Bogotá Humana”

Esto no se lo perdona ni lo permite la elite que ha gobernado por 200 años este país, aliada en sus intereses con las elites de ultraderecha representadas por el hoy senador Álvaro Uribe Vélez y su gran aliado el procurador Ordóñez.  Esta decisión de ejecutar una sanción a todas luces ilegitima, encabezada en la parte administrativa por el procurador, pero promovida por todo el andamiaje mediático del poder  y aceptada por los partidos de la unidad nacional, a la que en la esencia de este Gobierno se une el “centro democrático” de Uribe, por encima de la solicitud de las medidas cautelares de CIDH, demuestra que no están dispuestos a que los “proyectos urbanos” del país dejen de ser gobernados por el negocio inmobiliario y el oscurantismo del procurador. William Vélez -zar de las basuras-, Alberto Ríos y todos los intereses económicos de la familia santos y de la familia Uribe Vélez, junto con todo el carrusel de la contratación, lograron que el Gobierno respaldara su estrategia y les diera de nuevo carta blanca para tomarse la ciudad como un campo de negocios y de poder económico y político, al que no le sirven ni la democracia ni los derechos humanos.