Agencia de Prensa IPC
¿Hasta dónde pueden llegar las avanzadas de una oposición?
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
La historia así nos lo enseña: parte de la longevidad del conflicto entre el Estado colombiano y la insurgencia, se debe a que es dentro de la elite en el poder y de la institucionalidad donde se encuentran los amigos de la guerra y por lo tanto los enemigos de una solución política. Las evidencias no son pocas en cuanto a lo funcional que ha sido la guerra a intereses bastante claros, la práctica bastante eficaz del despojo violento de la tierra y los fracasos en los intentos legales por llevar acabo una reforma agraria, son un ejemplo paradigmático de lo que se quiere decir. A manera de avanzadas estos enemigos tienen expresiones concretas.
América latina sufre una epidemia de violencia
Por María Soledad Betancur Betancur
Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), acaba de publicar su informe regional de desarrollo Humano, dedicado en esta ocasión al tema de la seguridad Ciudadana y titulado “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”[1].
Este informe considera que el flanco débil hoy en América Latina es la violencia, el crimen y la inseguridad. Se afirma que “En la última década la región ha sufrido una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos”. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) un indicador que supere los 10 homicidios por cada cien mil habitantes es considerado como epidemia, y de los 18 países analizados 11 superan este indicador, entre este grupo esta Colombia. Más grave aún es que el peso mayor de la pérdida de la vida lo sufren los jóvenes, se afirma que el indicador para los jóvenes es de “alrededor de 70 por cada 100.000 jóvenes” que son víctimas de homicidios.
Trascendental, se dio un segundo paso en La Habana
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
El Gobierno y la insurgencia acaban de dar a conocer los resultados sobre las discusiones que se adelantaban con respecto al segundo punto de la agenda, esto es, la de la participación política. Los pronunciamientos hechos por las partes negociadoras, en los cuales cada parte hace sus respectivas valoraciones del acuerdo al cual se ha llegado, ponen en evidencia que a contrapelo de los sectores como el “Uribe Centro Democrático”, obstinados en una oposición llevada hasta el absurdo y el 50% de una sociedad que dice caminar en la misma dirección, este proceso da un paso trascendental en una perspectiva de no retorno, esto es un mensaje que aporta, de manera significativa, en la promoción del indispensable ambiente de confianza y despeja buena parte de las dudas.
Informe final del estudio sobre violencia urbana y escuela
La tragedia en el edificio Space: una alerta para la ruta...
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Foto: Twitter @AlcaldiadeMed
Editorial por María Soledad Betancur Betancur
Coordinadora del Observatorio de derechos Humanos del IPC
En la noche del sábado 12 de octubre colapsó en Medellín la torre 6 del complejo habitacional Space, entregada hace apenas un año por la constructora CDO, de la cual es propietario Álvaro Villegas Moreno. Bajo de los escombros quedaron atrapadas 11 personas, en su mayoría trabajadores de la constructora, a la que afortunadamente no se le tomó en cuenta el “comercial” optimismo de que era un asunto puntual , el cual no revestía la gravedad que algunos le querían dar. Si se hubiera actuado con su irresponsable criterio la tragedia en vidas humanas habría sido de grandes proporciones.
Continuar, suspender, terminar: he ahí el dilema
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Continuar, suspender y terminar, parecen ser los tres verbos más conjugados por amigos y por contradictores del proceso de negociación adelantado en La Habana, Cuba, entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Esto es consecuencia de los afanes del Gobierno que de manera indebida ha presionado el proceso, que marcha bajo las angustias de un Presidente agobiado por su mala imagen y que, no obstante, aspira ser reelecto. También es resultado de una insurgencia que a un año de abiertas las negociaciones aún carece de certezas, entre otras cosas, porque no ha logrado llegar a un principio de realidad entre su programa político, con el cual quería hacer la revolución, y los acotamientos que hoy impone el contexto político y de correlación de fuerzas en el cual se desenvuelve la guerra.
La campaña política en camino, es sin duda una de las causas de los afanes del Gobierno, sobre todo cuando emerge una fuerza política como el Uribe Centro Democrático cuyo componente más relevante, en su programa político, no es otro que abortar el actual proceso de negociación. En la sociedad colombiana en general, se mantiene una importante dosis de pesimismo y de desconfianza frente a este mismo proceso, lo cual, en no poco grado, colocaría a esta fuerza de ultraderecha con unas condiciones privilegiadas desde el punto de vista electoral.
Medellín la más desigual: entonces ¿quién concentra la riqueza?
Editorial por: María Soledad Betancur Betancur
Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Según revela un informe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), pese a que en los últimos 10 años América Latina ha conseguido revertir el crecimiento de la desigualdad, Colombia y Medellín no han logrado ser ejemplos a mostrar en la configuración de esta tendencia. Según los datos del informe, hasta ahora revelados en diferentes medios de comunicación, la brecha entre ricos y pobres se ha profundizado.
En este informe, Medellín, como símbolo de la inequidad, pasó de una brecha de 21 puntos, en 1991, a 56 puntos en 2010. Esto quiere decir, que si en 1991 un habitante pobre ganaba $1, un rico ganaba 21 veces más que él. En 2010 esa brecha fue de 1 a 56, ampliándose en 35 puntos.
Un referente para mirar la gravedad del caso de Medellín, es el de Bogotá, que aparece como quinta en el reporte en términos de desigualdad. En la capital del país, esa brecha en 1991 era de 28 puntos y en 2010 aumentó a 35; siete puntos de aumento a diferencia de los 35 que aumentó en Medellín.
Pasiones que matan
Editorial por José Girón Sierra
Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Hechos violentos que han culminado con muertes que no deberían haber ocurrido, han colocado al fútbol en el primer plano de la opinión pública. No se trata por supuesto de una situación nueva, pues es larga la lista de medidas que en distintos momentos se han implementado.
Al respecto se pueden señalar: la prohibición de entrar a los partidos con las camisetas distintivas de los equipos; los partidos a puerta cerrada; la solicitud reiterada de judicializar a los “desadaptados”; la instalación de cámaras en los estadios, para identificar a los violentos; la propuesta y desarrollo de pactos de convivencia entre las barras; y las sanciones a los equipos de fútbol con el cierre de estadios y la imposición de importantes sanciones económicas.
Un juez con cojones
Editorial por José Girón Sierra
Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Siempre llamó la atención, cuando se desató el escándalo de la parapolítica, que mientras los procesos avanzaban en la casi la totalidad de los departamentos, Antioquia, cuna del paramilitarismo, apareciera de manera marginal en el comprometimiento de políticos y empresarios en la promoción, auspicio y apoyo, a las organizaciones criminales mal llamadas de “autodefensa”. Dos hechos han cambiado de manera sustancial este panorama.
Para política y para empresariado en Antioquia: se activan los procesos...
Editorial por María Soledad Betancur Betancur
Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
En las dos últimas semanas en Antioquia se activa el tema de la responsabilidad de empresarios, políticos y gobernantes en la financiación de estructuras paramilitares. La orden de investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la detención de su copartidario político, ex gobernador de Antioquia (2008-2011) y precandidato a la presidencia, Luis Alfredo Ramos Botero, y la solicitud de investigar a la comercializadora de banano Banadex S.A, son tres procesos claves para el avance de la verdad, la justicia y la reparación en el departamento.