Agencia de Prensa IPC

Editorial por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

El anuncio de acuerdo sobre el tercer punto de la agenda de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, correspondiente al problema de las drogas ilícitas, llega en un momento crucial tanto en el contexto nacional como internacional. En el escenario nacional, dicho acuerdo está atravesado por un proceso electoral en el cual se dirime el futuro de los diálogos con la insurgencia y, en el internacional, por el pronunciamiento de apoyo al proceso de paz por parte 245 legisladores de Estados Unidos, Reino Unido, las dos Irlandas y otros políticos como José Mujica, presidente de Uruguay.

Foto: Nuevo Arcoiris

Editorial por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Los hechos de la última semana protagonizados por las campañas  del Centro Democrático y la Unidad Nacional reeleccionista, plagado de mutuas acusaciones, colocan al actual  proceso electoral como uno de  los más descompuestos y pantanosos de la época reciente.

La mal llamada democracia colombiana, como la más antigua del continente, es paradigmática en la larga historia de un discurso disociado entre lo que se dice y lo que al final se hace, entre la formalidad de los programas políticos que siempre se ocupan de los mismos problemas y entre las realidades sociales en un permanente estado de agravamiento. El resultado final es elocuente: una profunda desconfianza por los políticos y por la política y una democracia representativa en el fondo ilegítima, dadas las altas tasas de abstencionismo.

 

 

 “Some are born stupid, other achieve stupidity and others have stupidity thrust upon them” Paul Tabori

This Easter, the news that, once again, Urabeños and the so-called Office were looking into establishing a process of negotiation, and that local and national governments had reiterated their already well-known opposition to this possibility, passed by unnoticed as Columbia and the world mourned the death of Gabriel García Márquez.

Artículo de opinión por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Como se ha expresado en varias oportunidades, el actual proceso electoral cursa en una coyuntura particularmente importante pues, en algún grado, en dicho proceso se está jugando la continuidad de una negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, que tiene como propósito remover uno de los factores más relevantes del conflicto armado que vive la sociedad colombiana. Sin embargo se precisa admitir que la sociedad a estas alturas parece no ser consciente de esta importancia y hasta los mismos candidatos, a falta de propuestas de fondo, se han dedicado a  sacarse más los trapitos al sol que a mover a los votantes con respecto a su visión de sociedad y país.

 

Editorial por María Soledad Betancur Betancur

 

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Valiente fue la actitud Sandra Gutiérrez, propietaria de uno de los 377 apartamentos desalojados el 26 de abril en la unidad residencial Colores de Calasania. Ella decidió sentar su protesta desde el momento en que se ordenó el desalojo, Hoy está acompañada por unos pocos vecinos que hacen una solicitud simple: tener una reunión con los representantes de la constructora CDO, con la Alcaldía de Medellín y con algunos gremios de la ciudad.

Conflicto y formas expresivas de la violencia en contextos situados: aproximación a cuatro territorios de Antioquia, es el título de la edición número 35...

Editorial por: José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Ocuparse de los efectos, más no de las causas de los problemas, entraña la manera como procede la real política o la pragmática de la política. No es algo que atañe exclusivamente  a nuestros gobernantes, tan dados a maquillar la realidad. Es  la forma como se obvia lo de fondo, lo causal y lo estructural para mostrarle a la sociedad acciones marginales buscando tranquilizarla. Al final de los mandatos, que siempre parecen cortos para lo que se proponen, se publicitan balances que parecen más bien listas de mercado, pero que poco han arañado las causas de los problemas. No es casual que los programas de gobierno en épocas electorales se ocupen siempre de lo mismo.

Recientemente el país ha vivido momentos elocuentes al respecto, en cabeza de quien aspira a reelegirse. Los  109 puntos que en su primer mandato se comprometió a llevar a cabo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condensados en sus cinco locomotoras: Agro, infraestructura, minería e innovación, le quedaron bien grandes. Lo insulso de la actual campaña, más ocupada de las peleas entre Santos, Vargas Lleras y Uribe, no ha permitido un balance cuidadoso de esta presidencia, que presentó como uno de sus eslogan: el buen gobierno.

Bajo el título Modelo de desarrollo y conflictividad social, el Boletín Nº 17 del Observatorio de Derechos Humanos del IPC hizo una aproximación a...

Editorial por Carlos Hernán Montoya Suárez

Agencia de Prensa del IPC

El pasado domingo 6 de abril, se llevaron a cabo las elecciones atípicas de revocatoria de mandato del Alcalde del Municipio de Bello, Antioquia. El gran ganador de la contienda fue el abstencionismo, permitiendo que el actual alcalde, Carlos Muñoz, se mantenga en el cargo hasta el 2015.

Se necesitaban casi 40 mil votos para alcanzar el umbral, pero sólo votaron 12.459 personas, de las cuales 11.255 lo hicieron por el “SI”.

Esta iniciativa de revocatoria de mandato hace parte de las 44 que se han presentado desde la Constitución de 1991 en Colombia. Sin embargo, lo ocurrido en Bello deja puntos para la reflexión en torno al control político a los funcionarios públicos y al papel del Estado para garantizar la votación ciudadana.

 

Foto tomada de: galeríapolítica.com http://bit.ly/KBkyUv

Más que justa la restitución que hace el Consejo de Estado de los derechos políticos del ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, después de haberle impedido que los ejerciera, por ejemplo en las elecciones parlamentarias que acaban de pasar. En ese periodo se causó un daño irreparable, que hoy se logra revertir con el fallo del Consejo de Estado. 

Debieron pasar más de dos años para que se hiciera justicia con Alonso Salazar. El 29 de febrero de 2012 la Procuraduría afirmó que "el grado de culpabilidad con que actuó el doctor Salazar fue a título de dolo debido a sus declaraciones en el periódico El Colombiano del 7 de octubre de 2011 y con los trinos que escribió en el Twitter interfirió en el proceso electoral…” Por ello lo destituye (aunque ya no estaba en ejercicio) y lo inhabilita por 12 años. El dolo para la procuraduría consistía en que se denunciaba la posibilidad de que al gobierno llegaran actores políticos para cooptar el Estado local. En octubre de 2011, Salazar afirmaba lo siguiente: "La hipótesis mía es que ellos tienen tomados todos los aparatos sociales, tienen el 80 por ciento de las acciones comunales y han creado un conjunto de corporaciones para captar todo el presupuesto público"[1].