Agencia de Prensa IPC

Hoy jueves 27 de Marzo, el alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo, informó a los medios de comunicación que “la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO… sí se construirá.” Explicó que actualmente a través de una Alianza Público Privada se está presentando una propuesta al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para su elaboración.

Editorial por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

En el caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, muchos creíamos que una medida de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería acatada por el Gobierno, puesto que así lo había prometido el presidente, Juan Manuel Santos, dentro y fuera del país. La sorpresa fue su abierto desacato, lo que invita a sopesar sus implicaciones.

Como era de esperarse, la justicia colombiano tomó la decisión de dar por terminado el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Salvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue nuevas medidas de protección que sí se hagan efectivas y no sean ignoradas por el Gobierno Nacional como ha ocurrido hasta ahora, la sanción impuesta por la Procuraduría seguirá siendo efectiva y los sectores de la elite bogotana, beneficiaria desde hace un buen rato del jugoso presupuesto distrital y herida en lo más profundo por quien develó sus prácticas corruptas, habrán logrado su objetivo, no sólo de impedir que gobernara si no de imponer una sanción por un hecho que, guardadas las proporciones, debería tener en iguales situaciones a no pocos funcionarios del Estado.

GRAVE RUPTURA DEL GOBIERNO COLOMBIANO CON EL SISTEMA INTERAMERICANO DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA ENTREGARLE BOGOTÁ A UNA ELITE RENTISTA Y CORRUPTA

 

Gustavo Petro no deja pasar el complot de la alianza público privada corrupta en contra de la “Bogotá Humana”

Esto no se lo perdona ni lo permite la elite que ha gobernado por 200 años este país, aliada en sus intereses con las elites de ultraderecha representadas por el hoy senador Álvaro Uribe Vélez y su gran aliado el procurador Ordóñez.  Esta decisión de ejecutar una sanción a todas luces ilegitima, encabezada en la parte administrativa por el procurador, pero promovida por todo el andamiaje mediático del poder  y aceptada por los partidos de la unidad nacional, a la que en la esencia de este Gobierno se une el “centro democrático” de Uribe, por encima de la solicitud de las medidas cautelares de CIDH, demuestra que no están dispuestos a que los “proyectos urbanos” del país dejen de ser gobernados por el negocio inmobiliario y el oscurantismo del procurador. William Vélez -zar de las basuras-, Alberto Ríos y todos los intereses económicos de la familia santos y de la familia Uribe Vélez, junto con todo el carrusel de la contratación, lograron que el Gobierno respaldara su estrategia y les diera de nuevo carta blanca para tomarse la ciudad como un campo de negocios y de poder económico y político, al que no le sirven ni la democracia ni los derechos humanos.

Editorial por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Las elecciones parlamentarias, realizadas el fin de semana anterior, revestían una singular importancia por cuanto medían y reflejaban, de alguna manera, el estado de ánimo de la sociedad frente a la posibilidad de conseguir la paz a través de una negociación con una organización armada como las FARC, habida cuenta del papel protagónico que, al respecto, tendrían el Congreso y el ejecutivo electos, en todo el proceso de  validación y concreción  de los acuerdos. Dicha importancia se hacía mayor por la vinculación al escenario político de una fuerza partidaria que se ha identificado por su oposición radical al proceso de negociación, sumado esto al escepticismo presente en la sociedad en general.

Ver informe de derechos humanos de la Personería 2013

Editorial por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Así subtitula la Personería de Medellín el capítulo sobre las “Amenazas contra la vida y la Seguridad Personal”, en su informe de derechos humanos de 2013, presentado el pasado 27 de febrero. En ello se condensa la situación  que, en materia de derechos humanos, vive la ciudad.

Fue una permanente demanda de las organizaciones de derechos humanos que la ciudad, en su institucionalidad, contara con políticas públicas, en materia de seguimiento a la situación de derechos humanos, que facilitaran su visibilización y se constituyeran en el punto de partida para la implementación de acciones concretas del Estado local, que le permitieran  a la ciudad avanzar en esta materia. La creación de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos-UPDH, adscrita a la Personería, fue un paso concreto en la materialización de esta demanda y, sus informes anuales, un esfuerzo investigativo de gran valor, no siempre objeto de buen recibo por parte  los gobernantes.

Por María Soledad Betancur Betancur

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Extracto del Boletín Observatorio Nº 17 (próximo a publicarse)

En un momento en que el sistema capitalista a nivel global vive un proceso de profunda crisis y reestructuración que ha ido recorriendo varios territorios a escala global, la llamada por Harvey “acumulación por desposesión” es cada vez más aguda. Entre fines de la década de los 80 y principios de los 90, las privatizaciones se constituyeron en el mejor camino para apropiarse de bienes públicos en poder del Estado. Las regulaciones financieras, como la creación de inversores institucionales, crearon desde el Estado la institucionalidad requerida por el gran capital para organizar con base en grandes operaciones especulativas su estrategia de expansión con base en los ahorros de los trabajadores controlados por ellos desde los fondos de pensiones y de cesantías.

Editorial por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

No es ninguna novedad que las elecciones presidenciales en Colombia hayan estado atravesadas por el tema del conflicto armado y por lo tanto por la urgencia de la paz. Desde Belisario Betancur, cuando el país se llenó de palomas blancas y apareció en el imaginario colectivo la posibilidad de dar por terminado un conflicto armado mediante la negociación política,- que en ese entonces ya llevaba un poco más de treinta años-, la elecciones que le siguieron siempre tuvieron como uno de los temas centrales el anuncio de  políticas tendientes a resolverlo bien desde la guerra o bien desde la negociación. Esto dio lugar al calificativo para las FARC de comportarse como el  mejor elector.

Editorial por José Girón Sierra

Analista de paz del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

La confluencia de un proceso de negociación en el cual se dirime de manera negociada el conflicto entre el Estado Colombiano y la organización insurgente FARC y unas elecciones en las cuales se eligen parlamento y Presidente de la República, los cuales deberán ocuparse de una importante tarea en el postconflicto en cualquier sociedad sometida a un conflicto armado de larga duración, debería mover las mejores pasiones y las mejores intencionalidades, toda vez que están puestos los componentes, bastante escasos por cierto, que darían lugar a una coyuntura particularmente especial. La especialidad no es otra que la gran oportunidad de remover uno de los conflictos que más ha afectado la vida y el desarrollo  de los colombianos(as) y la posibilidad de colocar la lucha por el poder no en el campo de las armas sino en la confrontación civilista que desbrozaría el camino hacia una democracia más robusta.

Hemos titulado a este número; “Movimientos sociales y desafíos para la Educación Popular: una mirada desde el CEAAL”. En lo cual queremos reflejar la...